Explicó que el trabajo se hizo “dsobre la base de denuncias y quejas que le fueron llegando por parte de sindicatos, organizaciones profesionales y vecinales.
“A partir de eso, solicitó información complementaria y en esos procesos siempre se incluyen a las fuentes oficiales. He tenido contacto en particular con el sindicato de OSE, que es la gente que está trabajando a pie de obra. Con la gente que en su momento fueron los promotores de ese hecho histórico, que ubica a Uruguay como una referencia mundial, cuando fue el primer país en incluir el derecho humano al agua potable en la Constitución”, dijo el español.
“Las advertencias que lanzamos a los gobiernos son de exclusiva responsabilidad del relator. Tan independiente que ni siquiera se paga un sueldo. El documento, repito, es expresión de realidades clamorosas que están en la prensa y en la queja ciudadana. Me llegaron alertas incluso de instituciones médicas, de asociaciones de pediatras. Por la salinidad del agua, se aconsejó públicamente no consumir esas aguas. Solo eso quiebra el principio de derechos humanos. El agua que tiene que haber en la red tiene que ser para todo el mundo, accesible y barata”, concluyó.
