Pero, ¿por qué y para qué elegiríamos recordar esos horrores? ¿No sería preferible tender un manto de piadoso olvido sobre tales barbaridades? ¿Hacer de cuenta que jamás existieron? ¿No volver a pronunciar ni un solo nombre, ni el de las víctimas ni el de sus victimarios? Por desgracia, nada de eso es posible, pues no sería humano un proceder semejante. Ni siquiera un perro apaleado olvida el rostro y el olor de su agresor. Y las palomas se transmiten las unas a las otras el grito particular de alarma por el que anuncian la proximidad del halcón.
No es humano olvidar el aberrante intento de aniquilar la condición humana, valga la redundancia; por otra parte, la memoria no se reduce a pronunciar el nombre de éste o de aquel desaparecido, sino que va mucho más allá. Su objetivo es tan ambicioso como urgente, impostergable, perentorio, vital. Los hechos causantes de dolor, tortura, muerte, desaparición, injusticia y abuso, crimen y más crimen, sangre sobre sangre, y salvaje atropello a todo cuanto pueda ser atropellado deben ser resignificados, reunidos, organizados. No sólo denunciados, sino mostrados al mundo; exhibidos con la mayor diafanidad posible, en toda su descarnada condición, para ofrendar su visión y su interpretación a las generaciones presentes y a la larga fila de las generaciones futuras. ¿Quiénes somos nosotros para negarle a nadie tal derecho a saber? ¿En nombre de qué peregrina argumentación y de qué fantástica superioridad para decidir por otros, podríamos escamotear esa memoria? Y sin embargo existen todavía (entre nosotros y a escala mundial) ciertos intereses políticos aliados a una cerrada impunidad que, para escarnio y vergüenza del Uruguay, ha sido arropada, resguardada y pseudolegitimada por la Ley 15.848 “de caducidad de la pretensión punitiva del estado” (violatoria de los convenios suscritos por el país en materia de crímenes de lesa humanidad). Esa impunidad, cual fiera cebada, campea a sus anchas en los más recónditos lugares de nuestro ser colectivo. Pues bien: es dicha impunidad, con su peligrosa narrativa negadora de los crímenes del terrorismo de Estado, la que viene saboteando sistemáticamente la creación de sitios de memoria; vandaliza los ya erigidos, una y otra vez; o pretende poner palos en la rueda a la erección de nuevos lugares, echando mano de interpretaciones jurídicas tan retorcidas como ambiguas, dirigidas a un único objetivo: entorpecer a todo trance el proceso de colocación de una placa de memoria. Esto mismo está ocurriendo ahora en Minas.
No ignoramos que los sitios de memoria, especialmente en un país atravesado por la impunidad como el Uruguay, son campo de tensiones políticas e ideológicas de variado signo que hunden sus raíces en conflictos profundamente enquistados que, a su vez, generan rupturas y divisiones ideológicas y políticas de toda naturaleza. Por eso, la memoria colectiva suele estar tironeada por los deseos de recordar y de olvidar. Pero hay recuerdos y recuerdos; y hay olvidos y olvidos. Existe aquí una dimensión ética insoslayable, ligada a la condición humana, a la libertad y a la dignidad, que no solamente permite, sino que reclama como un imperioso deber la construcción y la exposición de sitios de memoria, para mostrar y educar, para estimular la reflexión, para enseñar a estar alertas ante el atropello y la brutalidad del crimen, para aprender a respetar la vida y los derechos humanos, para dignificar a las víctimas, para explicar a las nuevas generaciones el pasado inmediato y señalar los enormes costos históricos y humanos que tuvo, ayer nomás (y por eso es pasado reciente), la lucha por la democracia.
Ante ello, el mero intento de sabotear la erección de un nuevo sitio de memoria, mediante arteras argucias leguleyas, muestra en toda su dimensión la dolorosa realidad a la que todavía nos enfrentamos en la sociedad uruguaya, que sigue presentando síntomas alarmantes de odio y de impunidad. La declaración y creación de sitios de memoria es uno de los instrumentos más importantes con los que contamos para contribuir, a largo plazo, a construir culturas democráticas más sólidas (que buena falta nos hacen, en un mundo cada vez más acostumbrado a la violencia y a la ley del más fuerte), a generar diálogos entre diferentes actores o grupos humanos, y brindar a las nuevas generaciones la posibilidad de aprender que, si el pasado ha sido devastador e infame, el futuro puede convertirse en un espacio menos triste, más luminoso y esperanzador.
