¿Llegaste a ver y a dialogar con Sebastián en algún momento?
Sí, lo vi ya en dos oportunidades, estuve con él, tuve la oportunidad de dialogar tanto con el equipo legal de la defensa como con él también en algún momento, con nuestra privacidad y nuestras conversaciones. Luego estuve también en la audiencia Status Conference, donde ahí presencié la audiencia, pero no tuve la oportunidad de un diálogo privado. Las comunicaciones que a él le permiten, ahí sí puedo hablar, pero no bajo los que ellos denominan conversación privilegiada, la conversación que todo imputado debe tener con su abogado defensor.
Esperemos a ver cómo evoluciona ese aspecto y qué pasos van a ser los que vamos a dar de ahora en más, sabiendo que formo parte del equipo, y por lo menos durante el juicio, estar trabajando junto con el equipo legal de la defensa.
¿La medida tiene que ver con una visita más de carácter privado con tu cliente y no junto a todo el equipo de abogados? ¿Eso fue lo que se negó?
Claro, que me dejen ingresar al centro penitenciario a tener conversaciones con él, y además que pueda tener acceso a conversaciones privadas, como sí tienen mis colegas en este momento, los doctores Robert Feitel y otra colega, que trabajan en el equipo, como tuvieron en su momento los abogados anteriores, poder tener comunicaciones que no estén monitoreadas.
¿La Fiscalía estuvo de acuerdo?
No tengo claro cuál fue la posibilidad, pero yo lo que tengo para decir del fiscal Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg, que se han portado muy bien conmigo. Es más, yo tuve la oportunidad de estar presente en dos reuniones en sede de fiscalía con mi cliente, bajo la autorización del equipo fiscal. Así que con relación a la Fiscalía no tengo nada que decir, al contrario, valorar y destacar la buena fe a lograr al permitirme estar presente.
¿Y cómo es el ánimo de tu cliente? ¿Cómo lo viste? ¿Puede ver a sus hijos, por lo menos por videollamada?
Sí, a través de las comunicaciones que le permiten está pudiendo verlos a través de videollamadas o conversar con su familia, pero lógicamente que está pasando el tiempo y no se le permiten visitas por el momento.
Él está fuerte, está convencido de que tenemos muchísimas herramientas para litigar y que ir a un juicio con todas las etapas que eso conlleva, y todo lo que conlleva, valga la redundancia, pasar por todo un proceso penal, juicio por jurados, una audiencia de la elección del jurado, todas las etapas procesales, las mociones previas, está enfocado, muy enfocado en eso.
Hubo un cambio de abogados sobre la marcha. ¿A qué se debió?
A algunas diferencias en la estrategia a seguir. Y bueno, toda persona tiene derecho a escoger libremente su abogado defensor, y si bien en un principio contaba con un equipo, luego de transcurridas algunas reuniones, algunos avances o lo que pretendían o lo que asesoraban iba por otro camino a lo que realmente era el interés de mi cliente; y en esas idas y vueltas fue que se decidió por un cambio.
¿Tuvo algo que ver la carta que Sebastián escribió de puño y letra denunciando a la DEA y algunas otras cuestiones?
No, eso fue ya posterior. Ya había tomado la decisión del cambio de abogados y luego presentó la carta. En la carta lo que él detalla claramente es una serie de irregularidades, algunas vivencias en aspectos cómo se fueron produciendo los hechos. Es pública, ustedes tuvieron acceso, así que no me queda más nada que acotar al respecto de lo que le envió al tribunal.
¿Fue de índole personal, no hubo asesoría de tu parte o de otro abogado?
Sí, fue de índole personal, luego de varias conversaciones, asesoramientos. Él decidió presentarla, está en todo su derecho y el expediente es público, y ahí está la carta y donde se detallan muchos aspectos que vamos a profundizar, a discutir en el juicio.
Después de la carta llegaron las nuevas acusaciones, una por narcoterrorismo y otra por narcotráfico que tiene que ver con un supuesto cargamento desde el Caribe hacia Estados Unidos. ¿Cómo tomaron esas nuevas acusaciones?
Y bueno, eso fue parte de la estrategia del equipo fiscal que nos había avisado que, si no llegábamos a un acuerdo de manera rápida, de manera ágil, ellos iban a proceder a ampliar la acusación. Fue una especie de presión que están en el derecho de hacerla; es una manera de afrontar el caso por parte del Ministerio Público Fiscal y que la concretaron. Nos habían dicho que iba a ocurrir esto.
En las reuniones estaba arriba de la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo donde se declare culpable de alguno de estos delitos y que, si no se llegaba a ese acuerdo, se iba a ampliar con estos cuatro cargos.
Esta segunda acusación sustitutiva que fue presentada el 25 de junio contiene estos cuatro cargos, un aviso de decomiso patrimonial, y cada uno de ellos es un delito federal separado, con su propia base legal y su propia exposición penal. Está el cargo de conspiración al narcoterrorismo, está el cargo de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla en una embarcación bajo jurisdicción estadounidense, la lancha Go Fast sin bandera; después está la conspiración de lavado de dinero, que fue la inicial, y luego el lavado de dinero como delito. Esos fueron los cuatro cargos que se ampliaron en la segunda acusación del 25 de junio.
Ahora la Fiscalía está en la búsqueda de las pruebas y está gestionando testigos extranjeros, como la fiscal Mónica Ferrero, por ejemplo, en el caso de la acusación por narcoterrorismo y la existencia del Primer Cártel Uruguayo que presuntamente lideraba tu cliente. ¿Cómo están preparando la estrategia de defensa para litigar en el juicio ante esas acusaciones?
Nosotros estamos preparados. Estamos también haciendo un proceso de elaboración de nuestra propia carpeta, de nuestra propia teoría del caso. Nosotros estamos enfocados en controvertir e identificar las debilidades que tiene cada cargo que se le busca imputar. Estamos enfocados en controvertir la aplicación de la extraterritorialidad de la ley penal. Nosotros entendemos que la conducta que se le busca imputar a mi cliente sucede íntegramente fuera del territorio de los Estados Unidos. En todo lo que se presentó por parte de Fiscalía, habla de aspectos entre Sudamérica, Europa y Asia, y sin embargo se pretende juzgarlo en Virginia.
Entonces, esto precisamente es lo que se llama la aplicación extraterritorial de la ley penal. Es una doctrina expansiva por la cual Estados Unidos se atribuye jurisdicción sobre hechos ocurridos en cualquier parte del mundo, invocando conexiones mínimas, muchas veces artificiales, como en este caso, con su territorio.
En este caso, el único vínculo con Virginia es que una transferencia bancaria entre un banco de Portugal y un banco de China pasó en su enrutamiento automático con los servidores de un banco corresponsal en Estados Unidos. Ese contacto incidental, que no fue decidido por nadie y no es suficiente para fundar la jurisdicción penal, es en este caso lo que se está tomando para juzgarlo en Virginia.
¿Eso fue lo que originó la primera acusación por el primer cargo que está vinculado a la causa de Federico Santoro?
Exactamente.
¿O sea que es un enganche con esa causa y con las transacciones que le detectaron a Santoro en su momento?
Sí.
Respecto a la extraterritorialidad de los delitos, la Fiscalía necesitará insumos de otros países para sustentar estas acusaciones. Sin embargo, países como Paraguay, que tenía a Sebastián como uno de los principales líderes de la mayor organización de narcotráfico detectada en la historia, por la causa A Ultranza Py, no quisieron juzgarlo en ese país, y tampoco Bolivia. ¿Cuál es tu sensación de que ni Paraguay ni Bolivia, que eran los que supuestamente lo buscaban intensamente, quisieron juzgarlo allí?
Y bueno, precisamente es lo que nosotros entendemos desde el primer momento. En Bolivia, por ejemplo, se perdió una muy buena oportunidad para poder juzgarlo con el caso que ellos tenían. En Bolivia, si recordamos, se presentó una demanda extradicional contra la señora García Tronche, con una prisión preventiva en Madrid.
Paraguay y Bolivia fueron los dos países que presentaron demanda extradicional. Paraguay, por la operación A Ultranza Py, como tu bien decías, que es la operación más grande en la historia del Paraguay, pero no es la de mayor incautación. No se incautó absolutamente un gramo de droga, sí bienes muebles, inmuebles y desde mi consideración, es muchísima espuma toda la Operación A Ultranza Py.
Bueno, si bien cuando se desplegó el operativo no hubo incautaciones, la causa está vinculada a casi 18 toneladas halladas entre Europa y el puerto de Villeta (Paraguay) que también son parte de la investigación del fiscal…
Exactamente. Pero yo estaba diciéndote con respecto a las incautaciones; pero sí, la carpeta investigativa de la Operación A Ultranza Py es inmensa, menciona esos aspectos y bueno, ahí podemos entrar en un montón de aspectos a controvertir, como son las pruebas ilegales, pruebas que derivan de teléfonos encriptados como los de Sky ECC, que no siguieron una cadena de custodia, que no tienen la debida autorización judicial previa. Y Bolivia, si presentó una demanda extradicional contra la madre de sus hijos, tenía toda la oportunidad para juzgarlo y perdió esa oportunidad; y, además, tomando una decisión de entregar a Marset.
Vos estuviste en Paraguay en 2024, no sé si antes o después de que detuvieran a Gianina, negociando la entrega de Marset a cambio de que dejaran tranquilos a sus familiares en las causas, pero no aceptaron...
Exactamente, fui a esa reunión con el fiscal general de Paraguay (Emiliano Rolón). En esa reunión tuvo la amabilidad y fue con mucho respeto, se planteó la oportunidad de un acercamiento de las partes que podía terminar con una entrega pacífica del señor Marset, pero bajo algunos puntos que eran vitales y que no se llegó a un acuerdo. Sobre todo, el tema de perseguir personas inocentes en estas causas y que pase lo que está pasando con la señora García Troche, una prisión preventiva que ya dura dos años.
La prisión preventiva debería ser una excepción y debería fundarse en los riesgos procesales. Entonces, no hay riesgo procesal que aún siga vigente, pero ella sigue en prisión preventiva. Y bueno, estas cosas eran las que se quería evitar, lo que se quiso evitar con los hermanos, tanto Diego como Jimena, ahora con Tatiana y la domiciliaria.
Lo que se quería evitar era precisamente que, para ponerle presión a la causa de él, que se inicien procesos penales sin fundamento y que se alarguen prisiones preventivas por el solo hecho de tener un vínculo familiar o cercano a Marset. Pero no llegamos a un acuerdo y esa reunión terminó con esa posibilidad de acercamiento.
De alguna manera, se derribó la hipótesis de que Paraguay había extraditado a Gianina para llegar a Sebastián, porque cuando Marset se acercó a Paraguay con la voluntad de entregarse, Paraguay no quiso saber nada con juzgarlo en ese país.
Igualmente, la reunión con el fiscal general de Paraguay ocurrió antes de la entrega de la señora García Troche. Y luego de que García Troche se separa y decide entregarse, y por eso viaja con su pasaporte y ocurre lo que nosotros pensábamos que podía ocurrir que es esta prolongación infundada de una prisión preventiva, absurda es que no hubo en su momento la menor chance de otro acercamiento, pues se estaba dando precisamente lo que nosotros queríamos evitar, que se juzgue a personas inocentes.
¿Y cuál es la situación actual de su causa? ¿Hay fecha de juicio para Gianina?
Bueno, el lunes 10 de agosto se suspendió la audiencia. Hay conversaciones con el equipo de la defensa de García Troche y con el equipo fiscal, para ver si se llega a un acuerdo abreviado. Hay que ver qué delito y qué pena se podría llegar a acordar o la posibilidad de seguir adelante, pero que de una vez por todas se presente la acusación y se inicie el juicio. Estamos hablando de que ya pasó un buen tiempo, unos cuantos años desde que empezó la Operación A Ultranza Py, y la prisión preventiva no puede ser la regla, ni puede haber un abuso, no puede ser una pena anticipada. Pero bueno, en varios imputados y condenados en esa causa, utilizaron el mismo procedimiento, muy pocas pruebas, pero por la alarma pública que generaba toda la Operación A Ultranza Py, se extendían las prisiones preventivas hasta llegar a un trato medio extorsivo de llegar a un acuerdo… En unos meses estás en domiciliaria y recuperás tu libertad o vas a un juicio con amenazas de penas altísimas. Es lo que está pasando con García Troche, lamentablemente.
Nosotros lo dijimos en los medios en varias oportunidades, que lo que no queríamos que ocurra era esto, que se prolongue y se prolongue la prisión preventiva y luego de quedar entre la espada y la pared, firmar un acuerdo -cuando sos madre de cuatro hijos, sos inocente y no cometiste ningún delito- con tal de que en unos meses puedas volver a tu casa con tus hijos.
Entonces estamos en ese momento, en ese lugar y esperemos que lo logremos cuanto antes, por lo menos un cambio en la medida cautelar más gravosa y luego ver si terminamos con un acuerdo abreviado o con un juicio, que es lo que estamos intentando evitar. Esa es la realidad de García Troche.
Volviendo a Sebastián, denunciaste recientemente que la Policía de Bolivia emitió una orden de entrega a la DEA antes de haber detenido a tu cliente...
Sí, es claro que la forma en que Marset fue trasladado desde Santa Cruz de la Sierra a Virginia no fue una extradición formal bajo el tratado bilateral vigente entre Bolivia y Estados Unidos. Fue claramente una operación irregular, donde se violaron simultáneamente el derecho boliviano, el derecho internacional y la garantía del propio derecho penal estadounidense. Por lo tanto, tampoco se está respetando eso.
Hay un montón de aspectos, la contradicción en las fechas de los documentos oficiales bolivianos y la ejecución material de la operación es la evidencia más fuerte.
La decisión de entregar a Marset a la DEA fue firmada el 12 de marzo, el día anterior a su detención. El ministro de Gobierno boliviano firma la carta de expulsión dirigida al director de la DEA el 12 de marzo, cuando todavía no había sido detenido.
Entonces, ¿estaban muy seguros de dónde estaba?
Exactamente, la decisión existe en un papel oficial antes de que exista siquiera el hecho que la habilitaría. Es una locura. El 13 de marzo, recién a las 3 de la mañana, es que agentes de la DEA junto con fuerzas bolivianas irrumpen armados en el domicilio de Marset en Santa Cruz de la Sierra sin orden judicial de ningún país.
