La iniciativa también contempla la actualización de las normas y los contenidos curriculares, así como el fortalecimiento de las capacidades de educadores, equipos técnicos y funcionarios mediante instancias de capacitación y formación.
Entre las principales líneas de trabajo se encuentran:
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Actualización normativa y curricular de la educación sexual.
Formación y capacitación de docentes, equipos técnicos y funcionarios.
Creación de una estrategia de comunicación pública.
Coordinación entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
Identificación de recursos y actores que puedan contribuir a la implementación.
Desarrollo de proyectos en distintos territorios del país.
Elaboración de una estrategia de trabajo con las familias.
Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación.
El documento establece que estas acciones deberán desarrollarse bajo principios de derechos humanos, equidad de género, diversidad, inclusión social, laicidad y evidencia científica. También incorpora criterios de participación social, prevención y pertinencia cultural, con el objetivo de adaptar las intervenciones a las distintas realidades del país.
Sífilis, violencia y derechos: las preocupaciones detrás de la iniciativa
La presentación del plan estuvo acompañada por referencias a distintas situaciones que, según las autoridades, hacen necesario fortalecer la educación sexual desde edades tempranas. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, explicó que la elaboración de la propuesta tuvo como antecedente un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que advirtió sobre la evolución de indicadores vinculados a la sexualidad y la necesidad de intervención.
En ese contexto, señaló que Uruguay cuenta con una trayectoria importante en educación sexual, pero consideró necesario profundizar las políticas para que niños y jóvenes conozcan sus derechos y dispongan de herramientas para tomar decisiones informadas. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, puso el foco en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. En particular, manifestó preocupación por el incremento de casos de sífilis entre jóvenes de 15 a 29 años y destacó el papel de la educación para prevenir enfermedades y promover el cuidado de la salud.
Desde el Ministerio del Interior, la subsecretaria Gabriela Valverde explicó que la participación de la cartera estará vinculada a tres ejes: la violencia basada en género contra niños y jóvenes, los riesgos y las situaciones de violencia en entornos digitales, y la formación policial y penitenciaria.
«La sexualidad no es solo una cuestión biológica o sanitaria»
Uno de los planteos centrales de la presentación estuvo relacionado con la necesidad de abordar la sexualidad desde una perspectiva más amplia que la exclusivamente biológica.
La directora adjunta del Instituto Nacional de las Mujeres, Leticia Benedet, recordó que Uruguay cuenta con un marco normativo que incorpora estos contenidos desde hace casi dos décadas. Mencionó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, n.º 18.426, de 2008, y la inclusión de la educación sexual como eje transversal en la Ley General de Educación, n.º 18.437, del mismo año. Sin embargo, sostuvo que el desafío actual consiste en fortalecer la coordinación institucional y ampliar el alcance de estas políticas para llegar a las personas en todas las etapas de la vida.
«La sexualidad no es solo una cuestión biológica o sanitaria», afirmó Benedet. En esa línea, explicó que educar en sexualidad también supone cuestionar los mandatos sociales sobre cómo deben comportarse mujeres y varones, qué lugar ocupan sus voces y cómo se toman las decisiones sobre sus propios cuerpos. La jerarca remarcó que es fundamental que desde edades tempranas se aprenda que todos los cuerpos merecen respeto, que cada persona tiene derecho a expresar lo que quiere y lo que no, y que los límites individuales deben ser reconocidos y escuchados.
El plan también llegará a las familias, los clubes y los espacios deportivos
La propuesta no limita la educación sexual al ámbito de los centros educativos. También busca involucrar a las familias y a otros espacios donde niños y adolescentes construyen vínculos y desarrollan actividades cotidianas. La presidenta del INAU, Claudia Romero, respaldó la iniciativa como parte de una política de protección integral y señaló la importancia de evitar que se naturalicen situaciones en las que niños y adolescentes puedan haber sido víctimas de violencia.
Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional del Deporte, Alejandro Pereda, destacó que los clubes, las ligas y las plazas también son ámbitos donde se construyen relaciones que deben ser cuidadas. En ese sentido, mencionó la política de Espacios Deportivos Protegidos, que busca promover entornos seguros, accesibles e inclusivos, con protocolos claros para identificar situaciones problemáticas y saber a quién recurrir.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, también destacó la importancia de incorporar la perspectiva de derechos humanos, igualdad de oportunidades y convivencia respetuosa en la formación de los integrantes de las Fuerzas Armadas.