Diagnósticos con diferencias y similitudes
Sobre la prevención, el FA es quien le da mayor importancia a abordar la prevención del delito mediante el diseño de políticas que aborden las causas estructurales, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades.
En ese sentido, para la fuerza de izquierda “el fenómeno de la criminalidad se distribuye desigualmente en la sociedad; los sectores medios y más aún los de menores ingresos”, quienes “están más expuestos” a cometer y sufrir delitos.
“En medio de la escasez de oportunidades atractivas de desarrollo personal y para la generación de ingresos; muchos jóvenes construyen una identidad basada en la participación en grupos ligados a la criminalidad, la violencia y el narcotráfico”.
Desde el FA también se apunta que “la creación de un mercado de servicios privados de seguridad, así como la segmentación socio-territorial de la población, explican esta situación, a lo que se suma la incidencia de los mercados ilegales, especialmente el de las drogas ilícitas, que se consolidan en zonas de alta vulnerabilidad y menor presencia de las instituciones públicas”.
Advierte que “la lógica de disputa territorial entre bandas, la resolución violenta de altercados entre personas vinculadas a la actividad criminal y el enfrentamiento con las autoridades provoca una violencia exacerbada que impacta, especialmente en los y las jóvenes y sus familias, la que frecuentemente produce muertes o lesiones a terceras personas no involucradas en el conflicto criminal”.
Al respecto, indica que “la evolución de los homicidios, que alcanzaron tasas que superan claramente los 10 homicidios cada 100 mil habitantes, es una realidad que nos interpela; especialmente al sistema político” y que “los diversos esfuerzos institucionales dirigidos a mitigar estos problemas no han sido suficientes”.
Para el partido del candidato presidencial, Yamandú Orsi, “hacia el futuro debemos redimensionar esas mejoras institucionales y operativas que se desarrollaron en los gobiernos frenteamplistas, trabajando al mismo tiempo las políticas de combate y represión del delito, con las de convivencia. “Trabajar en la convivencia, es trabajar en las causas de la inseguridad y en especial en la prevención social de los delitos; desde la descentralización territorial y en diálogo permanente de las instituciones con la sociedad”, pregonan las bases del FA.
En tanto, el programa del presidenciable del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, expresa que “la seguridad, no solamente involucra el abatimiento del delito, violencia y criminalidad, sino que debe ser concebida con un criterio amplio que abraque los aspectos de convivencia, en un plano de libertad y paz ciudadana”.
La línea oficialista indica que “la actual gestión en materia de seguridad realizó cambios fundamentales que han permitido una mejora de los registros de delitos, sin desconocer que se necesita seguir profundizando los cambios y las respuestas”.
Para los blancos, “cambiaron tres relaciones fundamentales: la relación con la policía, la relación con la ciudadanía y la relación con el delito y la delincuencia”.
“Cambió la relación con la policía porque dejó atrás el prejuicio sobre el ejercicio de la autoridad, se pasó a darle confianza y respaldo. Cambió la relación con la ciudadanía porque se pasó a dar la cara, a estar en contacto con los vecinos. Y se cambió la relación con el delito y la delincuencia. No hay disculpas al delito, no hay una visión tolerante con la delincuencia basada en visiones ideológicas”.
Según el Partido Colorado (PC) "la seguridad pública constituye uno de los pilares fundamentales de la convivencia social y paz individual de nuestra sociedad, significando fundamentalmente el libre ejercicio de los derechos y libertades".
En línea con su socio de Coalición, celebró que “gracias a políticas de seguridad efectivas, el actual gobierno ha logrado revertir tendencias de criminalidad que habían estado en aumento durante más de una década”, y entiende que “lejos de ser fortuitos, los logros alcanzados durante este periodo de gobierno son el resultado de un cambio de paradigma en seguridad pública, orientado a fortalecer tanto las capacidades preventivas como represivas del Ministerio del Interior”.
No obstante, el partido candidateado por Andrés Ojeda sostiene que los niveles delictivos “siguen siendo muy altos comparativamente con los países desarrollados” y que estamos “lejos de alcanzar cifras de seguridad y rehabilitación aceptables para nuestro país, debiendo continuar con la implementación de cambios que permitan continuar con la mejora real de nuestra seguridad”.
Por su parte, Cabildo Abierto (CA), el socio más disconforme con la gestión en seguridad del actual gobierno entiende que “el panorama de la seguridad en Uruguay es muy preocupante desde hace ya varios años” y que “las cifras del delito son escandalosas e inadmisibles”. En particular, la “elevadísima tasa de homicidios en el noroeste de Montevideo y en las ciudades de Durazno, Rivera y Chuy”.
Prevé declarar la “emergencia nacional en seguridad pública y adicciones”. Temas que “por su urgencia y relevancia figuran como prioridad” y requieren “un plan de seguridad potente y una nueva estrategia para recuperar el dominio territorial”.
Para el partido de Guido Manini Ríos, “no podemos acostumbrarnos a la angustia por la seguridad de nuestros seres queridos. No podemos aceptar que haya gente encerrada en la casa o en el trabajo mientras ocurren balaceras en los barrios”.
También advierte sobre la presencia del “crimen organizado transnacional, que opera con impunidad en el territorio nacional, aprovechando las debilidades en los controles fronterizos y la falta de coordinación entre distintos organismos”.
¿Cómo prevenir el delito?
El FA sostiene que será necesario “definir una política de seguridad basada en una perspectiva de prevención, de la descriminalización de la pobreza, desprisionalización, desarme, entre otras; la que será debatida y definida por los organismos estatales involucrados, en conjunto con la sociedad civil organizada”.
Prevé elaborar un Plan de Prevención del Delito que ponga “en el centro de las políticas públicas destinadas a la prevención del delito y las violencias. Una mirada integral de la convivencia que identifique y logre mitigar los factores de riesgo asociados al delito y las violencias, así como potenciar los factores protectores”.
Según las bases programáticas frenteamplistas hay que “llevar adelante políticas de prevención que aborden el impacto de la ideología neoliberal, neoconservadora, patriarcal y colonial que tienden a desvalorizar a los sectores populares, mujeres, afro, disidencias, infancias y adolescencias, como sujetos de estigmatización”.
La fuerza de izquierda promueve el desarrollo de “políticas integrales alternativas articuladas con las organizaciones sociales y comunitarias para enfrentar los “estímulos” del narcotráfico y crimen organizado y otras violencias y exclusiones a través de políticas públicas universales en los territorios”. Para incrementar esa prevención del delito y la violencia social, el FA ve necesaria “una mayor presencia del Estado en el territorio a través de la implementación de los modelos de Policía de Proximidad y Policía Orientada a Problemas que actúen en la comunidad en cooperación con diversas formas de organización social y comunitaria”.
El programa nacionalista también entiende que la seguridad debe ser concebida como “una cuestión integral que implica el abordaje preventivo” con un enfoque que requiere “respuestas y coordinaciones de distinto tipo por parte del Estado”.
Los colorados, por su parte, para prevenir proponen la concreción de una “política de saturación para niños, niñas y adolescentes (NNA) con familiares directos involucrados en el delito”, puesto que creen que ese contexto incrementa la situación de vulnerabilidad, y que “constituye un factor de riesgo para que una persona pueda incurrir en futuras actitudes violentas o hechos delictivos”.
Para poder abordar a esa población, remarcan la importancia de una “articulación con el sistema educativo”, los resultados de las “encuestas nacionales de victimización” y un “aumento de las mesas de seguridad y convivencia ciudadana” “Estas mesas actuarán como espacio de interacción y diálogo, reuniendo a comisarios, oficiales de policía comunitaria, autoridades locales y líderes barriales”.
Sin muchas vueltas, Cabildo entiende que el primer paso que es "cambiar el gobierno de la seguridad: Hay que cortar con las políticas equivocadas que nos han arrastrado hasta esta situación desde hace por lo menos veinte años”. Prevé una “nueva estrategia de seguridad con profesionales aptos y con un liderazgo político que esté dispuesto a combatir las graves amenazas que enfrenta el país”.
¿Cómo mejorar la labor de la Policía?
El Frente proyecta una Policía que retome e impulse la “profesionalización y humanización, prácticas de formación inicial, ascenso y especialización sostenidas en bases científicas, con un perfil distanciado de las prácticas militarizadas, jerarquizando la incidencia de las personas con mejores calificaciones”.
Beses del FA: “Se priorizará en la formación policial el enfoque basado en el respeto a los derechos humanos y las perspectivas de género e interseccionalidad”.
Orsi anunció que en un gobierno del FA se "volverá un patrullaje intensivo y rotativo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) a los barrios". También creará el programa “Más Barrio”, para el control de crimen organizado en los barrios y una Fuerza Especial de Tareas: "un equipo de investigación criminal de alta dedicación operativa para cada una de las zonas que se asignen", aseguró.
Además, propone “revisar y jerarquizar la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, estudiando su dependencia funcional y dotándola de los recursos presupuestales y técnicos necesarios para su profesionalización e independencia”. A su vez, evalúa crear una “Policía Judicial” para “delitos complejos y corrupción”.
El PC también ve la necesidad de reformar la Dirección de Asuntos Internos, que tiene la competencia de prevenir los actos de corrupción en el cumplimiento de la función judicial. Cree relevante “controlar que el servicio policial se cumpla de conformidad con el orden jurídico e investigar los hechos y actos de apariencia delictiva cometidos por el personal dependiente del Ministerio del Interior”.
Para eso estipula “profundizar su independencia y autonomía de las jerarquías actuales, dotándola de una estructura que permita garantizar su efectividad, imparcialidad y transparencia en los procedimientos que lleve adelante”.
En cambio, desde el PN celebraron el trabajo realizado por la Dirección de Asuntos Internos. Entienden que “cumplió con resultados notorios su labor de auxiliar de las Fiscalías Penales” y “revirtió el sensible atraso administrativo recibido”.
El PC y el PN coinciden en incrementar los efectivos de la Guardia Republica. Al tiempo que, el programa de Ojeda comparte con el del FA la relevancia de fortalecer una Policía Comunitaria Orientada a Problemas, “incentivando el enfoque proactivo en la prevención del delito, con una perspectiva interinstitucional” y con propuestas de trabajo focalizadas en que “la función policial debe ser un servicio público dirigido a la población”, y por ello es por lo que se requiere “continuar con esta política de policía de cercanía” que, además, “incrementa la confianza y la colaboración de la ciudadanía”, sostiene el PC.
Sobre lo que hay un consenso es en dotar con mejores recursos a las comisarías y en incrementar la tecnología y la videovigilancia de la Policía en todo el país.
Como principales novedades, el PN propone capacitar al Ministerio del Interior en el uso de nuevas tecnologías en todas las investigaciones vinculadas a delitos graves, tales como el homicidio, extorsiones, secuestros y estafas. A su vez, estipula fortalecer el trabajo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, en el plano de la inteligencia anticrimen, apuntando a la especialización de sus integrantes “en la lucha contra el delito de Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales, tanto en lo nacional como internacional”, especialmente.
En tanto, el PC prevé, con la asistencia de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), desarrollar una “Auditoría Nacional de Seguridad a escala local, departamental y nacional”. Herramienta metodológica, que “permitirá una comprensión detallada para elaborar un diagnóstico exhaustivo e interinstitucional de las debilidades relacionadas con la delincuencia organizada”.
Por su parte, CA, propone un despliegue y una estrategia de seguridad en varios niveles, empezando por el “blindaje de fronteras”, mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Fronteras integral, sin costos para los usuarios, y el control de espacios aéreo, marítimo, fluvial, costas y fronteras terrestres”.
Una segunda capa de seguridad de control de rutas y vías de comunicación terrestre, que establezca en forma permanente “un sistema coordinado entre Jefaturas de Policía, Policía Caminera para el control de las rutas con un despliegue conveniente y alineado a los escenarios determinados por esta última” y que se planifiquen los controles “en base a puestos permanentes y móviles, contando con conectividad en red en todos y con la capacidad de operación conjunta con la Dirección Nacional de Aduanas u otros organismos del Estado que se requieran”.
La tercera capa de seguridad estaría a cargo de las Jefaturas, Zonas y Seccionales Policiales, con el objetivo de “recuperar el dominio territorial urbano y rural”.
Coincide con el FA, que para esa tarea policial es importante reorganizar adecuadamente el uso del PADO, basándose en la doctrina de “Patrullaje Activo”. Al tiempo que, propone un “patrullaje diurno y nocturno con drones de alto rendimiento, apoyando el despliegue táctico operativo en las áreas urbanas”, en “coordinación con el Comando de Sensores Remotos de la Fuerza Aérea”.
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Gastón Britos / FocoUy
¿Cómo abordar el problema del narcotráfico?
El programa del FA propone “revisar la legislación de las políticas sobre drogas, especialmente la de cannabis, para garantizar el libre ejercicio de la ciudadanía y los derechos constituidos en su regulación, con el objetivo de reducir los impactos del tráfico ilícito”. Además, promoverá “cambios normativos para garantizar la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas por tráfico ilícito, evitando que la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables”.
También prevé analizar y promover “estrategias de regulación de los mercados, como instrumentos para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas”. Por eso impulsará, tanto a nivel regional, como internacional, “la revisión de políticas de drogas, a efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos”.
No obstante, cree necesario un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, con la “creación de un centro coordinador unificado de seguridad en las fronteras y cámaras de videovigilancia con ese propósito”.
Por su parte, el PN promete un “nuevo paradigma de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico con la creación del “Grupo Especial Conjunto Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico” que estaría integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa “adaptando el Modelo Antimafia multifuerzas utilizado por Italia”. Para eso cree necesario “crear un delito específico por la integración a un grupo criminal cuyo objetivo sea el narcotráfico como hizo Italia (y EEUU) con la Mafia”, sostiene.
El programa nacionalista prevé la designación y ampliación de los agregados policiales en EEUU, España, Italia y países de la región”. Ya que entiende que la lucha contra los delitos mencionados “requiere, por su carácter transfronterizo, enfoques multilaterales, cooperación internacional y Enlaces Permanentes”.
Los blancos insisten en fortalecer los lazos de cooperación internacional y hacen hincapié en la firma del Memorando de Cooperación firmado con la DEA. Asimismo, ven necesario “incrementar la cooperación de Inteligencia con países vecinos de la región” al igual que Cabildo, que promueve designar Oficiales de Enlace de Seguridad en países del Mercosur (Argentina, Paraguay y Brasil), e “integrar el Comando Tripartito de la Triple Frontera con un Oficial de Enlace”.
El programa colorado coincide con el cabildante en el blindaje de nuestras fronteras con apoyo militar. La fuerza que propone a Ojeda como presidente, promueve “una colaboración más activa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la vigilancia de nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas”.
Con apoyo militar y un sistema de control público-privado, prevé blindar el puerto de Montevideo para convertirlo en el puerto más seguro de la región. Para eso, el PC plantea “un aumento significativo de los controles tecnológicos y humanos de toda la carga que ingresa y sale del puerto”, que además se conseguirá “con la ayuda de personal del Ministerio de Defensa y de las empresas de carga y transporte, con las cuales se desarrollara un sistema integral de incentivos y sanciones”.
Por su parte, CA prevé “organizar Brigadas Antidrogas en todas las Jefaturas Departamentales y crear las brigadas necesarias y suficientes en Canelones, San José, Montevideo y Maldonado”, que dependerán de las Jefaturas Departamentales y quedarán en Control Operacional de la Agencia Nacional de Protección”.
A nivel de control aduanero-portuario, entiende necesario “extender el Programa de Control de Contenedores a los Puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos”.
Asimismo, cree relevante, “dotar al Estado de los medios necesarios para ejercer eficazmente la soberanía en el mar, hasta el límite exterior de la plataforma continental”.
Al respecto, ve la necesidad de que la Armada Nacional “continue con la búsqueda de cooperación internacional para la transferencia de buques, que permitan cubrir las carencias de medios de superficie, particularmente durante el tiempo de construcción de las Patrulleras Oceánicas”.
Acerca del control aéreo, Cabildo propone adquirir por lo menos 2 radares antiaéreos de corto alcance y 4 radares terrestres. Consideran que la adquisición de 6 aeronaves EMB 314 Super Tucano, “permiten visualizar a corto plazo la recuperación parcial de la capacidad básica de control y vigilancia del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea”. Pero entienden necesario “complementar el sistema actual con un sensor fijo en el norte del país y uno transportable”.
