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Columnas de opinión | Venezuela | gobierno venezolano | flexibilización

Negociación

Venezuela: diálogo, flexibilización de sanciones y horizonte electoral

Se reanudó el diálogo entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de oposición en México, y Washington anunció cambios en una sanción

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Caras y Caretas Diario

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El gobierno venezolano y un sector de la oposición retomaron la mesa de negociaciones en México, logrando un acuerdo sobre fondos congelados, y Washington anunció una autorización de operaciones a Chevron en Venezuela. En el horizonte: las próximas presidenciales.

El gobierno venezolano y el sector de la oposición reunido en la Plataforma Unitaria volvieron a sentarse oficialmente. Ocurrió en México, luego de más de un año de suspensión de los diálogos entre las partes, con mediación internacional del Reino de Noruega. Ambas delegaciones volvieron a viajar desde Caracas a la capital mexicana, la primera encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y miembro del buró político, Jorge Rodríguez, y la segunda con la figura de Gerardo Blyde al frente, al igual que en 2021.

El encuentro era esperado producto de una serie de señales diplomáticas ocurridas poco antes. La última: la reunión a mediados de noviembre de mes en París, en la que estuvieron las dos partes venezolanas, el presidente francés, Emmanuel Macron, el colombiano Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernández y el gobierno noruego. Parecía cuestión de alinear al conjunto de actores y sus diferentes tiempos, como el paso de las elecciones de medio término en Estados Unidos (EEUU), país cuyo gobierno no figura directamente en la mesa de México, pero tiene un rol determinante.

“Desde hace cuatro a cinco meses hemos venido teniendo reuniones discretas, en secreto, con este sector de la oposición”, explicó Rodríguez antes de partir hacia México. Lo acordado quedó firmado en el llamado Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, un documento que se enmarcó dentro del Memorándum de Entendimiento del 13 de agosto de 2021, cuando comenzó el actual proceso en curso. “Hemos signado un acuerdo histórico […] un acuerdo social para atender directamente a nuestro pueblo”, afirmó el jefe de la delegación del gobierno desde la capital mexicana.

Atención social

“Se ha acordado instrumentar en el país un programa que permita revitalizar y reforzar parcialmente el sistema público nacional de salud y la prestación del servicio […] la estabilización del sistema eléctrico nacional, la ampliación del Programa Mundial de Alimentos que ya se ejecuta en el país, la atención de parte de la infraestructura de educación pública, y la implementación de respuestas a las consecuencias de las lluvias torrenciales”, indica el punto 3 del acuerdo correspondiente al apartado de “medidas de protección social”.

Uno de los puntos centrales acordados fue el financiamiento del programa, que provendrá de “un conjunto de recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder progresivamente”. Es decir que parte de los activos financieros del Estado venezolano congelados a partir del año 2019 -año en que Juan Guaidó fue reconocido como “presidente interino” por diferentes gobiernos- en bancos internacionales serán devueltos para volcarse a la atención social. Varios medios señalaron que el monto podría ser de alrededor de 3.000 millones de dólares.

El otro punto central del Acuerdo Parcial es que la Organización de Naciones Unidas (ONU) tendrá un apoyo en la “implementación” del acuerdo, “incluido el diseño, establecimiento e implementación” de los recursos reunidos en el fondo. La ONU ya confirmó que cooperará en dicho acuerdo, lo que significa que el dinero podría ser administrado exclusivamente por la ONU a través de sus diferentes agencias, lo que llevó a la oposición a afirmar que “ni un solo dólar va a cuentas del régimen”, como sostuvo Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, presente en México.

¿Quién tiene la capacidad de ordenar un descongelamiento de los fondos retenidos en el sistema financiero internacional? La respuesta no parece encontrarse dentro de la oposición venezolana reunida en México, sino en EEUU, desde donde se construyó el bloqueo económico sobre Venezuela durante varios años dentro de la estrategia conocida como “máxima presión”. Washington anunció el mismo día de la firma del acuerdo una decisión también esperada: el cambio de licencia para la petrolera Chevron en sus operaciones en Venezuela.

Chevron

La administración de Joe Biden afirmó durante meses que consideraba una posible flexibilización de las sanciones a Caracas, pero que sucedería únicamente si ambas partes volvieran a sentarse en México. La celeridad entre el regreso a la capital azteca y el anuncio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro fue notoria: la misma tarde de la firma se difundió la comunicación oficial de la ampliación de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para sus operaciones en Venezuela.

La empresa norteamericana contaba con una licencia para permanecer en Venezuela con el mínimo de operaciones de mantenimiento de las instalaciones. A partir del cambio anunciado por la OFAC podrá ampliar sus operaciones para la producción y extracción de petróleo y derivados producidos por empresas mixtas Chevron-Pdvsa; exportar exclusivamente a EEUU; así como importar desde EEUU a Venezuela bienes o servicios relacionados con las nuevas actividades autorizadas. La exclusividad con el mercado estadounidense fue uno de los puntos más debatidos, junto a la no autorización de pagos o regalías al gobierno venezolano.

Esto último fue presentado por la oposición como la decisión estadounidense de impedir que la nueva licencia genere ganancias a la estatal Pdvsa y a las arcas del Estado. Sin embargo, como afirmó el economista opositor Francisco Rodríguez, “si bien la licencia prohíbe pagar regalías o impuestos directamente a Venezuela, esta restricción es puramente simbólica, quien paga la contribución fiscal a Venezuela no es Chevron, sino la empresa mixta venezolana -como Petropiar y Petroboscán-, en la cual Chevron es accionista minoritario”. Su posición se enmarcó dentro de un debate acerca de qué ganancias obtendrá Venezuela a partir de la nueva licencia.

El día martes tuvo lugar una fotografía entre el ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, y el presidente de Chevron, Javier La Rosa. “En las próximas horas firmaremos los contratos para impulsar el desarrollo de las Empresas Mixtas y la producción petrolera”, afirmó El Aissami. La imagen tuvo un elevado nivel simbólico: mostró el cambio de una política de intento de asfixia de la economía venezolana por parte de EEUU, al ingreso formal a una nueva etapa que tiene dos años por delante, es decir, el tiempo hasta las próximas elecciones presidenciales.

Los próximos pasos

“Este es el reinicio del proceso de negociación, ahora vamos a profundizar en muchos otros temas […] cómo garantizamos que haya condiciones electorales suficientes para que el voto del venezolano adentro y fuera de Venezuela se respete”, afirmó Blyde, al frente de la Plataforma Unitaria. “Eso es lo que viene, ahora entramos en la agenda política […] existe una gran posibilidad de lograr acuerdos en materia política, institucional, electoral y garantista”, agregó.

Lo anunciado de las conversaciones en México no incluyó hasta ahora las cuestiones electorales, algo sobre lo cual hace énfasis el conjunto de la fragmentada oposición venezolana. Sin embargo, el proceso con miras a las presidenciales, previstas para 2024 ya comenzó dentro del país, como puede verse en las dinámicas de gira de campaña de varios aspirantes de la oposición. Uno de los pasos dado en sus filas fue la conformación en el mes de noviembre de la Comisión Nacional de Primaria, que deberá organizar el proceso de elecciones primarias en el 2023 de cara a obtener un candidato unitario.

La situación de la oposición venezolana es de una visible fragilidad y división. Uno de los debates internos, por ejemplo, es si dejar participar o no en las primarias a lo que la oposición más dura llama los “alacranes”, es decir aquellos sectores opositores acusados de haber cooperado con el “régimen”. Los próximos meses indicarán la resolución o no de ese laberinto, es decir la capacidad de lograr un proceso unitario, así como la permanencia o la disolución de la figura de la “presidencia interina” de Juan Guaidó, sin legitimidad nacional ni internacional, pero reconocido legalmente por EEUU.

Los próximos meses serán también importantes para ver el impacto de los fondos descongelados en el acuerdo de México, en el marco de una economía que según el Banco Central de Venezuela registró un crecimiento de 18,70% en 2022, pero que se encuentra marcada en sus servicios y salarios por los impactos de caída de varios años del PIB. Ese proceso de ingreso de fondos, así como un posible aumento de producción petrolera, forman parte de la nueva etapa política que vive Venezuela, con diálogos en México, horizonte electoral, y un cambio de estrategia desde Washington enfrentada a necesidades petroleras en el marco de los choques multipolares.

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