El efecto positivo de estas medidas resulta muy dudoso. Primero porque los inversores que aspiran a evitar cargas impositivas ya utilizan colocaciones fuera del país para no tributar el impuesto a la renta. En segundo lugar, porque es poco viable que los actores económicos asuman el riesgo de posicionarse en moneda nacional a cambio de un incremento indirecto menor al 0,8% de la renta de sus colocaciones. De hecho, en las dos últimas subas de la tasa de interés de referencia, el BCU la ha aumentado 1,25% haciendo más rentables las colocaciones en pesos para todos los plazos, pero el impacto es incierto y marginal hasta el momento.
Mucho más allá de los efectos monetarios que pueda tener la medida, lo fundamental es el concepto que encierra. El gobierno ha decidido reducir el impuesto de mayor eficiencia redistributiva existente para favorecer a los inversores financieros. La suya es una renuncia fiscal en favor de los sectores que tienen capacidad de ahorro, y han generado un mayor incremento de sus ingresos en tiempos de contracción económica. Esto adjudica a la medida un fuerte carácter regresivo al momento de distribuir las cargas tributarias.
Si evaluamos el crecimiento récord de los depósitos bancarios dentro y fuera de fronteras nos encontramos frente a un proceso de acumulación sin inversión. Por esto resulta económicamente inapropiado incorporar mayores beneficios a las inversiones especulativas, acción que operará aún más en detrimento de la inversión productiva que el país necesita para generar mayor actividad y empleo.
El proyecto del gobierno rebaja la recaudación del único impuesto que recae sobre la renta del capital financiero, a la vez que traslada al consumo un mayor peso proporcional. Un gobierno con verdadera orientación popular debería orientarse hacia el aumento de la carga impositiva sobre la renta de capital financiero, y extenderla a la generada en el exterior por los uruguayos que incrementaron constantemente sus depósitos fuera del país. Si efectivamente hubiera una apuesta por un país con desarrollo productivo las renuncias fiscales deberían concentrarse en el estímulo de la inversión directa en sectores generadores de empleo de calidad.
Un gobierno que busque proteger a su pueblo debería dirigir sus esfuerzos fiscales a preservar el poder de compra, ya sea por la mejora de los salarios y jubilaciones o por la rebaja de la carga impositiva sobre el consumo. También, en estos momentos de carestía sería saludable eliminar el incremento del IVA a las compras con tarjetas impuesto por las nuevas autoridades a solo un mes de haber asumido.
En conclusión, del proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento se desprende claramente que el gobierno eligió seguir el camino de la concentración de la riqueza. Sigue optando por favorecer a los sectores privilegiados.
