Fabián Martínez: El articulador y nexo de confianza
Como director general de secretaría del Ministerio de Defensa y mano derecha de García, el abogado Fabián Martínez operó en la letra chica de la negociación. Martínez fue el interlocutor directo de la cartera ante la garantía de cumplimiento presentada por EuroCommerce, la cual ha sido denunciada por el actual Gobierno como falsa. Su relevancia trasciende lo administrativo, ya que funcionó como el eslabón de una red de contactos personales y políticos. A través de vínculos comunes con figuras del Partido Nacional, como el diputado Álvaro Dastugue, Martínez facilitó la conexión entre los jerarcas de Defensa y el comisionista Gerardo “Bocha” Moreira, intermediario clave de Cardama.
Jorge Wilson: El aval técnico sobre la advertencia de sus expertos
En el ámbito militar, el contraalmirante Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada Nacional, proporcionó el alivio institucional necesario para que el negocio prosperara. Wilson utilizó la compra de las OPV para lavar la imagen de una Armada golpeada por sucesivas denuncias de corrupción. Sin embargo, su gestión quedó marcada por la decisión de ignorar los informes técnicos de sus propios subordinados, quienes desaconsejaban formalmente el contrato con el astillero español. En lugar de seguir las recomendaciones técnicas o aceptar ofertas de astilleros reconocidos de Brasil y Colombia, Wilson expuso la estructura de mando para forzar un aval que carecía de sustento profesional.
Rivera Elgue: El enlace para la tregua en la coalición
Finalmente, el exsubsecretario Rivera Elgue fue la figura que garantizó la paz política entre los socios de la coalición de gobierno. Representando a Cabildo Abierto, Elgue permitió que la compra de las patrullas funcionara como una "bandera blanca" en medio de las constantes tensiones con el sector blanco (Lista 40). Fue él quien recibió inicialmente a Gerardo Moreira, el excapitán de fragata y comisionista de Cardama, facilitando el ingreso del gestor privado a los despachos oficiales. Esta "tregua" permitió que ambos sectores avanzaran en un “proyecto común” que, según diversas lecturas políticas, tenía como trasfondo estratégico el financiamiento de sus respectivas campañas electorales.
