De acuerdo a la LUC el máximo permitido es de U$S 100.000. Bergara propone bajarlo a U$S 20.000. Asimismo plantea “construir una red interinstitucional que coordine la política estratégica de prevención, investigación y persecución criminal del lavado de activos y de corrupción pública.
Estrategia de seguridad
También propone una “estrategia nacional de prevención que implique una reforma del sistema penitenciario”. Sostiene que se hace necesario “revisar el mapa de penas para hacerlo razonable y priorizar que hay un montón de casos en los que las penas alternativas a la privación de libertad son importantes”.
Propone la “creación de un ámbito de coordinación de máxima jerarquía” destinado a “diseñar la política de prevención integral del delito, que esté inserto en el Poder Ejecutivo y optimizando otros espacios de coordinación existentes”. Es ámbito deberá estar constituido por “todas las instituciones u organismos públicos relevantes en la prevención social, con énfasis en la cultura, el deporte, la educación y la protección social”.
Al mismo tiempo, “será un espacio de vinculación activa con la sociedad civil y la academia a los efectos de dotar de transparencia, evaluación y rendición de cuentas en las políticas públicas de prevención integral”.
