Brasil sin plan de contingencia

Percepción y alta tolerancia a la desigualdad

Hay un dicho que se repite: “Brasil no es para principiantes”. El ser principiante nos coloca en el lugar de aquel que no tiene elementos suficientes para opinar. Hace referencia a un territorio que es apto solo para baqueanos y autorizados. Ese dicho es un recurso que funciona como una barrera contra el connacional que un día decide cuestionar el statu quo o contra el extranjero que hace preguntas incómodas.

Del mismo modo, la catraca -molinete- o los bloqueos electrónicos, biométricos o de guardia armada patrimonial gozan de consenso y funcionan como factores diferenciadores.

Desde pequeños, los ciudadanos “beneficiados” que no pagan transporte deben arrastrarse por debajo la catraca para poder viajar, naturalizándose, de ese modo, el trato diferente según categorías de personas.

Es llamativo para quien llega a Brasil la presencia de este artefacto en los más diversos, e increíbles, lugares (medios de transporte, oficinas, lugares de estudio, hospitales, panaderías, baños públicos, etc.). A fuerza de repetición, los dichos se transforman en verdades absolutas y la catraca, que frena el paso y fragmenta, adquiere otras formas como la raza, la edad, la dirección, las pruebas de ingreso a la enseñanza técnica y superior, y se asumen como inevitables en el segundo país con menos noción de su propia realidad en el ranking internacional, según Ipsos.

Esa percepción de la realidad hoy impide identificar el origen de los problemas políticos, económicos, educativos, sanitarios, etc. y buscar soluciones efectivas. Se cree que basta con “estar decidido” para encontrar el famoso jeitinho de burlar la catraca sin nunca reclamar.

El poder de la ausencia en Educación

Si el análisis de la desigualdad ya se justifica para comprender mejor las luchas y reivindicaciones sociales, es en la educación donde sus consecuencias y su potencial político se expanden de manera inequívoca.

La renuncia del ministro de Educación Weintraub y el pico de muertos y contagiados por Covid-19 coinciden con la publicación de los calendarios sobre la “vuelta a clases”.

Se prevé una fase de mayor conflictividad de los sindicatos de la educación que se oponen a un retorno a la presencialidad, con salas de 40 alumnos y con curva, todavía ascendente, de Covid-19. La pauta de una huelga general de maestros y profesores de las redes estaduales y municipales de San Pablo ya está siendo discutida.

En San Pablo, estado con más casos de Covid-19 en el país, el gobierno presentó el nuevo calendario escolar, el 24 de junio, anunciando la retomada de las clases. El estado de Río de Janeiro, segundo en número de casos, no tiene previsión de vuelta a clases. Ceará, el estado nordestino más afectado por la pandemia, anunció que las clases vuelven el 24 de julio, convirtiéndose en el estado donde más temprano se reanudarían.

A diferencia de lo que ocurre en Uruguay, en donde los gobiernos del Frente Amplio dejaron un legado de conectividad y accesibilidad (Plan Ceibal, fibra óptica, entre otras cosas), la pandemia encuentra a Brasil sin ninguna estructura que posibilite efectivamente la enseñanza remota a nivel de educación pública primaria y secundaria.

Sin soluciones ni proyectos que apunten a una mejora, a nivel nacional, hasta el momento, se profundiza el quiebre en los procesos de alfabetización y de posibles mejoras en la calidad de la educación de la población. Una de las grandes preocupaciones de los especialistas en educación es que mientras las clases presenciales no vuelvan, los estudiantes más pobres queden rezagados si se adoptan modelos basados exclusivamente en actividades a distancia. Está comprobado que más del 60% de los alumnos no tiene acceso a internet y el vínculo con la escuela está interrumpido.

El Consejo Nacional de Educación, homologado por el Ministerio de Educación, pidió a las instituciones que adopten propuestas que no excluyan a los alumnos del proceso de aprendizaje, observando, por ejemplo, un modelo con uso de más de un tipo específico de soporte, y no solo tecnológico, contemplando la diversidad de cada región.

Esta realidad varía de un estado a otro y tiene raíces profundas que nos remontan a la propia formación del Estado brasileño. A diferencia de lo que existe en la Salud (SUS), no existe la idea de “sistema” en la educación brasileña. Las fragilidades se deben a la falta de un modelo intergubernamental que organice el proceso de descentralización iniciado con la redemocratización, a partir de 1988. Durante las presidencias de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, se impulsó un modelo más federal, con el mérito de haber creado criterios de evaluación para la distribución de recursos, perfeccionamiento de indicadores y auxilio financiero a los municipios. Si bien mejoraron la coordinación federativa, no resolvieron estructuralmente el problema de cooperación y de los niveles de responsabilidad entre lo federal, estadual y municipal.

Con la llegada al poder de Bolsonaro y la gestión del Ministerio de Educación, las tensiones y desigualdades educativas se profundizaron. Al igual que en Salud Pública en plena pandemia, renuncia el ministro de Educación Abraham Weintraub. Defensor de los privilegios de la elite brasileña y los intereses del gran capital financiero, su gestión, de un año y medio, estuvo marcada por la impronta privatista. Mantuvo un alto perfil mediático, conocido por cuestionadas directrices con relación al sistema educativo (recorte del 30% de recursos, persecución de alumnos y profesores, intentos de nombrar rectores a dedo, manoseo de resultados y fechas de exámenes en plena pandemia, eliminación de cuotas, etc.), declaraciones polémicas incluyen ataques a las instituciones democráticas, racismo y agravios diplomáticos, además de su mala relación con la gramática, entre otras.

No deja un legado digno de mención ni planes de contingencia para la vuelta a clases.

Anunció su renuncia reafirmando su apoyo incondicional al presidente, con quien dice compartir valores de familia, libertad, honestidad, franqueza, patriotismo para, acto seguido, hacer uso de pasaporte diplomático y evadir acciones judiciales en su contra viajando rumbo a EEUU, generándole un nuevo escándalo al gobierno.

De alianzas y consorcios

En una sociedad fragmentada y desigual como la brasileña, exigir la imparcialidad de los titulares de los Poderes y de los agentes públicos, establecida por ley, parece cada vez más difícil. En ese escenario, construir la unidad de respuesta del Estado, ante la crisis sanitaria, económica y social, se vuelve impracticable.

Jair Bolsonaro cuenta con el apoyo de un 30% de un electorado compuesto por evangélicos, ultraconservadores, simpatizantes de los cuerpos represivos y autodenominados “gente de bien”. El outsider antisistema y enemigo de la vieja política durante la campaña electoral se enfrenta a un aislamiento político que lo ha llevado a dejar atrás amenazas de persecución y cárcel para buscar respaldo y alianzas en el ya tradicional centrão y así salvarse del naufragio del impeachment. Su incapacidad de cumplir con las “reformas” prometidas genera críticas incluso desde sus electores más fieles. En un escenario de pandemia que se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas, insiste en restar importancia al impacto de la enfermedad, desconociendo protocolos y colocándose él mismo como víctima de ataques e injurias.

Algunos de los principales medios de comunicación –O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo, Extra, G1 y UOL– han formado un consorcio de medios de prensa (Consórcio de veículos de Imprensa) para procesar y dar a conocer los datos relacionados con la pandemia de Covid-19 como alternativa a la falta de transparencia y actitudes de restricción y ocultamiento, tanto en la recolección de datos como en la difusión de información, por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Esta iniciativa ha recibido elogios de los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y organizaciones jurídicas y de la prensa.

Aunque la memoria intenta ser burlada o disfrazada, estos medios que hoy se posicionan como defensores de la transparencia y los valores democráticos, fueron los mismos que alimentaron el golpe que allanó el camino para la ascensión y empoderamiento del neofascismo instalado en el país hoy.

Desde el inicio del actual gobierno federal con su acometida de políticas privatizadoras, de liberalización de actividad extractivista, entrega de recursos naturales y retroceso en derechos laborales, entre un variado menú conservador neoliberal, el Poder Legislativo no siempre ha dado respaldo al Ejecutivo, significando un cuello de botella a su accionar.

La situación por la que atraviesa Brasil puede parecer sui generis. Sin embargo, para quienes tienen la experiencia y la memoria del devenir de las derechas rancias en América Latina puede parecer un déjà vu. Aquellas imágenes de gobiernos que terminaron con el jefe máximo huyendo por la puerta de atrás dejando un rastro de sangre y miseria podrían reeditarse.

Del lado de la oposición, con un discurso amarrado a la institucionalidad, se están desarrollando expresiones ciudadanas como, por ejemplo, el Movimento Estamos Juntos o Somos 70%, que procuran adhesiones de diferentes sectores partidarios y sociales progresistas frente a lo que entienden como el desgobierno y su impulso autoritario. A través de Lives en redes sociales, los distintos movimientos, partidos y medios de prensa difunden y abren espacio para debatir temáticas relacionadas con las políticas de salud, educación, análisis económicos y expresiones culturales. Pensando en el impeachment contra Bolsonaro, o ya en las elecciones de 2022, políticos de izquierda y centroizquierda buscan estructurar una Frente Ampla, que no obtuvo el apoyo de Lula, y de algunas figuras del PT, por rencillas de la época del golpe contra Dilma Rousseff, y porque muchos de ellos no apoyaron al PT en la segunda vuelta de las elecciones de 2018. Frente a los ataques a la democracia brasileña, estos movimientos están “corriéndola de atrás” y se evidencia que todavía no hay organizaciones políticas y sociales organizadas y fuertes para combatirlos.

En esta democracia mutilada, para quienes defienden la solidaridad, los valores y principios democráticos, puede implicar la amenaza, el encierro y la muerte. Testimonio de ello, por ejemplo, es monseñor Lancelotti, encargado de la Pastoral de rua, en San Pablo, que al denunciar las escandalosas condiciones de vida del pueblo, y colaborar con la organización de excluidos y por exponer la cara hipócrita del Brasil, sufrió amenazas y persecuciones.