Todo fue un mero espejismo y, a partir de 2022, la tasa delictiva comenzó a ascender vertiginosamente, fundamentalmente en lo que atañe a los homicidios, al punto que entre 2020 y 2024 hubo más asesinatos que en el quinquenio 2015-2019, durante el tercer gobierno del Frente Amplio. Estos son datos estadísticos irrefutables, pese a que los dos primeros años de ese gobierno se vivieron en pandemia, lo cual torna imposible comparar ambos períodos, por la inviabilidad de parangonar 2020 con 2025.
En ese contexto, pese a la anómala situación que padeció la población, en el quinquenio multicolor los asesinatos sumaron 1.729, mientras que entre 2015-2019 se registraron 1.624 homicidios. Es decir, bastante menos.
El Frente Amplio no ganó las elecciones prometiendo soluciones mágicas, sino mucho trabajo y abordar el tema de la inseguridad en todas sus dimensiones. Incluso, elaboró un proyecto que abarca todas las facetas de esta aguda problemática, a diferencia de la Administración derechista anterior, que creyó que combatir a la delincuencia era changa y prometió más de los que sus posibilidades le permitieron en cinco años de gestión.
Incluso, estos engendros convencieron a los uruguayos de que la caída de las denuncias equivalía a la caída de los delitos, cuando eso es una grosera falacia. En efecto, está totalmente comprobado, en función de las encuestas de victimización elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, que únicamente entre el 27 % y el 35 % de los robos y rapiñas sin violencia son denunciados por la población, lo cual permite concluir que hubo subregistro, ya que sólo el testimonio de las víctimas es válido. Lo cierto es que no se solían denunciar algunos ilícitos leves porque la propia Policía, seguramente por orden superior, lo desestimulaba con su actitud prescindente y por diversas trabas en las propias comisarías, donde lo normal era no atender los teléfonos o someter a las víctimas a extenuantes esperas. Así, en los casos en los cuales los delitos no revestían gravedad, los damnificados optaban por no denunciar.
En el período pasado, la política de seguridad del gobierno de Lacalle Pou se limitó a reprimir, mediante nuevas figuras penales consagradas en la Ley de Urgente Consideración, que aún está vigente. El resultado fue un aumento de más del 50 % de las personas privadas de libertad y un explosivo incremento del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, que están a un 120 % de su capacidad, con celdas con espacio para cuatro presos que son habitadas por ocho o diez reclusos.
El Partido Nacional nunca tuvo un plan ni nunca tuvo un ministro, porque el blanco Jorge Larrañaga, que se preparó para el cargo estudiando el fenómeno de la delincuencia, falleció luego de ocupar dicha jerarquía durante apenas catorce meses.
En ese contexto, el presidente Luis Lacalle Pou apeló —como un manotazo de ahogado— a una persona de su confianza política y personal como el impresentable Luis Alberto Heber, quien siempre reveló una total y absoluta incapacidad en materia de gestión y solo será recordado, por ahora, por haber avalado el otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset y por haberle mentido groseramente al Senado al afirmar, en una escandalosa interpelación, que ignoraba los antecedentes de este delincuente. Pese a que no fue imputado por la Justicia por falta de pruebas, en su escrito de clausura de la causa, el propio fiscal Alejandro Machado afirmó que tanto Heber como Bustillo le habían mentido al Senado, pero que esa actitud no ameritaba reproche penal.
Como se recordará, Luis Alberto Heber, al igual que el canciller Francisco Bustillo, fueron cesados por el presidente Luis Lacalle Pou a raíz del escándalo que detonó por la presunción de que el por entonces asesor presidencial Roberto Lafluf habría destruido documentación sobre el caso que debía ser derivada a la Justicia.
Luego del cese del patético y alcohólico Heber, Lacalle Pou ensayó un segundo manotazo y designó a Nicolás Martinelli, quien fue asesor en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Presidencia de la República por el único mérito de ser amigo personal del hoy exmandatario blanco. Es decir que, en el último tramo del gobierno coalicionista, el Ministerio del Interior estuvo a cargo de una persona carente de competencia e idoneidad y su gestión fue acorde a su ignorancia.
En cambio, el actual ministro del Interior, Carlos Negro, ejerció como fiscal durante 31 años y los últimos tres como fiscal de homicidios, lo cual le otorgó una vasta experiencia en el abordaje de casos criminales y en el trabajo con la Policía. Obviamente, no hay punto de comparación entre él y sus ineptos predecesores.
En ese marco, elaboró el primer plan de gobierno en materia de seguridad de la historia, que aborda el tema desde todas las dimensiones posibles: la preventiva, la represiva, la social y, naturalmente, la educativa. El abordaje de esta problemática debe ser preceptivamente social, porque, si no se combaten las causas del delito y si se sigue haciendo lo mismo, el resultado será igual.
Parece insólito que esta manada de fracasados y meros rumiantes de la política exijan la remoción de un ministro calificado que lleva apenas quince meses al frente de la Secretaría de Estado. Es claro que están pretendiendo exorcizar sus propias culpas y su paupérrimo desempeño.
