Pero quizás la ausencia fundamental es que no se dice nada sobre el periodo de jubilación. Se habla del periodo de acumulación, en el cual el sistema Afap captura rentas sin ningún riesgo. Pero nada se dice del periodo de jubilación, que puede llegar a ser tan largo como el primero. Y que sin dudas por tener un horizonte más extendido en el tiempo alberga mucha más incertidumbre. Quizás por ello es que el único que ofrece eso es el Banco de Seguros del Estado. De ese Estado que tanto se denosta pero que aún es fundamental para garantizar las jubilaciones privadas. Y que para mantenerlo a flote el propio MEF tiene que emitirle periódicamente activos indexados a la UP (Unidad Previsional, que indexando a los salarios es un gatopardismo que no es otra cosa que la UR del siglo XXI). Al punto que una licitación declarada desierta de estos instrumentos causó preocupación en los últimos días. Probablemente sean pocos los que tienen presente que casi 20 % de la deuda bruta del Gobierno central está indexada a la UP. Todo para sostener el sistema de jubilaciones privadas con el apoyo de todos los uruguayos. Realidades incómodas.
Una de cal y otras de arena
Es justo reconocer que los anuncios contienen avances importantes. La posibilidad de acceder a una jubilación anticipada a los 60 años con 30 años de aportes constituye una respuesta a problemas reales de empleabilidad y desgaste laboral. También son positivas las mejoras previstas en la gestión del sistema, la creación de una ventanilla única, la reducción de costos para los afiliados y el fortalecimiento de la competencia entre administradoras.
Sin embargo, la discusión no se limita al contenido de las medidas. El punto central es otro: la fortaleza de un proceso de diálogo depende de que los acuerdos alcanzados sean respetados. Si las conclusiones de un ámbito de negociación pueden modificarse posteriormente mediante decisiones unilaterales, inevitablemente se debilita la confianza en ese mecanismo como herramienta para construir políticas públicas duraderas.
De hecho, el lunes posterior a los anuncios, el equipo económico compareció ante la Mesa Política del Frente Amplio para presentar las medidas. En ese momento no parecía evidente el alcance de las diferencias respecto de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social. Sin embargo, a medida que dirigentes políticos, organizaciones sociales y el movimiento sindical fueron analizando en detalle las propuestas difundidas, el malestar comenzó a crecer. Y ese malestar no solo es comprensible: es legítimo. Porque cuando existe un proceso de negociación de estas características, el debate debe permanecer abierto y es natural que se exijan explicaciones cuando algunos compromisos centrales no aparecen reflejados en las decisiones finalmente adoptadas.
En ese sentido, las críticas formuladas por el PIT-CNT no se agotan en la discusión sobre las AFAPs. La central sindical sostiene que no se incorporó íntegramente uno de los acuerdos centrales del Diálogo Social y advierte que ello afecta la credibilidad del proceso, además de postergar cambios que considera necesarios para avanzar hacia un sistema previsional más solidario. Entre sus principales planteos figuran la creación de un administrador público del ahorro individual, una mayor regulación de las AFAPs y la implementación del conjunto de medidas acordadas durante el proceso de diálogo.
El comunicado emitido por el PIT-CNT deja en claro que el cuestionamiento trasciende la discusión sobre las AFAPs y se centra, ante todo, en el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social. La central sindical sostiene que el Poder Ejecutivo tiene la obligación política de respetar íntegramente los compromisos asumidos y advierte que modificar posteriormente aspectos sustanciales deteriora la credibilidad de un proceso que demandó meses de negociación, voluntad política y concesiones de todas las partes. En particular, expresa su preocupación por la exclusión de la propuesta de crear un organismo público que administrara de forma centralizada el ahorro previsional, entendiendo que ello implica mantener un esquema que continúa favoreciendo al sistema financiero y posterga una regulación más profunda de las AFAPs. Asimismo, cuestiona el régimen de comisiones y los riesgos asociados a determinadas inversiones, reclama la implementación del resto de las medidas acordadas como la ampliación de las partidas para la infancia, la jubilación a los 60 años, el fortalecimiento del suplemento solidario, la cobertura por desempleo para trabajadores unipersonales y la discusión de nuevas fuentes de financiamiento de la seguridad social, y advierte que las modificaciones introducidas terminan beneficiando al capital financiero antes que a los trabajadores. Finalmente, el PIT-CNT reafirma su compromiso con un sistema previsional universal, solidario, intergeneracional y sin fines de lucro, considerando que el respeto a los acuerdos alcanzados constituye una condición indispensable para preservar la legitimidad del Diálogo Social y avanzar en una reforma que fortalezca los derechos de la ciudadanía.
Aquí conviene hacer una reflexión política más profunda. La izquierda uruguaya nunca conquistó la confianza de la ciudadanía prometiendo administrar mejor el mismo modelo, sino impulsando transformaciones que ampliaran derechos y fortalecieran el papel del Estado allí donde el mercado había demostrado sus límites. Los quince años de gobiernos frenteamplistas, con aciertos y errores, dejaron avances indiscutibles en materia de derechos, protección social y desarrollo humano precisamente porque existió la decisión política de avanzar, aun en contextos complejos y con fuertes restricciones.
Los acuerdos están para cumplirse
Por eso el mensaje al Poder Ejecutivo, y particularmente al ministro Gabriel Oddone, debería ser claro: los acuerdos están para cumplirse. Gobernar supone administrar restricciones, escuchar distintas visiones y dialogar con todos los actores. Pero también supone respetar la palabra empeñada y los compromisos construidos colectivamente. De lo contrario, el costo no es solamente una diferencia técnica sobre el diseño del sistema previsional; el costo es la pérdida de confianza en el propio mecanismo de diálogo que el Gobierno promovió.
Tampoco parece razonable pretender satisfacer a quienes, desde el inicio, se opusieron a cualquier transformación del régimen de ahorro individual. La experiencia demuestra que, por más moderadas que sean las reformas impulsadas por un gobierno de izquierda, siempre existirán sectores políticos, corporativos e ideológicos que las cuestionarán. Pretender obtener el reconocimiento de quienes defienden el statu quo difícilmente sea una estrategia exitosa.
La función de un equipo económico de un gobierno progresista no es elaborar las respuestas que esperan los intereses vinculados al negocio previsional. Para esa tarea ya existen las cámaras empresariales, los centros de estudios que defienden esa visión, los representantes del sistema financiero y los partidos de oposición. Un gobierno de izquierda tiene la responsabilidad de equilibrar sostenibilidad económica con ampliación de derechos, fortalecimiento de la protección social y cumplimiento de los compromisos políticos asumidos con la ciudadanía.
Las reformas previsionales exigen estabilidad, credibilidad y acuerdos amplios. Justamente por eso, el principal activo del Diálogo Social no fue únicamente el contenido de sus recomendaciones, sino la legitimidad que otorgó el proceso colectivo mediante el cual fueron construidas. Preservar esa legitimidad es una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y para que futuros procesos de diálogo continúen siendo una herramienta efectiva de construcción democrática.
En definitiva, la discusión trasciende el futuro de las AFAPs o las características del pilar de ahorro individual. Lo que está en juego es el valor de la palabra empeñada en un proceso de diálogo convocado por el propio Gobierno. Porque los acuerdos, especialmente cuando son fruto de la negociación y el compromiso colectivo, no pueden convertirse en una referencia opcional. Son la base de la confianza democrática. Y en política, como enseñaba José D'Elía, los acuerdos están para cumplirse.
Este episodio abre, además, un debate político de mayor alcance sobre el rumbo de la política económica y el papel que debe desempeñar el Ministerio de Economía dentro de un gobierno progresista. La responsabilidad del equipo económico no puede limitarse a garantizar equilibrios fiscales o transmitir señales de tranquilidad a los mercados; también debe contribuir a hacer viables las transformaciones comprometidas por el proyecto político que la ciudadanía eligió. Cuando las prioridades económicas terminan condicionando o desdibujando acuerdos construidos democráticamente, surge una tensión que merece ser discutida con transparencia. La sostenibilidad fiscal es una condición necesaria, pero no puede convertirse en un argumento para resignar avances en derechos ni para postergar reformas que fortalecen el interés general. Los gobiernos de izquierda son, precisamente, las oportunidades históricas para impulsar cambios que amplíen la protección social, regulen aquellos ámbitos donde predominan intereses económicos concentrados y honren los compromisos asumidos con la sociedad. La discusión trasciende el futuro de las AFAPs, interpela cuál es el proyecto de desarrollo que se quiere construir y cuál debe ser el verdadero papel de la política económica dentro de un gobierno que se propone transformar la realidad y no simplemente administrarla. Muestra evidencia del descontento que tiene la izquierda con un gobierno que no muestra rumbo de izquierda.
