Solo la mayoría nacionalista votó la propuesta, que por contener importantes excepciones a la normativa de construcción necesitaba la aprobación del Legislativo departamental.
La arquitecta Alma Bianchi ,vecina al edificio proyectado, dijo al periodista Jorge Rabuñal que, “apoyados en el artículo 303 de la Constitución, 1400 ciudadanos de Maldonado presentamos un recurso ante la Cámara de Diputados para que se prohíba esta construcción”. Sostuvo “que ese edificio genera un impacto ambiental tremendo y se ha hecho todo con irregularidades porque se exige que las excepciones tengan un argumento bien fundamentado de parte del solicitante, y en la foja 4 del expediente vemos que no hay ninguna argumentación a favor, solamente el inversor dice lo que va a construir, pasándose ya seis veces los valores.
La proyectada construcción no tiene un informe favorable de la Dirección de Urbanismo. Eso es gravísimo porque no hay ningún perito, ningún idóneo que sepa cómo impacta esto ambientalmente, en cuanto a los pluviales, saneamiento, tráfico; no hay ningún estudio”.
Otra residente en la zona dijo a Caras y Caretas que “no es justo que el Gobierno departamental nos arruine la vida para favorecer a un privado. Nosotros vivimos acá todo el año, trabajamos en Maldonado, construimos nuestra casa con mucho esfuerzo y con esfuerzo la hemos ido mejorando porque queríamos llegar a viejos viviendo tranquilos, con vecinos que conocemos y en un precioso lugar que tiene normas constructivas muy estrictas. A mí me las impusieron cuando hice mi casa. Ahora viene este señor con esa mole, nos cambiará nuestra forma de vida y, peor, afectará gravemente nuestro patrimonio, porque ¿quién querrá vivir cerca de esta mole de hormigón?
Ya he visto cómo en este mismo barrio, y permitiendo construcciones con importantes excepciones para favorecer a empresarios extranjeros, le arruinaron la vida a los vecinos que hasta tienen dificultades para alquilar o vender su casa, por las que pagan impuestos más altos por ser ‘barrio jardín’”, dijo la mujer, que solicitó mantener su nombre en reserva “porque no quiero más líos”.
Por su parte, el abogado José Luis Sciandro, experto en derecho ambiental, explicó que “el artículo 330 de la Constitución es un mecanismo de democracia directa que permite, ante lo que se interpreta como un abuso de poder, que se manifiesta a través de la violación de normas constitucionales, que los vecinos del departamento que se sientan directamente afectados por estas resoluciones del intendente o de la Junta Departamental puedan pedirle a la Cámara de Diputados solamente que revise la acción del Gobierno departamental”. Agregó que “los requisitos son presentarse en un plazo determinado y juntar más de mil firmas de personas del departamento. Ese es el mecanismo que utilizamos para oponernos a esta excepción dada en este lugar tan especial de la ciudad de Maldonado, donde no hay falta de inversión, ya que recientemente se han construido seis edificios”.
Sciandro dijo que “lo que no aparece como justificado es darle a una persona 14 pisos más de los que se le dieron a los otros. Entonces, como todo acto administrativo, acto público, tiene que tener un interés general, no puede tener un interés individual o subjetivo que afecte justamente la igualdad que tenemos todos ante la ley. En eso nos fundamos para decir que se estaba afectando el interés general y por supuesto que esto además está fundado en razones urbanísticas, que obviamente los arquitectos que están en el grupo han argumentado muy bien”.
El abogado aclaró que en esta instancia no actúa como profesional sino como vecino de la zona. “Hace mucho tiempo trabajo en el CURE (Centro Universitario Regional del Este), específicamente en cómo se ordena el territorio en el departamento de Maldonado, y este tipo de excepciones han sido objeto de análisis académico. Entonces estamos trabajando a nivel de extensión y además como vecino del departamento.
El recurso ante Diputados se presentó en tiempo y forma, y se le dio trámite. La Comisión de Constitución y Códigos nos recibió y la delegación de vecinos fue escuchada. También lo fue la Intendencia de Maldonado.
Obviamente, esta es una cuestión que involucra muchos intereses, entonces no es fácil prever lo que puede pasar en ese ámbito. Sí deseamos que se cumpla con la instancia que prevé la Constitución y que la Cámara trate el problema, que llegue al plenario y que en definitiva sean los diputados los que analicen el caso”, dijo Sciandro.
Un residente en la zona dijo también al periodista Rabuñal que “los ediles padecen algo así como un síndrome de Estocolmo. Fíjese que 21 ediles votan estas excepciones en la última sesión del periodo legislativo anterior y luego se juntan para votar un reconocimiento al inversor. Es increíble porque el tipo está violando todas las normas municipales de construcción y los ediles lo autorizan y lo aplauden. Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, dice que siempre que hay una reglamentación y un organismo con la potestad de cambiarla para favorecer a alguien, ahí hay corrupción”.
¿Qué dicen los vecinos?
En el documento de presentación ante la Cámara de Diputados, al que accedió Caras y Caretas, los 1400 firmantes dicen que “concurren en tiempo y forma a interponer el recurso previsto en el artículo 303 de la Constitución de la República contra el acto de gobierno departamental identificado como resolución Nro. 05737/2025, dictado con la anuencia de la Junta Departamental de Maldonado, identificada como Resolución Nro. 202/2025, en mérito a las siguientes consideraciones y fundamento:
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Nunca nos fue notificada, en forma, la resolución que recurrimos. Tampoco fue publicada en el Diario Oficial. Tuvimos conocimiento informal de la misma el día 24 de diciembre de 2025.
El predio está emplazado con frente a la Rambla Claudio Williman entre las calles Bolonia, Puerto de la Candelaria y La Paz. En él rige la normativa edilicia de la Subzona 3.2.1. Vías Principales y por implantación los de la Subzona 3.1.2. Todavía no se otorgó el permiso de construcción. De la simple lectura del Acto de Gobierno impugnado, resulta que se trata de una grosera excepción a la normativa de edificación vigente hace décadas en la zona. Donde solo se permiten edificios de 12 metros de altura, se habilita ahora un edificio de 55 metros de alto y un Factor de Ocupación Total del Suelo (FOS) que supera en un 331,05 % el máximo permitido por la normativa vigente.
Este es un ejemplo más de la política de excepciones al ordenamiento territorial implementado por el Gobierno Departamental de Maldonado, por medio de decretos que dejan sin efecto las directivas nacionales de Ordenamiento Territorial. Se aprobaron decenas de excepciones a la planificación territorial de diferentes tipos (principalmente alturas y factor de ocupación del suelo) en terrenos de Punta del Este, La Barra, Manantiales y Piriápolis cercanos a la costa. No existió para ello ningún instrumento previo, como por ejemplo un plan parcial de desarrollo territorial ni Programa de Actuación Integrada (PAI). Las excepciones simplemente contradicen las directrices departamentales o a la propia ley Nro. 18.308 de 16/08/2008 (en adelante LOTDS). El argumento para su aprobación es ‘agradecimiento al inversor’, sin ningún tipo de referencia a cuestiones vinculadas con el urbanismo o la estética, que en definitiva son el fundamento de la existencia del atractivo turístico del lugar.
La normativa de edificación que está vigente en la zona no permite la habilitación concedida; nos referimos concretamente a las Subzonas identificadas que emergen del Decreto Departamental Nro. 3718 del 23 de diciembre de 1997 y sus modificativos. Ahora, tomamos conocimiento de que por medio de ‘excepciones’ se otorgó la ‘viabilidad’ de permisos especiales que autorizaron la construcción de edificios de proporciones y altura no permitidos por la ordenanza de la construcción vigentes.
Se trata de establecer si es ajustado a derecho que se otorgue, por vía de excepción a las normas vigentes, sin ningún motivo fundado que lo justifique (interés general), beneficios económicos a un particular por medio de actos de gobierno. Entendemos que no, por las siguientes razones: esta viabilidad para incumplir las normas edificatorias a un particular constituye una clara hipótesis de abuso y desviación de poder que se manifiesta al violentar una larga lista de principios que conforman el ordenamiento jurídico de Uruguay. La viabilidad excepcional que se pretende otorgar en beneficio de personas jurídicas claramente identificadas como beneficiarias de la misma ha violentado principios consagrados a texto expreso en nuestro ordenamiento legal, claramente lesivos al interés general.
Es deber ineludible de toda Administración Pública obrar de buena fe. El carácter arbitrario del beneficio concedido en contra de los intereses de los vecinos inmediatos al predio favorecido revela una finalidad espuria que claramente colide con la más básica de todas las actitudes que han de regular el obrar de toda Administración de gobierno.
Nada ha demostrado en todo el actuar administrativo llevado a cabo por el Gobierno Departamental de Maldonado las razones de interés público. Desde la ausencia de estudios que especialmente se debieron realizar (impacto territorial) y hasta el dictado de la resolución que en definitiva otorgó el beneficio sin ninguna fundamentación o motivo. Es evidente que no ha obrado con lealtad hacia sí mismo y hacia la colectividad departamental que representa.
Existe una delgada línea entre legitimidad y arbitrariedad, y resulta claro que Intendencia de Maldonado la traspasó largamente.
También aparece claramente violentado el Art. 8 (igualdad ante la ley) de la Constitución. El propósito de conceder gratuitamente por parte del Estado privilegios a personas físicas o jurídicas individualizadas, con la excusa de agradecimiento al inversor por fomentar el trabajo, aparece como una desproporción ilegítima de la finalidad del acto, que enriquece sin motivo a determinadas personas cuyo mérito para la obtención de privilegios públicos no surge con claridad de la fundamentación del propio acto.
Finalmente, y previos los trámites correspondientes, solicitamos se sirvan declarar la nulidad absoluta del acto impugnado.
La “otras puertitas” del señor Grosskopf
En sus orígenes, Sergio Grosskopf era un hombre modesto que comenzó su vida laboral vendiendo zapatos.Tuvo la sagacidad, y los socios adecuados para dar origen en Buenos Aires a lo que sería una novedad comercial: los shoppings. Primero desarrolló el Alto Palermo y luego el Alto Avellaneda. Después los vendió al empresario inmobiliario Eduardo Elsztain. Además desarrolló los edificios Torre Château Libertador y Torre Château Puerto Madero.
A principios de los 90 se instaló en Miami para expandir el negocio familiar con Château Group, donde construyó condominios como Fendi Château en el Surfside, Château Beach en Sunny Isles Beach, Freedom Tower en el centro de la ciudad. También desarrolló las residencias Ritz-Carlton en Sunny Isles Beach. Se trata de una torre de 52 pisos con penthouses de entre 3 y 5 dormitorios, con terrazas y piletas privadas, con precios que trepan hasta los 21 millones de dólares.
A fines de los 90 comenzó dos proyectos en Punta del Este: la torre Nueva York, la única que construyó sobre La Brava, y el Beverly Tower, el primero sobre La Mansa, ubicado exactamente frente al Centro del Espectáculo.
Esta edificación estaba sobre la franja costera, había sido construida por el ingeniero uruguayo Eladio Dieste y tenía un techo abovedado característico del reconocido profesional. El edificio no estaba en buenas condiciones, pero era recuperable.
Exactamente a las 16 horas del 4 de julio del 2001 estallaron las 200 cargas dispuestas en cinco líneas con un punto de inicio de casi un kilo de dinamita cada una y un total de 50 kilos de explosivos controlados electrónicamente que derrumbaron la construcción, aunque casi increíblemente más de la mitad del techo cayó entero.
En el muelle de pescadores de Parada 3, habilitado especialmente para presenciar “el espectáculo”, se ubicaron los entonces ministros de Turismo, Alfonso Varela; y de Vivienda y Medio Ambiente, Carlos Cat; el intendente de Maldonado, Enrique Antía, junto a varios jerarcas municipales, y un importante número de altos oficiales del Ejército. El ministro Varela intentó convencer a los periodistas de que “la demolición tenía como objetivo la recuperación de la franja costera para disfrute del turismo”. Algo que luego se vio que no era cierto.
En la vereda de enfrente, Alfredo Etchegaray, relacionista público y último concesionario del Centro del Espectáculo, aseguraba a otros periodistas que “el edificio se demolió para proteger intereses privados” que no quiso identificar; “ustedes saben bien de qué hablo y tampoco quiero mencionar porque estoy harto de recibir presiones que hasta han afectado mi salud”. Pero reveló que “los propietarios del Beverly Tower recibieron su cuenta de gastos comunes aumentada con un aporte que debían hacer para pagar todo lo relacionado al Centro del Espectáculo”.
Lucho Avilés, periodista de la farándula argentina y propietario de un departamento en el Beverly Tower, reconoció a este cronista que “el consorcio había hecho gestiones para que se demoliera el Centro del Espectáculo porque arruinaba las vistas de la costa”.
Por su parte, el mismo día de la demolición el intendente Antía respondía airado a la periodista que le preguntó si “alguno de los empresarios de los edificios ubicados enfrente había colaborado en su campaña electoral”. El jefe comunal sostuvo que “eso era una canallada que tiene nombre y apellido y que no pienso responder”, y aseguró que “se presentaría en el juzgado para realizar la denuncia penal por difamación”, algo que nunca ocurrió.
También mintió cuando dijo que “no permitiría más construcciones en la franja costera”, porque pocos años después autorizó al hotel Conrad a construir en la playa, frente al establecimiento el parador Ovo Beach.
En tanto, Grosskopf ha continuado desarrollando edificios, siempre bajo gobiernos nacionalistas.
En el año 2014, el empresario fue a reunirse con el entonces intendente frenteamplista Óscar de los Santos, para presentarle una vez más su proyecto Fendi Château de Parada 17. “Es un hombre muy amable y con la misma amabilidad le dije ‘mire, don Sergio, no insista, no voy a autorizar un edificio de esa altura sobre la playa, no quiero que acá nos pase lo mismo que en Pocitos’”.
De los Santos recordó que el empresario “se levantó de la silla, me extendió la mano y dijo ‘no se preocupe, don Óscar, pronto usted ya no estará acá y entonces yo volveré…’”. Que fue exactamente lo que ocurrió. El Gobierno de Antía le autorizó todas las excepciones que pidió y hasta le vendió una calle para que pudiera construir una piscina.
Lo último que hizo el exintendente antes de dejar el cargo fue autorizar este nuevo edificio resistido por los vecinos. Un lío que le heredó a Miguel Abella.
Algún día, algún fiscal se dará cuenta de que la mayoría de ediles blancos, integrantes de la Comisión de Obras de la Junta Departamental que aprobó todas estas excepciones, son también operadores inmobiliarios, y por lo tanto posibles beneficiarios de sus resoluciones de gobierno.
