El propósito de introducir estos breves aspectos procedimentales es subrayar el modo en que se expresan por los poros institucionales las diferencias de cultura cívica entre los dos países y, particularmente, las grotescas manipulaciones, oportunismos y especulaciones a las que asistimos perplejos en Argentina, comenzando por el oficialismo. A mediados de enero de este año, el presidente Macri -que gobierna prescindiendo prácticamente del Poder Legislativo- redactó tres decretos (Nº 45, Nº 54 y Nº 55) modificatorios de los mecanismos electorales del exterior (casi medio millón de votos) que no fueron difundidos a la opinión pública. La oposición, al enterarse un mes después, lo acusó de intento de fraude y acudió a la justicia electoral, que en una acordada los revocó. Un nuevo decreto redobló la estafa porque postergó la entrada en vigencia de dos de ellos, pero ratificó el tercero que afecta a más de 70% de ese potencial electorado. Siguiendo con su estilo “decretista”, emitió hace menos de dos meses un nuevo decreto (N° 259), derogando otro (esta vez el N° 443 de Cristina Fernández de Kirchner, de 2011) que habilitaba las listas “colectoras”, así llamadas por llevar un mismo candidato al Poder Ejecutivo (nacional o provincial) desde listas locales -legislativas o ejecutivas- divergentes, argumentando que confunden a la ciudadanía. En la práctica, mucho antes inclusive de los decretos que las autorizan o prohíben, las colectoras fueron utilizadas profusamente en la historia electoral argentina no sólo por el kirchnerismo, sino por sus críticos, tanto los hoy oficialistas cuanto los más acérrimos opositores de ambos gobiernos, aprovechando la ausencia de reglamentación.
Sin embargo, hoy, a menos de dos meses de la publicación del decreto, la alianza gobernante parece reconsiderar sus posturas al negociar el retorno de las colectoras a pesar del propio decreto, aunque no ya para acumular hacia la figura presidencial, sino para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, cuya definición carece de segunda vuelta o balotaje. Más allá de estos bochornosos bandazos especulativos, la filosofía que anima a los dispositivos electorales de ambos países es casi idéntica, aunque con una diferencia significativa en el carácter optativo de la elección en la orilla oriental y obligatorio en la opuesta. Pero se hace evidente el modo en que las reglas se acomodan a cualquier conveniencia del poder en Argentina.
Las internas abiertas, más allá de detalles, pretenden ser una respuesta a la creciente indiferencia ciudadana y la crisis de credibilidad en los partidos políticos que, lejos de solucionarla, le aporta tan solo una pátina ilusoria de amplitud participativa, aunque varía muchísimo según cómo tramite las decisiones cada fuerza política en cada orilla.
En el caso del Frente Amplio (FA), fue el Plenario Nacional el que propuso en noviembre elevar a 4 precandidatos (de evidente recambio generacional) al Congreso de diciembre, en el que más de un millar de delegados los formalizamos y cuyo análisis dedicaré en un próximo artículo. En varios otros ejemplos, las precandidaturas fueron decididas en transacciones y pactos a puertas cerradas.
En Uruguay fueron los partidos tradicionales los que impulsaron la reforma electoral que, entre otros profundos cambios -alertados por el crecimiento del FA-, introdujeron las internas simultáneas. Los que hoy, luego de casi dos siglos de representación de los intereses oligárquicos, ven florecer, tanto en su interior como por fuera, alternativas cada vez más semejantes a la descomposición ética y política argentina, como el aterrizaje de Sartori en el Partido Nacional o la fundación del partido del excomandante del Ejército.
El descrédito de las derechas proviene de la completa subordinación al liberalismo fiduciario, cosa imposible de superar reduciendo los procedimientos democráticos al mero acto de votar.
