Un colectivo integrado por 36 ciudadanos procedentes de distintos departamentos del país presentó este lunes peticiones formales ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), solicitando la apertura de investigaciones sobre la gestión, fiscalización y rendición de los fondos públicos destinados a la contratación de personal en las 19 Juntas Departamentales del país.
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Pedido a la JUTEP
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La delegación que formalizó las entregas contó con la participación del escritor Enrique Ortega Salinas y el actor Antonio Di Matteo, quienes concurrieron en representación del Movimiento Nacional Constituyente.
Orígenes de la gestión e impacto del caso Gómez-Leiva
Las actuaciones de la sociedad civil se desencadenaron a raíz de las derivaciones públicas originadas en la Junta Departamental de Montevideo, tras confirmarse la contratación irregular de Pablo Leiva por parte del edil Gonzalo Gómez, así como por las posteriores declaraciones de diversos legisladores departamentales sobre el funcionamiento de las partidas asignadas a secretarios, asesores y funcionarios en comisión.
Según explicaron los promotores de la iniciativa, el objetivo de las solicitudes no es atribuir responsabilidades de forma anticipada, sino instar a los organismos contralores a determinar si existen apartamientos a la normativa e identificar si los sistemas de fiscalización actuales son idóneos para resguardar el erario público.
Dos vías de investigación: ética funcional y control financiero
Las solicitudes presentadas contemplan las competencias específicas de cada organismo del Estado:
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Ante la JUTEP: El planteamiento hace foco en la observancia de los principios de probidad, transparencia, ética en la función pública y conducta funcional por parte de los jefes de bancada y ediles de todos los partidos.
Ante el Tribunal de Cuentas: La acción posee un enfoque presupuestal y de auditoría de la Hacienda Pública. Se solicitó el examen minucioso del régimen de partidas, contrataciones, desembolsos y documentación respaldatoria de los servicios asignados en los 19 parlamentos departamentales.
La sospecha de sueldos encubiertos y la restricción constitucional
El punto central de la denuncia apunta a transparentar qué procedimientos aplican los legislativos departamentales para verificar la contraprestación real de los servicios contratados con dinero público.
Asimismo, los firmantes demandaron que se investigue si parte de las partidas asignadas al funcionamiento de las bancadas están siendo desviadas hacia fines ajenos a su destino, o si se están utilizando como un mecanismo para otorgar retribuciones salariales encubiertas a los ediles, práctica expresamente vedada por el artículo 295 de la Constitución de la República.
Los promotores remarcaron que la fiscalización del dinero público representa una responsabilidad institucional que trasciende las divisas políticas y exige garantías inmediatas de transparencia hacia la ciudadanía.
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