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Repensando la sostenibilidad de la seguridad social: Lo que la gente desea (y no desea)

El dramático aumento de la esperanza de vida es uno de los mayores logros de los sistemas de seguridad social y salud pública en los países de la OCDE.

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El envejecimiento de la población complica cada vez más las posibilidades estatales de financiar las jubilaciones y pensiones públicas, así como los cuidados prolongados. Pero las respuestas políticas habituales, como el endurecimiento de los requisitos para acceder a los programas y los niveles de las prestaciones o el aumento de los impuestos a los trabajadores actuales, resultan impopulares. En su columna, la economista de la OCDE Valerie Frey (*) presenta los resultados de la última edición de la encuesta “Riesgos que importan”, que evalúa las percepciones de riesgo y las preferencias en materia de protección social en los 27 países de la OCDE. Mientras que la disposición de la ciudadanía a aumentar impuestos y cotizaciones parece empeorar, la promoción de una participación inclusiva de la mano de obra y la mejora de la eficiencia en la ejecución de los programas sociales cuentan con un considerable apoyo público y, lo que es más importante, resultan también sostenibles en la práctica.

El dramático aumento de la esperanza de vida es uno de los mayores logros de los sistemas de seguridad social y salud pública en los países de la OCDE durante el último siglo. Sin embargo, el envejecimiento de la población -la combinación de una mayor esperanza de vida y el descenso de la fertilidad- supone un desafío fundamental para la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. El ratio medio de la OCDE entre personas mayores y personas en edad de trabajar se sitúa en 31 personas de 65 años o más por cada 100 personas en edad de trabajar (20 a 64 años). La OCDE proyecta que esta tasa más que se duplicará en 2082 hasta alcanzar las 66 personas mayores por cada 100 en edad de trabajar.

Esta transición hace que resulte más difícil a los Estados financiar sus programas de pensiones públicas y asistencia sanitaria, incluidos los cuidados prolongados, por lo que las respuestas políticas habituales a este dilema resultan complejas. Los esfuerzos por endurecer los requisitos para acceder a los programas y los niveles de las prestaciones han encontrado oposición en muchos países, mientras que el aumento de los impuestos/las cotizaciones de los trabajadores actuales o la búsqueda de nuevas fuentes de recaudación también han resultado impopulares, incluso cuando los programas sociales siguen siendo valorados como fundamentales.

¿Cómo quieren entonces los ciudadanos que los Estados aborden el envejecimiento de la población y mejoren la sostenibilidad de los programas sociales? La encuesta “Riesgos que importan” (RTM) de la OCDE ofrece algunas pautas. En su cuarta edición, RTM recoge las percepciones de riesgo y las preferencias en materia de protección social de muestras representativas de 27 países de la OCDE. En efecto, existe poco interés en aumentar los impuestos o las cotizaciones sociales para financiar programas sociales. Mientras que durante la pandemia casi la mitad de los encuestados de la RTM se mostraban dispuestos a aportar un 2% adicional de sus ingresos para mejorar la asistencia sanitaria y las pensiones, desde entonces ese porcentaje ha disminuido. En la actualidad, en promedio sólo el 38% de los encuestados afirma que estaría dispuesto a pagar un 2% adicional por la asistencia sanitaria - la política relativamente más popular -, con porcentajes que oscilan entre el 50% en Irlanda y Portugal y el 26% en Lituania. Este cambio se observa a través de todas las categorías de políticas sociales. Al mismo tiempo, aunque la disposición a contribuir más ha disminuido, la reclamo de una tributación (más) progresiva se ha mantenido estable desde 2022. En promedio, el 58% de los encuestados es de la opinión que el Estado debería gravar más a los más ricos para ayudar a los pobres, siendo las tasas más altas observadas en Grecia, Turquía e Italia.

Aumentar la base de trabajadores cotizantes es la otra forma de reforzar la base de financiación de los programas sociales. En promedio casi el 70% aspira a que su Estado apoye una mayor participación de las mujeres y otros grupos subrepresentados en el mercado laboral. Del mismo modo, el 56% de los encuestados aboga por que más trabajadores a jornada parcial pasen a trabajar a jornada completa. Aunque las medidas a favor de la fertilidad ocupan un lugar destacado en el discurso político, en término medio sólo el 43% de los encuestados afirma que los Estados deberían abordar el envejecimiento de la población y la escasez de trabajadores alentando a la gente a tener más hijos. Los encuestados expresan fuertes opiniones sobre los obstáculos a la maternidad: en promedio el 88% señala la situación económica de los más jóvenes y el 87% las dificultades para acceder a una vivienda adecuada como los principales obstáculos que desalientan a la gente a tener un primer hijo o más.

A pesar de que es probable que promover grandes reformas de los requisitos y los niveles de prestaciones sigan constituyendo un gran desafío político, y de que el apetito de los ciudadanos por mayores impuestos y contribuciones siga empeorando, las conclusiones de la encuesta 2024 “Riesgos que importan” sugieren que todavía existe margen de maniobra para sostener los sistemas de protección social. La promoción de una participación más integradora de la población activa y la mejora en la eficiencia en la ejecución de los programas sociales cuentan con considerable apoyo público y, lo que es más importante, también son viables en la práctica. Escuchar mejor las perspectivas de los ciudadanos en el proceso de formulación de políticas, a través de herramientas de medición como el RTM, puede ayudar a los responsables de formular las políticas a orientar mejor la reforma de la seguridad social de cara al cambio demográfico.

(*) Valerie Frey es Economista Senior y dirige la Unidad de Riesgos Sociales de la División de Política Social de la OCDE. Sus investigaciones se centran en la opinión pública sobre los riesgos económicos y la gobernanza, la mejora del alcance de los sistemas de seguridad social y la igualdad de género en los mercados laborales. Valerie también ha trabajado como profesora adjunta de economía en Sciences Po, como investigadora asociada en la Institution for Social and Policy Studies de la Universidad de Yale y como consultora en el Grupo de Gobernanza del Sector Público del Banco Mundial. Es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale.

Link:

https://cepr.org/voxeu/columns/rethinking-social-protection-sustainability-what-people-want-and-dont-want

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