El enojoso episodio se originó cuando, ante una denuncia del edil colorado Esequiel Ibarra, el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Alfredo Asti, le envió un oficio al senador Pedro Bordaberry para solicitarle información sobre la presunta participación de Robert Bouvier, director de AFE por la oposición, en un evento político partidario celebrado a principios de agosto de 2026 en Florida. Debido a su cargo en un ente público, Bouvier tiene una prohibición constitucional de participar en actividades políticas.
La ocasión fue un encuentro registrado el 1° de agosto en la Asociación Rural de Florida, con motivo de recibir al diputado colorado Walter Cervini —integrante de Vamos Uruguay, sector liderado por Bordaberry—, tras un largo percance de salud que lo mantuvo fuera de actividad varias semanas.
En la misiva que recibió Bordaberry se indica que Bouvier “habría participado de un acto político partidario”. El denunciante alega “que la naturaleza político-partidaria del evento surge de registros audiovisuales, fotografías y publicaciones periodísticas que acompaña como prueba documental”.
Según el medio local Florida Noticias, fue un acto de tinte político, en el cual el exsenador Pablo Lanz manifestó su orgullo por pertenecer al sector Vamos Uruguay y aseguró que el compromiso de quienes participan en la actividad política está orientado a trabajar por el bienestar de la sociedad. “Todos los de Florida saben que hemos transitado nuestra vida cercanos a la política, pensando en el bienestar general y en qué podemos hacer para que a todos nos vaya mejor”, concluyó. La alocución fue confirmada por TV Florida. Aparentemente, no hay dudas de que se trató de un acto partidario. Bouvier debería renunciar porque violó la Constitución.
Bordaberry propuso en el Senado que se aprobara una moción que declarase “improcedente” el accionar de la Jutep, la cual no contó con el apoyo del FA y no se aprobó. En ese sentido, argumentó que la Constitución establece que en estos casos “será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales la Corte Electoral”.
“Un director de un órgano sin competencia para ello pretende interrogar a un senador de la República por su presencia en un encuentro en que participó un director de ente y lo hace bajo el rótulo de corrupción”, cuestionó. Su colega y compañero de bancada, Andrés Ojeda, calificó a la Jutep de “Gestapo”, en alusión a la policía secreta nazi, a cuyo cargo estaba perseguir y encarcelar a los opositores al régimen, la mayoría de ellos judíos.
Pedro Bordaberry, quien, junto a los demás miembros de la Coalición Republicana, denunciarán penalmente a Asti por presunto “abusos de funciones”, acusó al jerarca de “perseguir a adversarios políticos”. En ese marco, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz recordó que, en el gobierno pasado, fueron espiados los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. “Si habrá que tener estatura moral y ética para hablar de la defensa de la democracia”, afirmó enfáticamente.
Viniendo de un Bordaberry, esta acusación es una suerte de ironía, ya que su padre fue un dictador que encabezó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, conjuntamente con una camarilla militar. En su gobierno autoritario, incluso antes de la ruptura institucional, fueron perpetrados aberrantes crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución y encarcelamiento de opositores, torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones.
El apellido Bordaberry tiene una genética golpista, ya que Juan María Bordaberry, el padre de Pedro, fue un golpista, y su abuelo estanciero, Domingo Bordaberry, apoyó el golpe de Estado perpetrado en 1933 por Gabriel Terra. Pedro Bordaberry jamás cuestionó la conducta delictiva de su padre. Evidentemente, el que calla otorga, según reza un conocido dicho popular.
Al respecto, volviendo al verbo arrastrar, que invocó el legislador colorado para referirse a Asti, es menester recordar el Pacto de Boiso Lanza firmado en la base aérea homónima, entre Juan María Bordaberry y los mandos militares, el 12 de febrero de 1973, luego de la insubordinación castrense registrada el 9 de febrero.
El mandatario aceptó todas las imposiciones de los uniformados, incluyendo cambios ministeriales y en otros organismos del Estado, y la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un colegiado cívico militar a cuyo cargo estuvo la organización de la represión, donde se habrían planeado los asesinatos del senador frenteamplista Zelmar Michelini y del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz. En esas circunstancias, el padre de Pedro se arrastró ante los militares para conservar la presidencia, aunque tres años después fue derrocado y sustituido por su correligionario Alberto Demicheli, quien fue ministro del Interior del dictador Gabriel Terra.
Antes de insultar soezmente a otra persona como si fuera un mero pendenciero de barrio, este esperpento debería pedir perdón por los crímenes perpetrados por su progenitor.