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Sigue existiendo el Día de la Raza. Cambiar un nombre no resuelve el racismo; conservar sin cuestionamientos las palabras heredadas de una mirada colonial, tampoco es neutral.
por Susana Andrade
Cargamos todavía con una denominación que merece una revisión profunda. 12 de octubre del 2026, pone sobre la mesa las deudas de un país que avanza reconociendo la necesidad de igualdad en derechos y oportunidades, aunque no termina de revisar su simbología colonialista.
Sucede a pesar de los esfuerzos sostenidos de la sociedad civil, de las organizaciones afro e indígenas, de quienes trabajan por los derechos humanos y de tanta gente que hace muchas décadas reclama una memoria honesta.
Mientras en numerosos países esta discusión ha avanzado hacia el cuestionamiento de las denominaciones heredadas del colonialismo y el reconocimiento de sus raíces fundantes y avasalladas; en Uruguay la herida continúa abierta y vuelve a ser una oportunidad para preguntarnos por qué.
¿A quiénes favorece que este nombre no se toque? ¿De qué raza hablamos si el término ya no aplica para seres humanos? ¿Quiénes quedan representados en esa denominación? ¿Qué historia estamos contando cuando destacamos una fecha que recuerda la violenta llegada europea a América, el inicio de la barbarie imperialista y un proceso histórico marcado por el sometimiento y genocidio de los pueblos originarios y la esclavización de millones de personas africanas?
No se trata de borrar la historia, sino de dejar de contarla desde una sola perspectiva. No se trata de negar el cruce biológico y cultural obligado por la invasión, sino de reconocer las relaciones de poder, la violencia y las resistencias que también formaron parte de ese proceso.
El problema no es solamente cómo llamamos a una fecha, sino qué visión del mundo seguimos legitimando cuando conservamos símbolos que revictimizan a quienes sufren las consecuencias de la negación de sus culturas avasalladas.
El racismo estructural no se manifiesta únicamente en insultos, agresiones o actos explícitos de discriminación. Se reproduce y más en las instituciones, en las desigualdades persistentes, en los conocimientos que se excluyen de la educación y en las historias que nunca llegan a ocupar el lugar que merecen en la memoria colectiva. El silencio también reproduce inequidades, porque oculta el relato completo de nuestra formación institucional. Es un reclamo que interpela, buscando asegurar las garantías del nunca más crímenes de lesa humanidad, pues en la tendencia al olvido, habitan la impunidad y el riesgo de la repetición.
Uruguay en sus inicios, construyó una identidad nacional que solía presentarse integradora, igualitaria y ajena a los conflictos raciales. Esa imagen ha ido perdiendo fuerza frente a las dificultades reales de inserción social de una población racializada, cuyas penurias no terminaron con ninguna abolición formal, creada de espaldas al padecimiento endémico de una gran parte de su ciudadanía.
La presencia afrodescendiente no es un capítulo secundario de la historia uruguaya. Tampoco lo son los pueblos originarios, sus descendencias y sus legados. Son parte constitutiva de este país, aunque durante mucho tiempo sus contribuciones hayan sido minimizadas, folklorizadas o directamente omitidas.
¿De qué sirve celebrar la diversidad si no revisamos los relatos oficiales que transmitimos a las nuevas generaciones? ¿De qué sirve reconocer el aporte afro del candombe si no reconocemos también su historia, sus luchas, sus espiritualidades y sus múltiples expresiones culturales?
La diversidad no puede ser un decorado en los discursos. Debe tener presencia efectiva en la educación, la cultura, la investigación, las políticas públicas y los presupuestos del Estado. Las leyes son necesarias, pero no alcanzan por sí solas; debemos preguntarnos cuánto se ha transformado efectivamente la realidad. ¿Cuánto se cumplen las medidas de acción afirmativa? ¿Se incorpora de manera suficiente la historia afrodescendiente e indígena en la educación? ¿Se destinan recursos sostenidos a preservar las memorias históricas afroindígenas y a combatir las desigualdades? ¿Tienen las comunidades involucradas una participación real en las decisiones que las afectan?
La historia de nuestra orientalidad no comenzó con la llegada de los europeos. Tampoco puede explicarse sin los pueblos indígenas, sin África y sin las generaciones afrodescendientes que contribuyeron a la construcción de este país con su trabajo forzado, sus saberes, sus lenguas, sus rituales, su música, sus luchas y sus resistencias.
Sin embargo, ¿cuánto de esa historia conocen nuestras niñas y nuestros niños? ¿Cuánto espacio tienen las voces afro e indígenas en los materiales educativos, en los relatos oficiales y en las políticas culturales? No alcanza con dedicar días especiales si el resto del año seguimos reproduciendo una historia incompleta.
El reconocimiento sin monitoreo del cumplimiento corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones. Y la igualdad escrita en una ley, si no se traduce en derechos efectivos, sigue siendo una promesa pendiente.
También hay que actualizar la legislación. El odio racial cambia de escenarios, de lenguajes y de herramientas. Hoy las redes sociales son espacios de hostigamiento, amenazas, persecución y difusión masiva de expresiones racistas y discriminatorias. Una persona puede ser atacada por el color de su piel, sus creencias, su identidad sexual, origen étnico o su pertenencia cultural ante miles de usuarios, con consecuencias que trascienden ampliamente el ámbito digital.
Uruguay ya cuenta con normas penales contra determinadas conductas de odio. La discusión legislativa debe concentrarse en examinar si esas herramientas son suficientes y cómo aggiornarlas frente al acoso sistemático, las campañas persecutorias y las nuevas formas de violencia digital. No se trata de penalizar opiniones incómodas ni de restringir la libertad de expresión. Se trata de tener instrumentos claros y proporcionados frente a las amenazas, la incitación a la violencia y las conductas discriminatorias que efectivamente constituyen delito, contando con todas las garantías legales, locales e internacionales.
A esa agenda se suman otras necesidades: fortalecer la educación antirracista, garantizar el cumplimiento de las acciones afirmativas, reconocer los legados indígenas, proteger las expresiones de matriz africana y originaria, y construir políticas culturales que no reduzcan la diversidad a una celebración ocasional.
El Parlamento tiene una responsabilidad particular en esta tarea. Las normas deben acompañar las transformaciones sociales, pero también pueden contribuir a impulsarlas.
Hay algo profundamente contradictorio en que una sociedad proclame la igualdad de todas las personas y, al mismo tiempo, postergue indefinidamente la revisión de sus símbolos, sus prácticas y sus relatos históricos. ¿Hasta cuándo tendremos que explicar lo evidente? No estamos defendiendo que se imponga una memoria única ni que se sustituya una hegemonía cultural por otra. Estamos diciendo que la historia se cuente de manera completa, que las voces históricamente silenciadas sean escuchadas y que el reconocimiento de la diversidad se traduzca en políticas concretas.
Las denominaciones oficiales importan porque el lenguaje expresa valores y transmite una determinada interpretación de la historia. Revisarlas no resuelve por sí solo el racismo estructural, pero negarse siquiera a discutirlas puede revelar cuánto cuesta revisar las herencias ideológicas del colonialismo.
Por eso, el debate sobre el 12 de octubre no debería reducirse a una disputa terminológica. Debe formar parte de una discusión más amplia sobre qué país queremos construir a futuro, qué memoria queremos transmitir y qué compromisos estamos dispuestos a asumir para garantizar una igualdad real.
La democracia también se mide por las historias que reconoce.
Uruguay tiene la oportunidad de profundizar una democracia que no se conforme con proclamar derechos valorando aportes que no siempre recibieron el merecido reconocimiento, cuando el relato oficial todavía no los posiciona como protagonistas, sino como invitados ocasionales a la identidad nacional.
Este 12 de octubre la pregunta sigue: ¿Por qué Uruguay continúa arrastrando una denominación que tantas voces han cuestionado y qué estamos haciendo para que el reconocimiento de nuestra diversidad fundacional deje de ser una deuda?
El racismo sigue teniendo su día en Uruguay no porque toda la sociedad comparta esa mirada, sino porque todavía nos cuesta transformar las herencias supremacistas históricas en políticas de reconocimiento, reparación e igualdad.
La responsabilidad no recae sobre quienes llevan décadas reclamando el cambio de nombre al día de la raza. Recae también sobre las instituciones que deben escuchar, legislar, asignar recursos y actuar. No alcanza con recordar. No alcanza con reconocer. No alcanza con cambiar las palabras.
Hay que transformar las estructuras que producen desigualdad y garantizar que ninguna persona tenga que renunciar a sus tradiciones, sus relatos, su espiritualidad, en definitiva, a su dignidad para ser reconocida plenamente como parte del Uruguay, en un presente republicano y sólidamente democrático.