Un contexto alarmante
Durante su intervención, Cosse expuso la gravedad de la situación local mediante datos estadísticos alarmantes. Señaló que entre enero y octubre de 2025, Uruguay registró 35.443 denuncias por violencia doméstica o de género, lo que equivale a una denuncia cada 12 minutos. Asimismo, señaló que ocho de cada diez víctimas son mujeres y detalló que en el último año se detectaron 9.178 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, de las cuales más de 2.500 corresponden a casos nuevos.
“Para nosotros en el Parlamento es un gran honor y un gusto recibir hoy acá a gran parte de la delegación que formó parte de un viaje político-técnico en el marco de un programa de cooperación en el que agradecemos profundamente a las Naciones Unidas, a la Unidad de ONU Mujeres, AECID y AUCI”, expresó Cosse.
Al contrastar la realidad local con la experiencia argentina, la presidenta del Parlamento reconoció los avances recientes de Uruguay, como la incorporación de la aplicación Elida 360 al sistema de tobilleras electrónicas y la labor de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. Por otro lado, valoró el abordaje integral del modelo cordobés, que contempla tanto la autonomía económica de las víctimas como la intervención con los agresores.
“Es una experiencia verdaderamente impactante, donde el hecho de compartir un único lugar físico y de tener en el mismo lugar el área de denuncia, el área policial, el área judicial, el área de capacitación y de nuevas oportunidades para las mujeres, el área de soporte, obligó, que además tiene 10 años esta experiencia, obligó a estas instituciones a repensar sus procedimientos y a caminar de la mano durante 10 años para lograr los números que estoy compartiendo con ustedes ahora”, detalló.
La necesidad de evaluar y adaptar
Por su parte, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, puntualizó que, si bien Córdoba comparte similitudes demográficas con Uruguay, existen diferencias estructurales clave, como la pertenencia del Ministerio Público y Fiscal al propio Poder Judicial argentino, un diseño distinto al uruguayo que modifica la óptica de las respuestas institucionales. La magistrada enfatizó la necesidad de evaluar los aprendizajes bajo el tamiz de la normativa nacional.
“Como todo conocimiento nuevo nos aporta cosas, pero que deben de ser adaptadas y analizadas desde el punto de vista de nuestra legislación y de nuestro derecho. También yo quiero resaltar que Uruguay es la única democracia plena de América del Sur y eso permite que participemos todos los poderes en el análisis de un tema del país y cada uno aportemos desde nuestro punto de vista lo que consideremos que corresponde, descontando y resaltando fundamentalmente la independencia del Poder Judicial”, afirmó Morales.
Una respuesta sin revictimización
Finalmente, la Directora de INMUJERES, Mónica Xavier, repasó el año de trabajo previo en intercambio de prácticas y dificultades que dio sustento a la misión. Xavier adelantó que el proceso continuará con la elaboración de hojas de ruta para identificar los principales nudos críticos de cada país, proyectando una adopción gradual de este tipo de estrategias en el sistema de respuesta uruguayo.
“Esto para nosotros es un modelo que debe realmente introducirse en la respuesta, no será de un día para el otro, no será con todos los ámbitos que hoy tiene el pueblo de Córdoba, que son 14 instituciones, por tanto, como decía la vicepresidenta, se atiende a la mujer una vez que llega, con sus hijas e hijos, como lo hacemos también nosotros, pero con una ruta en la cual, no está la revictimización que los Estados hacemos de las personas en situación de violencia”, concluyó Xavier.
