El acceso a la adopción
Antúnez cuestionó además las desigualdades sociales que atraviesan el acceso a la adopción y vinculó esa realidad con recientes casos de alto perfil mediático. En ese sentido, mencionó la adopción concretada por el empresario Giuseppe Cipriani y su esposa, señalando que existieron “características bastante irregulares” favorecidas, según dijo, por modificaciones introducidas durante el anterior gobierno.
“Existió la ley de urgente consideración (LUC) que habilitó adopciones de naturaleza estrictamente judicial y que se salteara a los organismos de control del Estado, como lo es el INAU”, afirmó. Para Antúnez, el problema central es que el sistema actual termina excluyendo a buena parte de las familias trabajadoras. “Los trabajadores y trabajadoras de este país, para inscribirse en esta trayectoria, necesitan licencias, necesitan dineros para pagar juicios que son muy costosos”, expresó.
Según detalló, los procesos de adopción implican gastos judiciales elevados, contratación de abogados y disponibilidad horaria para asistir a talleres, entrevistas y períodos de integración con niños, niñas y adolescentes. “Estamos hablando de miles de dólares para pagar un juicio”, remarcó. La diputada fue especialmente crítica con las diferencias económicas que condicionan el acceso al sistema. “Por eso vemos que la familia Cipriani no tuvo ningún problema en adoptar y que la mayoría de las familias de este país que quieren adoptar la tienen que remar como locos”, afirmó.
Medidas que incluirá el proyecto de ley
Entre las primeras medidas que incluirá el proyecto de ley, Antúnez adelantó que estarán contempladas las licencias laborales específicas y mecanismos para reducir los costos judiciales asociados a los trámites de adopción. “Eso parece algo menor y sin embargo hace a la diferencia”, señaló.
La legisladora explicó además que el trabajo conjunto abrió nuevas discusiones vinculadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes adoptados, especialmente en materia de salud e información genética. “Muchos gurises no saben qué antecedentes tienen porque no acceden a las historias familiares ni médicas de sus familiares biológicos”, indicó. En ese marco, señaló que se analiza incorporar modificaciones normativas para garantizar el acceso a antecedentes clínicos familiares relevantes. Según explicó, existen situaciones donde la falta de información médica puede afectar diagnósticos tempranos o tratamientos adecuados.
“Han habido casos donde se desarrollan niveles de daño cerebral cognitivo y hay una razón biológica hereditaria de fondo que las familias desconocen y que el propio gurí desconoce”, advirtió.
Frente Amplio y Partido Colorado en una causa común
Antúnez destacó que las discusiones no se limitan al Parlamento y que participan distintos organismos e instituciones. Entre ellos mencionó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al INAU, al Ministerio de Salud Pública, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, al Poder Judicial y a organizaciones vinculadas al acompañamiento de familias adoptantes.
“Cuando nos reunimos para hablar de estos temas con la gente que hace al asunto, en general las cosas salen mejor”, sostuvo.
La diputada también valoró el trabajo conjunto con dirigentes de otros partidos políticos y consideró que el proyecto representa una señal positiva para el sistema político. “Estamos dando una señal en relación a la necesidad que tenemos de construir canales de diálogo para que muchas cosas se puedan resolver”, afirmó.
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