Menciona “estas actividades violentas, que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal de Marset”, dice el documento.
“Entre los objetivos figuraban, entre otros, consolidar el control de Marset sobre su organización, garantizar su propia libertad e intimidar a terceros para que se sometieran a su voluntad”, dice uno de los apartados de la acusación.
La Fiscalía estadounidense asevera que Marset instruyó a uno de sus cómplices en mayo de 2020 a tirar una granada en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en el Prado (Montevideo), al mismo tiempo que ordenó amenazar mediante un mensaje de texto a la exfiscal de estupefacientes y actual fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
Además, menciona dos homicidios en los que habría participado. “Mató a un miembro de su organización porque creía que estaba complotando en su contra ”, dice el texto en referencia a un primo de Marset llamado Diego Andrés Olivera Cabrera, quien fue asesinado a tiros en el interior de un auto el 24 de octubre del 2020, en la ciudad de Mariano Roque Alonso (Paraguay), cuyos detalles se desprenden de una serie de conversaciones mediante el sistema de mensajería encriptada, SkyEcc, entre Marset y su socio Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, en el marco de la causa contra el narcotráfico y el lavado de activos, A Ultranza Py.
A su vez, la acusación hace referencia una presunta “coordinación” de Marset para el sicariato de Mauricio Schwartzman, homicidio cometido en el barrio Jara de Asunción (Paraguay) de 12 de setiembre de 2021, dos días después de que el uruguayo fuera detenido en el aeropuerto de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con un pasaporte apócrifo gestionado por el propio Schwartzman, empresario que colaboraba creando compañías de exportación como pantallas para la organización y tenía contactos en la Policía y en la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
“El 12 de setiembre de 2021, en Asunción, Paraguay, Marset coordinó el asesinato de un conspirador, porque creía que dicha persona estaba cooperando con las autoridades policiales”, dice el documento de la Fiscalía de EEUU, aunque en Paraguay se sospecha que Schwartzman estaba colaborando con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y habría “entregado” grandes cargamentos de cocaína que perdió la organización de Marset entre 2020 y 2021.
Al respecto, vale recordar que, varios meses antes de que el Gobierno de Luis Lacalle Pou le otorgara un pasaporte a Marset en Dubái, el Ministerio del Interior (secretaría de Estado emisora del documento), cooperaba con la DEA y la SENAD, en A Ultranza Py, la mayor investigación contra el tráfico de drogas y lavado de activos de la historia de Paraguay, que tenía al uruguayo como líder de una organización de narcotráfico internacional, como bien conocía el exsubsecretario Guillermo Maciel y sobre todo la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la fiscal Ferrero desde 2019, tras el decomiso de 854 kg de cocaína en Parque del Plata (agosto) y de 3.264 kg en el puerto de Montevideo (noviembre).
Marset pateó el tablero y denunció a dos agentes de la DEA
De la última acusación contra Marset en EEUU se desprende una particular comunicación entre un agente de la DEA y el uruguayo ocurrida en marzo de 2025 en Bolivia, en la que el primero le sugirió que se entregara, pero la respuesta de Marset fue amenazar al agente, según reza el documento presentado por el fiscal federal.
Curiosamente, un par de días antes de conocerse esa acusación, Marset presentó una carta de puño y letra ante el juez de su causa, Rossie David Alston Jr., que marcó un quiebre definitivo en la estrategia de defensa ante el proceso judicial.
De hecho, solicitó en la misiva que se cambien los tres abogados que pretendían negociar con las autoridades de EEUU para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.
“No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para probarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un procedimiento justo”, decía la carta de Marset en la que solicitó cesar a los abogados Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva (este último lo confirmó a Caras y Caretas).
Rodrigo da Silva, Santiago Moratorio y Michael Padula
Simón López Ortega
A cambio, solicitó incorporar a Robert Feitel quien defiende también a Abigael "El Cuini" González Valencia (hermano de Gerardo quien fue detenido y recluido en Uruguay hasta su extradición) secundado por Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King, experimentado abogado de Alexandría (Virginia).
En el escrito presentado por Marset al juez, este denunció que sus derechos fueron violados durante su detención en Santa Cruz de la Sierra y su traslado express a EEUU desde Bolivia, que Marset describió como una entrega “irregular”, sin orden de allanamiento ni de arresto, y que los dos agentes de la DEA, Michael Greisen y Tyler Ganzel, lo extorsionaron para obtener US$ 4 millones en criptoactivos, amenazándolo en esa ocasión con una probable pena de cadena perpetua y represalias contra sus hijos si no cooperaba con la DEA.
Marset denunció a los agentes federales de haberle exigido acceso a una billetera de criptomonedas que contenía US$ 4 millones en USDT (stablecoin de Tether). Ante su negativa, según la versión del uruguayo, los agentes llamaron por WhatsApp a su madre y le pidieron que les enviara fotos de un cuaderno donde estaban anotadas las claves privadas de esa billetera virtual.
“Estos mensajes se conservan y constituyen prueba escrita directa de la conducta extorsiva”, afirmó Marset.
Asimismo, el uruguayo apuntó que el acta de su interrogatorio fue “alterada”: que su rechazo de las acusaciones en su contra fue registrado como admisiones, lo que constituye, en sus palabras, “un fraude de un documento oficial”, y aseveró que, en dicha situación, sus exabogados no lo habían defendido de la manera correcta.
Por tal motivo, solicitó al juez Alston Jr. dos cosas muy concretas: que ordene al alguacil Timothy Alley que permita sin demoras el acceso de sus nuevos abogados al centro de detención de Alexandría, y que en futuros traslados se garantice que no vuelva a tener contacto con los agentes denunciados en la misiva presentada por Marset, “dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad”.
Qué pasó en la última audiencia y cómo sigue el proceso judicial de Marset
En la audiencia de status conference (audiencia de control de trámite) y arraignment (audiencia de formalización de cargos), en la cual “mi cliente se declaró no culpable” de los cuatro cargos por los que fue acusado: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de EEUU, conspiración para el lavado de dinero y lavado de dinero, confirmó a Caras y Caretas el Dr. Santiago Moratorio desde EEUU, y también se fijó el cronograma procesal correspondiente al juicio oral que comenzará el 11 de enero de 2027.
Al respecto, según reportó Kevin Hall, cronista de la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que sigue de cerca el proceso judicial de Marset en el Distrito Este de Virginia (EEUU), narró que Feitel, su nuevo jefe de abogados que trabajó 22 años en el Departamento de Justicia de EEUU, con una larga experiencia como líder en casos de narcotráfico y lavado de activos, expresó ante el juez Alston Jr. que “si al señor Marset se le hubiera concedido su deseo, iríamos a juicio mañana”, desafió.
En ese debate, la defensa de Marset había solicitado que el juicio se inicie en noviembre de este año, mientras que el fiscal Aminoff pidió tiempo hasta marzo de 2027 para poder gestionar el ingreso a EEUU de testigos de varios países extranjeros, lo que requerirá visas y traducciones reconocidas por el tribunal de documentos, textos, correos electrónicos y otras comunicaciones, lo que el fiscal describió como “simplemente un esfuerzo de juicio logísticamente complejo”.
Sobre ese tema, el nuevo abogado defensor de Marset en EEUU cuestionó la solicitud de Aminoff. Como exfiscal federal para casos internacionales de drogas, Feitel no encontró convincente el argumento de Aminoff para retrasar el juicio.
Pero los entredichos no terminaron allí, puesto que el fiscal le dijo al juez que la defensa de Marset estaba “telegrafiando el litigio previo al juicio”, en referencia a un escrito presentado por los nuevos abogados de Marset para intentar derribar el primer delito por el cual había sido acusado (conspiración para lavar dinero), por cuestiones de jurisdicción, por lo que el juez tendría que fallar sobre numerosas mociones.
Al respecto, Alston Jr. dijo que tenía la intención de manejar numerosas mociones a la vez y que era poco probable que fallara sobre ellas una por una.
El cargamento de cocaína por el que se lo acusa en EEUU
Respecto a tres de los cuatro cargos por los que se lo acusa, la defensa de Marset sostiene que su cliente no debe ser juzgado en EEUU, sin embargo, la Fiscalía sumó la semana pasada el delito de “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los EEUU”.
Puntualmente, el fiscal Aminoff señala que Marset conspiró con un miembro del Clan del Golfo y con otros más para enviar un cargamento de casi 1.700 kg de cocaína en una lancha rápida desde Colombia a Costa Rica, que fue incautado el 16 de junio de 2024 cerca de la Isla de San Andrés (Colombia) en un operativo llevado a cabo por la Armada de Colombia, en coordinación con el Comando Sur de EEUU y autoridades navales de Panamá, que concluyó con la detención de una embarcación, sin bandera, fuera de su mar territorial (en el mar Caribe) y arrestaron a los cuatro ocupantes: tres nicaragüenses y un costarricense.
Por este motivo, Aminoff requiere tiempo para consolidar su acusación con pruebas y testimonios de autoridades aduaneras de distintos países, pero como quedó planteado el miércoles 1° de julio en la audiencia, el nuevo abogado estrella de Marset en EEUU (Feitel) intentará derribar uno por uno los cargos en su contra.
Lo que queda por verse es qué pasará con la fuerte denuncia del uruguayo contra los agentes de la DEA Greisen y Ganzel. Al respecto, Marset le preguntó al juez del caso mediante un traductor: “¿Recibió mi carta?”. Alston Jr. dijo que sí, pero que no la leyó porque la consideró una “comunicación ex parte” inapropiada y fuera de la norma de los procedimientos judiciales.
El combativo Dr. Feitel no se pronunció sobre ese tema que podría amputar el proceso desde la raíz. Al final de la audiencia, el juez le preguntó a Marset si estaba contento con su equipo legal. “Con mis nuevos abogados, sí”, dijo el uruguayo ante la Justicia Federal de EEUU.
