Según la Fiscalía de Delitos Económicos encabezada por Gilberto Rodríguez, el entonces jefe de la Guardia Republicana aprovechó esa operación oficial para incorporar un tercer rifle que no estaba autorizado en la compra aprobada por el Poder Ejecutivo.
El arma fue pagada con dinero del propio Yroa —unos 1.700 euros—, pero ingresó al país dentro del mismo procedimiento estatal y quedó registrada oficialmente como propiedad del Ministerio del Interior. Durante años, ese rifle permaneció bajo control del exjerarca, hasta que en 2016 intentó venderlo a un coleccionista privado que pretendía trasladarlo a un evento en Argentina.
Allí comenzaron a surgir irregularidades, puesto que el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa rechazó la transferencia al considerar que el arma pertenecía al Estado uruguayo y que no podía ser comercializada por un particular.
Esa situación terminó en una investigación judicial que atravesó múltiples idas y vueltas.
Los vaivenes de la causa judicial
En primera instancia, la defensa de Yroa logró frenar el proceso argumentando que el delito de tráfico interno de armas no estaba reglamentado al momento de los hechos investigados. Posteriormente, la jueza Mercedes Reyes absolvió al exdirector de la Republicana entendiendo que existían dudas jurídicas sobre la aplicación de la norma penal.
No obstante, el fiscal Rodríguez apeló la decisión y finalmente el Tribunal de Apelaciones de 3° Turno terminó revocando la absolución, dando por acreditada la existencia del delito. Ahora el caso será revisado en una última instancia por la Suprema Corte de Justicia.
