En el denominado "caso Roslik" se investigaron dos operativos.
Uno ocurrido en 1980, en el que fueron detenidos 20 pobladores de San Javier, entre los que estaba Roslik.
Todos ellos fueron torturados y privados ilegítimamente de su libertad, y 11 fueron procesados por la Justicia Militar, según reconstruyó la Fiscalía.
El otro operativo ocurrió en 1984, cuando nueve personas del pueblo fueron detenidas y sometidas a torturas. En ese grupo estaba nuevamente Roslik, que falleció a causa de los apremios el 16 de abril de 1984, un día después de ser detenido.
Los exmilitares que irán a juicio oral a partir de este lunes son Ivo Morales, Óscar Mario Roca, Abel Pérez, Sergio Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.
Todos ellos fueron imputados por la fiscalía en 2023.
Prisión para imputados
En ese entonces, Perciballe, fiscal especializado en la materia, solicitó prisión preventiva para el grupo; sin embargo, la jueza actuante rechazó el pedido y dispuso que los exoficiales fijaran domicilio y se les colocara una tobillera electrónica.
Ahora Perciballe pedirá penas de prisión efectiva de entre 11 y 15 años, por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos, y lesiones graves.
El fiscal detalló a Sputnik que presentará más de 70 pruebas en contra de los encausados, que incluyen pericias realizadas por historiadores, médicos y calígrafos, expedientes de la Justicia militar y legajos de los exoficiales.
Represión y muerte de Roslik
Roslik había nacido en 1941 en una familia de inmigrantes rusos de San Javier.
Se graduó como médico en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (antes conocida como Universidad Patricio Lumumba), en la antigua Unión Soviética (URSS).
Se desempeñaba como médico general en la policlínica del pueblo y estaba casado con María Cristina Zabalkin, con la que tuvo un hijo llamado Valery.
Roslik fue detenido por primera vez el 30 de abril de 1980, junto a otros 20 vecinos de San Javier sospechados de tener vínculos con el Partido Comunista y la URSS.
Fue trasladado primero a la comisaría local y luego al Batallón de Infantería Nº 9.
Allí estuvo detenido tres meses, durante los cuales fue sometido a torturas graves antes de ser liberado.
En la noche del 15 de abril de 1984, Roslik fue detenido por segunda vez en su domicilio, frente a su esposa y su hijo que por entonces tenía apenas 4 meses.
Junto a otros nueve pobladores de San Javier, fue trasladado a la misma unidad militar para ser interrogado.
Un día después, el médico falleció a causa de las torturas. Varios testigos relataron que lo oyeron gritar durante los apremios hasta que su voz se dejó de escuchar.
Fraguaron la autopsia
Las Fuerzas Armadas fraguaron la autopsia asegurando que Roslik falleció de muerte natural, producto de paro cardiorrespiratorio.
Sin embargo, su esposa Mary se negó a firmar el certificado y solicitó una segunda autopsia que finalmente determinó que Roslik falleció producto de una asfixia aguda, desgarro del hígado y múltiples traumatismos.
De acuerdo a las investigaciones, el oficial Ivo Morales era el encargado del interrogatorio al momento de la muerte de Roslik.
Además, en la sala de tortura había otros 20 oficiales mirando el procedimiento.
El asesinato de Roslik generó amplia repercusión nacional e internacional, en la medida que ocurrió en un clima de apertura democrática y apenas siete meses antes de las elecciones nacionales que pusieron fin a 12 años de dictadura militar en Uruguay.
La presión internacional forzó al Gobierno de facto a reconocer su responsabilidad.
A la Justicia Militar
El entonces jefe del Batallón de Infantería 9, Mario Alfredo Olivera (hoy fallecido), y el exsubjefe de esa unidad, Sergio Caubarrere, fueron sometidos a la Justicia Militar y recibieron penas leves.
En 1986, un juzgado de la capital departamental, Fray Bentos, comenzó a investigar el hecho a partir de la autopsia fraguada.
Sin embargo, el expediente fue archivado por este y otros tribunales que consideraron que el delito había prescripto, y que además imperaba el principio de "cosa juzgada", a partir del fallo de la Justicia Militar.
A instancias de la familia de Roslik y la fiscalía, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) analizó la reapertura del caso.
Reabren la causa
En 2021, el máximo órgano judicial uruguayo rechazó la reanudación de las investigaciones.
Sin embargo, la SCJ abrió la puerta a que la Fiscalía siguiera indagando, si se determinaba la existencia de delitos que no habían sido investigados bajo el nuevo Código de Proceso Penal, que entró en vigencia en 2017.
En virtud de ese fallo, Perciballe logró reconstruir las privaciones de libertad y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los operativos de 1980 y 1984.
La investigación logró probar los hechos que causaron la muerte de Roslik; sin embargo la Justicia no va poder condenar a los implicados por el delito de homicidio, en virtud del fallo de la SCJ que mantuvo el archivo de la causa.
En cambio, sí podrá imputar a los militares por privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves a los 29 detenidos en los operativos de 1980 y 1984, entre los que estaba Roslik.
El juicio oral tendrá lugar hasta el 28 de noviembre en el Juzgado letrado de Primer Turno de Fray Bentos.
