Muchos países tienen leyes muy fuertes contra la alteración del orden público, dijo, y recordó que en España hay una gran discusión sobre la Ley de seguridad nacional que establece duras sanciones contra quienes incurren en actos ilícitos en las manifestaciones.
Con respecto a la notificación negada de la marcha por las Asambleas Municipales del Poder Popular cubanas, y ratificada por la Fiscalía General de la República, afirmó que la legislación de la isla privilegia una actuación preventiva contra la ocurrencia de hechos ilícitos.
Señaló que en este caso se busca la colaboración ciudadana para evitar la perpetración del delito, y la Fiscalía, al desautorizar la pretendida marcha, actuó en consonancia con ese principio.
El ordenamiento penal cubano refuerza el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos, apuntó Toledo.