Según lo previsto por las autoridades y la empresa operadora, la aprobación oficial de los permisos se daría entre agosto y septiembre de este año. Esto habilitaría el inicio de la campaña sísmica 3D en el último trimestre de 2025, paso fundamental antes de definir si se perforará en 2026.
La expectativa de los actores privados crece ante un marco regulatorio que, hasta el momento, ha ofrecido certidumbre jurídica y procesos técnicos rigurosos, sin dejar de lado el debate ambiental que rodea este tipo de proyectos en mar abierto.
Inversiones extranjeras, permisos avanzados y estudios técnicos en marcha
Uruguay avanza hacia una posible perforación petrolera en el mar en 2026. La exploración se centra en dos áreas oceánicas de gran tamaño: el bloque denominado Área OFF1 y el Área OFF3, ambas localizadas a más de 100 kilómetros de la costa atlántica.
Una de las empresas líderes en esta fase es Challenger Energy, que posee ambas licencias. En el bloque OFF1, la compañía cedió el 60% de la participación a una petrolera multinacional con capacidad técnica y financiera para llevar adelante estudios sísmicos y posibles tareas de perforación. Challenger conservó el 40% restante.
En paralelo, la empresa continúa siendo operadora exclusiva del bloque OFF3, donde lleva adelante un programa técnico avanzado basado en el reprocesamiento de datos sísmicos históricos. La información obtenida permitió identificar estructuras geológicas complejas que podrían tener potencial petrolero.
Uruguay: campaña sísmica en 2025 y perforación evaluada para 2026
La hoja de ruta prevé que las campañas de estudios sísmicos 3D comiencen a finales de 2025. Estas tareas son fundamentales para mapear el subsuelo marino y reducir el riesgo de perforar sin resultados. En el caso del bloque OFF3, los avances técnicos ya motivaron el inicio de un proceso de asociación para incorporar nuevos socios antes de tomar la decisión de perforar.
Ambos bloques podrían llegar a una decisión de perforación en 2026. La estrategia de las operadoras consiste en usar datos de alta calidad para mitigar los riesgos operativos, y lograr así una inversión escalonada que permita capitalizar el descubrimiento si los resultados son positivos.
Un escenario no exento de controversia
En los últimos tres años, Uruguay ha adjudicado toda su plataforma offshore a diferentes empresas internacionales, entre ellas gigantes como Shell, YPF y APA. El país se consolidó como destino emergente en exploración petrolera gracias a su estabilidad política, un marco fiscal transparente y exigencias de inversión moderadas.
Sin embargo, el entusiasmo del sector energético contrasta con la preocupación de sectores ambientalistas. La actividad offshore implica impactos potenciales sobre ecosistemas marinos, riesgos de contaminación, y un modelo extractivo que choca con las metas de transición energética.
A esto se suma el debate sobre la falta de experiencia nacional en perforación marina y la necesidad de asegurar una supervisión ambiental rigurosa si los proyectos avanzan hacia una fase productiva.
Si bien aún no hay producción de petróleo en el mar, el país ya está en el radar de la industria offshore global. La perforación prevista para 2026 marcará si estos bloques son la puerta de entrada a una nueva etapa o una apuesta sin recompensa.
