En el año 2009 el diputado Roque Arregui (FA), también de Soriano y entonces presidente de la Cámara Baja, le autorizó el acceso a todos los archivos de Diputados.
Rostán se define como un “hurgador de archivos”, tarea que comenzó en 1985 cuando Luisa Cuesta, madre del desaparecido Nebio Melo, le pidió a su vecino de Soriano que la ayudara a ubicar a su hijo. Desde entonces ha encontrado y revisado muchísima documentación que entregó en la Justicia, en Fiscalía, a los parlamentarios, a Familiares de Detenidos Desaparecidos y a Crysol. También a medios y periodistas que los requirieran, así accedió Caras y Caretas.
Si algo le sobra a Rostán es paciencia y convicción.
¿Qué hay en esos archivos?
Hace pocas semanas se difundió que el Parlamento había ubicado 12 grandes cajas conteniendo documentos de la época de la dictadura. Como no se conoce aún el contenido, Rostán no sabe si son parte de los documentos que él encontró hace 20 años o son otros.
“Nosotros queremos contribuir de la mejor forma a difundir estos documentos y agilizar el acceso a otros investigadores y a los miles de ciudadanos que están registrados allí”, dijo Rostán. Agregó que “el Parlamento ha votado importantes leyes de acceso a la información y a los archivos, pero no las ha reglamentado ni ha tomado medidas para que sus archivos estén en condiciones de cumplirlas. Esa es una tarea pendiente y te pongo algunos ejemplos para ilustrar esa necesidad. Un legislador pidió información sobre un compañero asesinado y de ‘Información Legislativa’ le responden que no hay ningún dato de esa persona. Pero nosotros encontramos un expediente sobre esa persona con la partida de defunción firmada por el médico militar y el ministro del Interior de la época.
Al no existir un inventario general ni patronímico, los funcionarios contestan que no hay nada porque tendrían que revisar documento por documento para saberlo. Los documentos del Consejo de Estado están en perfectas condiciones y en carpetas con un inventario en las tapas, pero no hay un inventario computarizado ni índice general.
Yo fui tomando fotos digitales de lo que consideraba más importante de las violaciones a los derechos humanos, pero esto no se puede considerar un trabajo completo en esa materia y seguramente se nos pasen muchas cosas por alto. Porque falta mucho por leer y cruzar información para entender”.
Rostán sostiene que “es muy importante no crear falsas expectativas en los familiares de desaparecidos. Sobre el tema asesinados y desaparecidos hay muchos informes de respuesta del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Los datos son indicios del modus operandi del Estado en su función sustitutiva del Escuadrón de la Muerte”.
Explica que, “por ejemplo, encontramos un comunicado firmado por Bordaberry y el ministro de Defensa donde se informa de la liberación de un compañero. Está fechado una semana después de haber sido asesinado en un cuartel. Si analizamos los casos de compañeros desaparecidos vemos cuál fue la forma más común de desmentir los hechos: alrededor de una semana después sacaban un comunicado oficial requiriendo su captura o informando de su fuga o traslado a otro país.
En estos archivos hay miles de nombres de ciudadanos detenidos y liberados por Medidas Prontas de Seguridad. Hay destituciones y prohibiciones del tipo que pidas. No se salvan instituciones políticas, religiosas, deportivas, gremiales o culturales. Hay intervenciones que desnudan la ideología de la dictadura cívico militar y cómo apelan a la delación para destituir funcionarios y sustituirlos por adictos al régimen”.
Llenaron el Parlamento de funcionarios adictos a la dictadura
Las destituciones de funcionarios, que los golpistas consideraban enemigos, comenzó apenas instalada la dictadura. Pero hasta entonces requerían la venía del Consejo de Estado, que había sido nombrado para ocupar el papel del Parlamento. Desde 1977 en adelante destituyeron a la mayoría aplicando el Acto Institucional número 7. Algo más de 500 funcionarios, de un total de 600 que entonces dependían de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo.
La mayoría absoluta eran votantes o adherentes tanto al Partido Colorado como al Partido Nacional A todos los sustituyeron por familiares, amigos, esposas y amantes de militares. De esa tarea se ocupaba el Esmaco, pero bajo supervisión de Inteligencia Militar. El nexo entre el SID (Servicio de Información de Defensa) y el Consejo de Estado era Jorge “Pajarito” Silveira. Según logró precisar Rostán, “mandaba más que todos los coroneles y generales que tenía arriba”.
Los funcionarios nombrados, todos afines a la dictadura, permanecieron hasta muchos años después de recuperada la democracia. Ellos se encargaron de entorpecer cualquier investigación sobre violaciones a los derechos humanos que intentara el Parlamento o algún legislador. El caso más sonado fue el de la Comisión Investigadora sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, creada en 1985 y que se interrumpió en 1987. Esa comisión funcionaba bajo estricto secreto. Sus actas revelaban detalles cruciales que años después fueron clave para enviar a la cárcel al coronel Pedro “El Burro” Mato. Allí aparecía el nombre de la enfermera Haydeé Trías, que mantenía una relación afectiva con Mato y a quien éste confesó ser el asesino de Michelini, de Rosario Barredo y de William Whitelaw.
Pero esas actas fueron filtradas al periodista Daniel Herrera Lussich, quien escribía en el diario El País bajo el seudónimo “El Duende de la Trastienda”. La publicación de esos documentos aparejó el final de la investigación, porque varios testigos, incluída la enfermera Trías, se negaron a declarar. Una amiga de ella, que había proporcionado la información al Parlamento, fue reiteradamente amenazada y otra testigo fue golpeada en plena calle. Con la información disponible hoy queda claro que quien entregó los documentos a Herrera Lussich fue un funcionario del Parlamento. Esos mismos funcionarios fueron los que informaban a los militares sobre cada acción parlamentaria que pudiera perjudicarlos. Y lo hicieron durante años ya en democracia.
Al final de la dictadura esos funcionarios fueron ascendidos 2 grados y ocuparon durante muchos años puestos jerárquicos. Algunos figuraban como redistribuidos de AFE pero hay notas reclamando reconocimiento de antigüedad de sus años en el Ejército. Para todas las destituciones contaron con el aval del jefe de la Dirección Jurídica del Parlamento, el abogado Andrés Mieres Muró. Un hombre que en los años 60 gozaba de prestigio jurídico por sus trabajos en el área penal.
Sin embargo, desde su cargo parlamentario no solo dió argumentos justificativos de todas las destituciones, sino que, según dijo Rostán, “se comportó peor que los milicos del Esmaco”. Un perro faldero de la dictadura. En un escrito de 7 páginas encontrado por Rostán, Mieres instruye a los miembros del Consejo de Estado sobre los motivos, la aplicación y el alcance de las destituciones establecidas en el Acto Institucional número 7.
¿Qué otros documentos hay allí?
En un informe dirigido al presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República, fechado el 18 de diciembre del 2006, Rostán informa sobre lo que halló en el depósito de la calle Lenguas.
“Hay tres tipos de documentación:
1) Fichas de la Comisión Interventora del Palacio Legislativo desde 1973 a 1985.
Las fichas fueron ordenadas por año a los efectos de facilitar consultas posteriores de mayor profundidad. Adicionalmente, se seleccionaron fichas vinculadas con los siguientes temas:
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Acto Nro. 7, Dictamen de la Sala de Abogados del Palacio Legislativo y su aplicación en el mismo.
Documentos que mencionan al capitán Jorge Silveira (actualmente detenido en Cárcel Central).
Funcionarios del Palacio Legislativo con actuación anterior o simultánea en organismos militares.
Correspondencia de jefes militares (Cordero, Ballestrino, Cristi, etc.).
Expedientes que hacen referencia a diferentes microfilmaciones realizadas para el Palacio Legislativo y el Ministerio de Defensa.
Legajo de acuñación de monedas de oro.
Actas del Consejo de Estado y de varias de sus comisiones.
Se destaca un acta de la ‘Comisión de Respeto de los Derechos Humanos’ del Consejo de Estado. En ella, la secretaria de la comisión informa que ‘como nunca se reunió la Comisión procede a reseñar una serie de denuncias y a labrarlas’. Existen denuncias sobre violación de los derechos humanos y fichas de presos políticos.
En la parte histórica se destaca la existencia de documentos manuscritos de las actas de la primera Asamblea Constituyente y de varios documentos anteriores a 1850”.
Otra cara del terror
Los más jóvenes probablemente sólo sepan que la dictadura desapareció, mató y torturó a miles de personas. Pero seguramente desconocen que tuvo otras formas de destruir vidas. Por ejemplo, con las destituciones que afectaron a decenas de miles de uruguayos solo por un chivatazo o por haber votado a un partido legal. El trabajo de Lewis Rostán permite conocer en profundidad esa realidad. “Los archivos que yo descubrí en 2006 desaparecieron varias veces. Los directores que se encargaron de ellos eran funcionarios exmilitares a los cuales yo señalaba, aunque tampoco hubo mucha voluntad política para impedirlo”. “En el 2009 pude acceder a otros archivos que estaban en la Cámara de Diputados, gracias a una vieja amistad con Roque Arregui, quien era el presidente entonces y también nacido en Mercedes, como yo”.
“Los que aparecieron ahora son muy similares a los que tengo, y me surge la duda de si serán los mismos”, dice Rostán, y agrega que su máxima aspiración es que el Parlamento haga públicos todos estos archivos. “Allí están los nombres y la historia de la infamia, y deben ser conocidos”.
