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Columna destacada | derecha

Derecha irresponsable y bipolar

El insólito anuncio de la Coalición Republicana de que no votará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en general en la Cámara de Representantes constituye un cabal testimonio de la irresponsabilidad institucional de los tres partidos que la integran.

Las mayores objeciones son el aumento del gasto de 31 millones de dólares destinado a la baja de la pobreza infantil, que era un compromiso de campaña de todas las colectividades. Esta actitud contradice la de la propia oposición durante el debate de la Ley de Presupuesto, cuando estos engendros indigeribles reclamaron un mayor gasto, ya que consideraban que la asignación incremental de 140 millones para todo el período era insuficiente.

Es obvio que influyó en forma determinante la actitud de los blancos, que son la locomotora de este ferrocarril de tres vagones que, a menudo, no suelen ponerse de acuerdo ni entre ellos ni hacia sus internas. El anuncio no nos toma de sorpresa luego de la virulencia del senador Sergio Botana en la interpelación realizada al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la cual el parlamentario descalificó el crecimiento de la economía en 2025 que, aunque fue magro, superó el promedio del período pasado. Tampoco valoró la mejora del salario real, que empardó a toda la del período anterior, ni la recuperación de las pasividades, ni la caída moderada de la pobreza infantil ni la baja de la tasa del desempleo. La de 2025 no fue una gestión de gobierno de ensueño, pero, en apenas un año, fue mejor que la del período 2020-2024, que tuvo rebaja salarial los tres primeros años y una recuperación de apenas un 2,6 % en cinco años.

Botana pertenece al partido de la motosierra que instituyó el expresidente Luis Lacalle Herrera en su gobierno. Son los campeones del recorte. Incluso, en el primer año del período pasado, ejecutaron apenas el 85 % del presupuesto vigente para ahorrar 600 millones de dólares. Para Botana, el impulso a la economía depende de que el Estado gaste menos y cobre menos impuestos para que las empresas puedan mejorar su productividad, pese a que hay evidencias que corroboran todo lo contrario. Botana omitió recordar que durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y el de Jorge Batlle fueron abatidos sustantivamente los aportes patronales a la seguridad social en la industria manufacturera que, en algunos casos, terminaron siendo cero. El propósito era mejorar la competitividad y bajar el costo país. Sin embargo, esa experiencia terminó, entre otras consecuencias, en la debacle social y económica de 2002. Los blancos fueron cómplices de ese proceso porque integraron sendos gobiernos de coalición encabezados por el Partido Colorado.

Actualmente, el aporte patronal es del 7,5 %, exactamente la mitad de lo que aporta un trabajador a la Seguridad Social, y considerablemente más bajo que el de Argentina y Brasil. Es decir, contratar personal no es caro, como pregonan los empresarios, que además, en el caso del gran capital, gozan de exoneraciones que suman 4.800 millones de dólares anuales.

Alineado con el discurso empresarial, el senador blanco fustigó la baja del dólar que, a su juicio, afecta la competitividad, y criticó al Banco Central del Uruguay, pese a que la autoridad monetaria mantiene una política de flotación sin intervención estatal. Incluso, volvió a criticar el sistema de compra con tarjetas, poniendo como ejemplo lo que pierde un almacenero del interior cuando vende un litro de leche. Es bien sabido que, salvo en el caso de salarios y jubilaciones, que en la mayoría de las situaciones se pagan por medios electrónicos, ningún comerciante tiene obligación de aceptar ni tarjetas de crédito ni de débito. Con esta reiterada afirmación, Botana ratifica la tendencia de su partido a promover la evasión fiscal y la informalidad laboral, porque un trabajador informal no cobra por medios electrónicos, ya que para el Banco de Previsión Social no existe y no tiene derecho a cobrar el laudo, ni licencia, ni aguinaldo, ni salario vacacional ni subsidio por enfermedad.

No faltaron las críticas a los tributos aprobados por en el marco de la Ley de Presupuesto que, salvo en el caso de las denominadas compras TEMU, no impactan a los sectores de ingresos fijos, ya que lo que se grava es el capital trasnacional radicado en nuestro país y los activos de uruguayos en el exterior.

También cuestionó las conclusiones del Diálogo Social, cuyo propósito es corregir algunas inequidades de la reforma de la seguridad social instituida por la derecha en 2023, que perjudican, por ejemplo, a los pensionistas por discapacidad y a las mujeres que quedan viudas, así como aumentar las transferencias a las familias pobres con niños.

Lo único que le preocupa al partido de Botana y a sus socios colorados es el estatus de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, que defienden como si se tratara de las joyas de una reina, pese a que éstas rapiñan a mansalva a sus afiliados, particularmente a los pasivos más pobres.

Sin tiempo de analizar el proyecto radicado en la Cámara Baja, donde el Frente Amplio carece de mayoría parlamentaria, estos reaccionarios apuntan a bloquear las mejoras incluidas en la iniciativa, como el aumento y la unificación de las transferencias monetarias a las familias más vulnerables, que podría bajar la pobreza en la franja de 0 a 6 años de edad en un 25 % y, por la vía de la redistribución, las mejoras destinadas a la seguridad, a la educación y a la atención de las personas en situación de calle, que hace un año compartían. Obviamente, se critica el aflojamiento de las condiciones para que las familias más vulnerables reciban estos beneficios.

Los peores detractores fueron el colorado devenido rosado Andrés Ojeda, y el inefable Javier García, cuyo destino debería ser la imputación penal por abuso de funciones por la adjudicación de las patrulleras oceánicas a una empresa estafadora.

Sólo les preocupa el supuesto incumplimiento de la promesa de campaña de crear 2000 nuevos cargos en la Policía, porque su prioridad es la represión del delito, sin contemplar sus causas sociales, y los nuevos tributos, que no afectarán el bolsillo de trabajadores ni de los jubilados y sólo gravarán a las ganancias de las multinacionales y los activos de uruguayos ricos en el exterior.

Robert Silva, una suerte de Torquemada cuando dirigió la ANEP, persiguiendo y sumariando docentes como en los tiempos más oscuros, se despachó a gusto al inventar que el gobierno pasado destinó 50 millones de dólares para abatir la pobreza infantil. Paradójicamente, sólo lograron aumentarla. ¿Le “falló la aritmética” o se digirió el “sueño mojado” del batllismo que ironizó Sebastián Da Silva, que provocó el enojo de sus socios coalicionistas? Si un niño mezcla todos los cromos en plasticina obtiene un marrón oscuro muy similar al de las heces. Este producto multicolor puede ser aplicado a cierta política.

Los dos votos que faltan los puede aportar Cabildo Abierto, que, según Guido Manini Ríos, quien calificó el planteo coalicionista como “medio infantil”, se comprometió a estudiar, junto a su bancada, todos los aspectos del proyecto antes de votar. Es una actitud responsable que colisiona con la irresponsabilidad de sus exsocios. Si la iniciativa se aprueba en Diputados, tendrá andamiento, ya que el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado.

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