Batlle recogió, además, el concepto rector de justicia de Aristóteles, según el cual debe tratarse “igual a los iguales, y desigual a los desiguales”. Para decirlo en buen romance, en esta idea descansa el precepto universal del impuesto a la renta. No pueden exigirse iguales contribuciones a dos sujetos, uno pobre y otro rico, sin incurrir en injusticia de base. En tal sentido, Batlle expresó en su momento que “No habría mayor injusticia que tratar igualmente a los seres desiguales. Pensamos, sin embargo, que hay una suma mínima de bien que debe corresponder a todos”. Para decirlo de otro modo, debería existir una línea roja que ningún habitante de la república podría cruzar, puesto que del otro lado se halla la pobreza, o sea la vida indigna. No cualquier político y no cualquier presidente de la nación se han atrevido a enunciarlo con semejante claridad, y es posible que tengamos que aguardar mucho tiempo para que un nuevo político uruguayo se pronuncie con la energía y contundencia de Batlle. La suma mínima de la vida digna debía consistir para él en “la alimentación sana, agradable y abundante; el abrigo que baste; la habitación higiénica; una suma de instrucción que dé a todos una especie de sentido común científico moderno; el descanso necesario para conservar la robustez de la salud, la frescura de los sentimientos, la claridad de la inteligencia para luchar en condiciones iguales por una posición mejor”. Pero no en el marco de un liberalismo depredador, en el que se naturaliza y se fomenta la famosa brecha, o sea la dicotomía ricos y pobres, sino “Dentro de un orden social en que todos pudieran desarrollar sus actividades en igualdad de condiciones, y en el que todos estuvieran garantidos contra la miseria”.
Como todos sabemos, Batlle no se limitó a esclarecer teóricamente estos objetivos, lo cual ya de por sí habría sentado una diferencia abismal con casi todos los gobernantes que le precedieron y que le sucederán, entre los cuales se encuentran los militares Latorre y Santos, detentadores del primer golpe de estado del Uruguay (1876-1886). Para Batlle, esas ideas tenían que plasmarse en un Estado erigido en buen administrador de los bienes públicos, diligente para solucionar los problemas sociales, y compatible en primer lugar con la democracia, y en segundo lugar con la libertad de mercado, entendida no como una máquina de abuso creadora de nuevas desigualdades, sino como un instrumento inteligente y encauzado dentro de la democracia en serio y de las leyes, para aumentar la producción de un país y -principalísima cuestión- hacer justicia con sus habitantes en lugar de enriquecer impúdicamente a un pequeño número de “mallas oro”.
