Los datos existentes que monitorean la situación muestran un ascenso casi que constante de la tasa de suicidios año tras año. Desde el año 1997 a la fecha puede apreciarse la tendencia al alza, ubicando al año 2002 como el de mayor tasa de suicidios con 20.62, seguido por el 2019 con 20.55.
Al igual que lo ocurrido a nivel mundial desde el punto de vista generacional, en Uruguay los suicidios se encuentran concentrados principalmente en las poblaciones más adultas y en los más jóvenes. A su vez, presenta un marcado corte desde la perspectiva de género, debido a que los suicidios son fundamentalmente consumados por varones, mientras que en el caso de los intentos de autoeliminación prevalecen las mujeres.
De acuerdo a información divulgada por la Comisión Nacional Honoraria para la Prevención del Suicidio en Uruguay, durante al año 2019 la tasa de suicidios fue de 33.67 cada 100.000 habitantes en hombres y de 8.21 en mujeres.
Actualmente no existe una única respuesta para explicar por qué se suicidan las personas. El diagnóstico de la OPS indica que muchos suicidios se cometen impulsivamente y en general intervienen factores sociales, psicológicos y culturales, sumado a la estigmatización que existe sobre la problemática, lo que aumenta las posibilidades de no pedir ayuda en los momentos de crisis. Por este motivo, la estrategia de prevención del suicidio está dirigida a la sociedad uruguaya en su conjunto, y a su vez focaliza sus acciones en colectivos que son considerados los de mayor riesgo.
Desde el punto de vista comunitario, pueden apreciarse como riesgos de suicidio de las poblaciones: los desastres naturales, las guerras y conflictos; estrés por desplazamientos y aculturación; discriminación; traumas psicológicos o abuso; sentido de aislamiento y falta de apoyo social; y conflictos en las relaciones. Desde el punto de vista individual, pueden considerarse como riesgos: intento de suicidio anterior; trastornos mentales; consumo nocivo de alcohol y otras sustancias; perdida de trabajo o problemas financieros y desesperanza, entre otros.
¿Qué hace el Estado para frenar los suicidios? ¿Alcanza?
En la búsqueda de políticas públicas que hagan frente a esta situación, el Uruguay viene impulsando una Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio. Vale la pena recordar que el despliegue de la estrategia como tal es relativamente reciente. La primera experiencia realizada en Uruguay se situó en 2016, más allá de que anteriormente se desplegaran diferentes planes o programas vinculados a la salud mental y particularmente a la prevención del suicidio.
La Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio puede considerarse como parte de un conjunto de instrumentos que utiliza el Estado para modificar una realidad social, como lo es el drama de los suicidios en el Uruguay. De esta manera, para alcanzar los objetivos definidos en la estrategia, se despliegan, entre otros, instrumentos de información y educación, buscando promover un cambio en los compartimientos sociales a través de diversas estrategias.
La Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio se la puede analizar, a su vez, desde una perspectiva de derechos humanos, debido a que uno de sus componentes principales es el de garantizar el derecho a la vida de las personas, para lo cual se torna fundamental el acceso a la salud y particularmente la atención en salud mental, como forma de mitigar las conductas suicidas. Precisamente, la OPS destaca que dentro de los factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad, pueden encontrarse las dificultades de acceso a la atención en salud y la asistencia necesaria para este tipo de fenómenos. No por casualidad, la estrategia ha puesto mucha atención a la mejora en la atención del Sistema Nacional Integrado de Salud en un sentido general, pero especialmente en aquellas poblaciones que son consideradas de riesgo.
Por otra parte, es importante mencionar alguno de los objetivos que se encuentran desarrollados en el Plan Nacional de Salud Mental, en el entendido de que forman parte de la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio. La estrategia se desenvuelve en conformidad con dicho plan. Dentro de los objetivos se encuentran la consolidación institucional de la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio y la gestión de la política en prevención de suicidio. A su vez, se pretende alcanzar una participación activa y responsable de los medios masivos de comunicación en la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio. Finalmente, puede observarse la intención de mejorar la atención para personas con riesgo de suicidio y sus familias.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la realidad refleja con claridad una evolución de la tasa de suicidios en Uruguay a lo largo de más de 30 años.
Una rápida mirada respecto a la implementación de la estrategia y a sus resultados puede evidenciar la faltante de ciertas políticas que vayan en un sentido integral. Como se ha venido expresando, la prevención del suicidio no puede quedar reducida a un problema de salud, sino que se lo debe abordar desde una óptica que incluya otros aspectos tales como los sociales, culturales y económicos. Precisamente, para la OPS una de las claves radica en llevar a cabo una prevención multisectorial que incluya la salud, pero que a su vez contemple la educación, el bienestar social, el empleo y la justicia, entre otros componentes.
El documento que concentra la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio incluye dentro de sus objetivos el abordaje de los aspectos educativos y hace énfasis en el trabajo comunitario. Sin embargo, no aparecen menciones a la necesidad de abordar las temáticas de empleo y bienestar social en su máxima dimensión, como tampoco aparecen elementos que tengan que ver con el acceso a la justicia. En cambio, si aparece una mención al trabajo desde la perspectiva de la salud mental en el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027, cuando la relaciona con el efectivo ejercicio de los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación, la cultura y al medio ambiente saludable.
Como se puede observar, Uruguay necesita seguir avanzando en políticas integrales que permitan al menos controlar los suicidios y evitar la tendencia al alza. Es un desafío de toda la sociedad uruguaya para romper con un drama que impacta en miles de personas. El acceso a la salud mental como derecho, junto a otros derechos humanos, puede contribuir decididamente a alcanzar los objetivos.
