Plan en dos fases
Frente a este panorama, “el plan se estructura en dos velocidades. La primera es inmediata: contener el crecimiento del delito y evitar un deterioro mayor de la situación. La segunda es estratégica: diseñar e implementar un modelo de seguridad pública sostenible, basado en consensos y con vocación de permanencia”.
La fase inicial, en marcha desde el 1 de marzo, “tuvo como eje central el despliegue policial. No se trata solo de presencia territorial, sino de una lógica de contención que busca estabilizar el escenario”. La premisa, agregó, “es sencilla pero exigente: si no se logra frenar la escalada, cualquier reforma estructural pierde eficacia. En este sentido, el objetivo inicial no es reducir drásticamente los delitos de inmediato, sino evitar que aumenten”.
Sin embargo, el corazón del planteo de Negro no está en la urgencia, sino en el cambio de paradigma. El ministro fue explícito al cuestionar las políticas de seguridad de los últimos años, a las que calificó como reactivas y, en muchos casos, demagógicas. Según este enfoque, “el énfasis en el endurecimiento de penas, el aumento de la población carcelaria o la creación de nuevas figuras delictivas —como ocurrió con modificaciones introducidas en la Ley de Urgente Consideración— no logró revertir la tendencia de fondo”.
Para Negro, ese camino no solo fracasó, sino que contribuyó a consolidar problemas estructurales.
No al modelo Bukele
En contraposición, “el nuevo modelo se define como republicano, democrático y participativo. Esto implica no solo una diferencia técnica, sino también política e institucional”. El ministro marcó distancia con el paradigma representado por Nayib Bukele, cuyo enfoque en materia de seguridad goza de amplio respaldo popular en la región.
Para Negro, El Salvador, más que un modelo de seguridad, presenta un régimen político con características excepcionales. Detenciones masivas sin debido proceso, restricciones a derechos fundamentales y reformas constitucionales para habilitar la reelección son algunos de los elementos mencionados como incompatibles con la tradición democrática uruguaya. En ese marco, la aparente mejora en los indicadores de criminalidad no puede analizarse aisladamente de los costos institucionales.
Advirtió que el éxito inmediato, cuando se apoya en mecanismos autoritarios, no constituye una solución replicable en un sistema democrático consolidado. “Para Uruguay, la seguridad debe construirse sin renunciar a las garantías y al Estado de derecho”, subrayó.
Este posicionamiento no es solo ideológico. También responde a una lectura estratégica: la fragmentación del sistema político y la ausencia de acuerdos favorecen al crimen organizado, explicó. “Cuando los partidos compiten sin consensos mínimos, cuando las políticas cambian con cada gobierno o cuando la seguridad se convierte en un instrumento electoral, el resultado es un terreno fértil para el avance del narcotráfico y la violencia”, sostuvo.
Por eso, “uno de los pilares del plan es la construcción de una política de Estado. El proceso incluyó la convocatoria a partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, academia, el Poder Judicial y la Fiscalía. En total, participaron más de 80 actores, que aportaron cerca de un centenar de propuestas”.
El resultado es un diseño con “densidad teórica”, como lo definió el propio ministro, que “establece fases claras: primero el control de la delincuencia, luego la mejora sostenida de los indicadores y, finalmente, un aspecto clave que suele quedar relegado: la percepción ciudadana”.
Acciones concretas
En paralelo, el plan incorpora líneas de acción específicas sobre fenómenos críticos. Uno de ellos es el narcotráfico, “abordado desde una perspectiva que prioriza la inteligencia y el seguimiento de las finanzas criminales. La premisa es que el encarcelamiento, por sí solo, no desarticula las organizaciones si su estructura económica permanece intacta. Golpear el patrimonio aparece así como una herramienta clave”.
Otro eje relevante es el control de armas. La preocupación principal no radica tanto en el armamento pesado, “sino en la proliferación de pistolas 9 mm modificadas artesanalmente para disparar en modo automático. Estas armas, de bajo costo y alta letalidad, están detrás de muchas de las balaceras que afectan a barrios de Montevideo, con consecuencias que incluyen víctimas inocentes”.
La respuesta propuesta apunta a un ángulo menos tradicional: el control de las municiones. Dado que su regulación es más débil que la de las armas, se plantea avanzar en restricciones a su importación y comercialización, como forma de reducir la capacidad operativa de los grupos criminales.
Exclusión social
El plan también reconoce la intersección entre seguridad y exclusión social, particularmente en el caso de las personas en situación de calle. Aunque no se trata estrictamente de un problema policial, su vínculo con el sistema penitenciario y la falta de redes de reinserción lo convierten en un factor relevante para la convivencia urbana.
En este punto, se subraya que una proporción significativa de quienes viven en la calle son exreclusos que cumplieron penas por delitos menores y que, al recuperar la libertad, no cuentan con apoyo suficiente para reinsertarse. La coordinación con otras áreas del Estado, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social, aparece como imprescindible.
