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Educación sexual en Uruguay: qué cambia con el nuevo plan del Gobierno para 2026-2030

El Gobierno presentó un plan nacional que busca fortalecer la educación sexual en todos los ámbitos, desde los centros educativos hasta los clubes deportivos.

El Gobierno presentó este lunes 16 de noviembre el Plan Nacional Intersectorial de Educación Sexual Integral 2026-2030, una iniciativa para fortalecer las políticas de educación sexual en Uruguay mediante la coordinación de distintos organismos del Estado y la participación de la sociedad civil y las familias. La propuesta, elaborada luego de un año de trabajo interinstitucional, establece 15 líneas estratégicas que abarcan desde la actualización de contenidos educativos y la capacitación de docentes hasta la prevención de situaciones de violencia, el cuidado de los vínculos y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

El anuncio fue realizado en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva, con la participación de autoridades de los ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública, Interior y Defensa, además de representantes de organismos como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría Nacional del Deporte. Durante la presentación, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, sostuvo que la iniciativa representa una respuesta del Estado para acompañar a las familias y atender las situaciones que atraviesan niños, adolescentes y jóvenes. «Queremos que la educación asuma el rol que le corresponde», afirmó.

Quince líneas de acción: qué propone el plan de educación sexual

Uno de los principales componentes del plan será la creación de una Mesa Intersectorial Permanente de Educación Sexual Integral, que tendrá la responsabilidad de impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de las medidas previstas para el período 2026-2030.

La iniciativa también contempla la actualización de las normas y los contenidos curriculares, así como el fortalecimiento de las capacidades de educadores, equipos técnicos y funcionarios mediante instancias de capacitación y formación.

Entre las principales líneas de trabajo se encuentran:

  • Actualización normativa y curricular de la educación sexual.

  • Formación y capacitación de docentes, equipos técnicos y funcionarios.

  • Creación de una estrategia de comunicación pública.

  • Coordinación entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

  • Identificación de recursos y actores que puedan contribuir a la implementación.

  • Desarrollo de proyectos en distintos territorios del país.

  • Elaboración de una estrategia de trabajo con las familias.

  • Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación.

El documento establece que estas acciones deberán desarrollarse bajo principios de derechos humanos, equidad de género, diversidad, inclusión social, laicidad y evidencia científica. También incorpora criterios de participación social, prevención y pertinencia cultural, con el objetivo de adaptar las intervenciones a las distintas realidades del país.

Sífilis, violencia y derechos: las preocupaciones detrás de la iniciativa

La presentación del plan estuvo acompañada por referencias a distintas situaciones que, según las autoridades, hacen necesario fortalecer la educación sexual desde edades tempranas. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, explicó que la elaboración de la propuesta tuvo como antecedente un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que advirtió sobre la evolución de indicadores vinculados a la sexualidad y la necesidad de intervención.

En ese contexto, señaló que Uruguay cuenta con una trayectoria importante en educación sexual, pero consideró necesario profundizar las políticas para que niños y jóvenes conozcan sus derechos y dispongan de herramientas para tomar decisiones informadas. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, puso el foco en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. En particular, manifestó preocupación por el incremento de casos de sífilis entre jóvenes de 15 a 29 años y destacó el papel de la educación para prevenir enfermedades y promover el cuidado de la salud.

Desde el Ministerio del Interior, la subsecretaria Gabriela Valverde explicó que la participación de la cartera estará vinculada a tres ejes: la violencia basada en género contra niños y jóvenes, los riesgos y las situaciones de violencia en entornos digitales, y la formación policial y penitenciaria.

«La sexualidad no es solo una cuestión biológica o sanitaria»

Uno de los planteos centrales de la presentación estuvo relacionado con la necesidad de abordar la sexualidad desde una perspectiva más amplia que la exclusivamente biológica.

La directora adjunta del Instituto Nacional de las Mujeres, Leticia Benedet, recordó que Uruguay cuenta con un marco normativo que incorpora estos contenidos desde hace casi dos décadas. Mencionó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, n.º 18.426, de 2008, y la inclusión de la educación sexual como eje transversal en la Ley General de Educación, n.º 18.437, del mismo año. Sin embargo, sostuvo que el desafío actual consiste en fortalecer la coordinación institucional y ampliar el alcance de estas políticas para llegar a las personas en todas las etapas de la vida.

«La sexualidad no es solo una cuestión biológica o sanitaria», afirmó Benedet. En esa línea, explicó que educar en sexualidad también supone cuestionar los mandatos sociales sobre cómo deben comportarse mujeres y varones, qué lugar ocupan sus voces y cómo se toman las decisiones sobre sus propios cuerpos. La jerarca remarcó que es fundamental que desde edades tempranas se aprenda que todos los cuerpos merecen respeto, que cada persona tiene derecho a expresar lo que quiere y lo que no, y que los límites individuales deben ser reconocidos y escuchados.

El plan también llegará a las familias, los clubes y los espacios deportivos

La propuesta no limita la educación sexual al ámbito de los centros educativos. También busca involucrar a las familias y a otros espacios donde niños y adolescentes construyen vínculos y desarrollan actividades cotidianas. La presidenta del INAU, Claudia Romero, respaldó la iniciativa como parte de una política de protección integral y señaló la importancia de evitar que se naturalicen situaciones en las que niños y adolescentes puedan haber sido víctimas de violencia.

Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional del Deporte, Alejandro Pereda, destacó que los clubes, las ligas y las plazas también son ámbitos donde se construyen relaciones que deben ser cuidadas. En ese sentido, mencionó la política de Espacios Deportivos Protegidos, que busca promover entornos seguros, accesibles e inclusivos, con protocolos claros para identificar situaciones problemáticas y saber a quién recurrir.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, también destacó la importancia de incorporar la perspectiva de derechos humanos, igualdad de oportunidades y convivencia respetuosa en la formación de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

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