El pueblo de Venezuela padece de serias dificultades económicas y sociales derivadas de las sanciones impuestas por e gobierno de Estados Unidos y por países de la Unión Europea. Así se desprende de conclusiones preliminares de la visita de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las “medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. La funcionaria insta a levantar las medidas para aliviar la situación del pueblo venezolano.
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Durante su visita a la República Bolivariana de Venezuela la relatora Alena Douhan, se entrevistó con el presidente Nicolás Maduro y autoridades nacionales y municipales, así como con representantes de organizaciones sociales, de defensa de los derechos humanos y ONG.
Su visita tuvo como propósito evaluar el impacto de las sanciones en el goce de los derechos humanos por parte de las personas.
Recuerda que Estados Unidos impuso desde 2005 sanciones selectivas contra personas y entidades. En 2006 impuso un embargo de armas.
En 2014 una ley estadounidense impuso sanciones contra funcionarios acusados, entre otras cosas, de reprimir protestas y perseguir a opositores políticos.
Al año siguiente declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenaza su seguridad y política exterior.
En 2017 y 2018 se sucedieron nuevas sanciones.
Y en enero de 2019, después de reconocer a Juan Guaidó, impuso nuevas sanciones contra PDVSA, el Banco Central y funcionarios clave del gobierno.
Finalmente, ese mismo año impuso un embargo económico total en agosto.
La Unión Europea impuso sanciones en 2017, incluido un embargo de armas y una prohibición de las exportaciones, entre otras.
A estas se agregan las medidas impuestas por diversos gobiernos de América, siguiendo los dictados del gobierno de Donald Trump.
A consecuencia de esto Venezuela “enfrenta una falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas”.
Indica que los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a US$ 6 mil millones.
Según los informes, la compra de bienes y los pagos por parte de empresas públicas están bloqueados o congelados.
Indica las trabas a las importaciones de alimentos han provocado un crecimiento constante de la desnutrición.
Hay más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave.
Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema del embarazo adolescente, que está llegando a un nivel de crisis.
Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con agencias internacionales, así como con la iglesia, para facilitar la reconstrucción de sistemas y suministros de agua, vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, útiles escolares y alimentos.
Sin embargo, los intentos de liberar fondos congelados en el Banco de Inglaterra para comprar medicamentos, vacunas, y equipo han fracasado.
El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en el país y fuera de él.
Agrega que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves son las más afectadas en todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.
Recomendaciones
En consecuencia el Relator Especial recuerda a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los estados y solución pacífica de controversias internacionales.
Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de amplias consultas con una amplia gama de interlocutores.
El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en setiembre de 2021.
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