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Udelar cuestiona Ley de Medios que impulsa el gobierno

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República aprobó el 8 de junio una resolución donde expresa que «el Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual a estudio del Parlamento no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación».

La resolución  de la Universidad de la República (Udelar), manifiesta que la nueva Ley de Medios que impulsa el gobierno apunta a la concentración de medios de comunicación por parte de los grupos hegemónicos, no tiene transparencia en el uso del espectro y por lo tanto, afecta directamente derechos ciudadanos.

Asimismo declara que la iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios. Asimismo, afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente.

La Universidad de la República manifiesta su total disposición a realizar aportes para que el país tenga y aplique efectivamente una regulación en materia de comunicación audiovisual adecuada a la realidad y a las necesidades del país, y ajustada a los estándares en materia de derechos humanos y calidad democrática».

Para su resolución el CDC consideró el informe realizado por el grupo multidisciplinario integrado por académicos de la Udelar con el objetivo de estudiar la propuesta regulatoria a estudio del Parlamento.

La resolución agrega que la ausencia de mecanismos de aplicación de la ley que garanticen la participación ciudadana y la transparencia no resulta conveniente según la evidencia y las recomendaciones de los organismos internacionales de referencia en la materia.

Dejar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales se aleja de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado avanzar en los últimos años, indica el texto.

 

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