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La demanda del BCU alcanzaba los 340 millones de dólares. No obstante, el monto de la deuda debe determinarse por un juicio de liquidación que permita establecer los montos exactos a reintegrar a los ahorristas. La historia continúa y llevará tiempo. Pero aún después de establecer los montos exactos, es probable que no haya a quién cobrarle por insolvencia declarada, aunque no real.
Desde la Argentina piden la extradición y aparentemente ella solo espera por la decisión de la justicia uruguaya.
En mayo del año pasado, la SCJ confirmó la condena penal contra José, Jorge y Dante Peirano, que fueron procesados en agosto de 2002 y estuvieron cerca de cinco años en prisión. Recuperaron su libertad en 2007, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionara a Uruguay por el “excesivo” plazo de prisión preventiva (sin condena) que cumplieron.
Aún permanece vigente el juicio penal contra Juan Peirano, considerado el “cerebro” del grupo, y sobre el cual hay un pedido de extradición de la Justicia argentina. Juan Peirano Basso fue procesado por la jueza Graciela Gatti en 2008, luego de ser extraditado desde Estados Unidos, y en 2011 obtuvo la libertad provisional “por gracia” de la Corte, debido a la “desmesurada” extensión de la prisión preventiva cumplida. Llevaba tan solo tres años en prisión preventiva.
Con los Peirano en libertad, el juicio continuó, pero en octubre de 2010 un Tribunal de Apelaciones clausuró el proceso, después de que el Parlamento derogara el artículo 76 de la ley 2.230, que preveía penas para quienes cometen fraudes en sociedades anónimas, y por el cual habían sido procesados los banqueros.
Se atribuyó la derogación a la influencia del exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, quien junto a su esposa Cecilia Salom eran codefensores del exdirectivo del Banco Montevideo Juan Domingo Ratti.
Sin embargo, la fiscal del caso, Raquel González, apeló alegando que no podía clausurarse el proceso porque aún estaba pendiente la imputación del delito de “insolvencia societaria fraudulenta”. La Corte, por unanimidad, le dio la razón y el juicio se reanudó.
En junio de 2013, la jueza Beatriz Larrieu los condenó a penas de 6 y 9 años de prisión. Sin embargo, como habían cumplido varios años de reclusión y ya estaban en libertad, no regresaron a la cárcel.
La defensa de los Peirano apeló el fallo de condena, y en noviembre de 2014 un Tribunal de Apelaciones lo confirmó. Los hermanos insistieron y recurrieron la sentencia ante la Corte.
En el 2017, la SCJ confirmó por unanimidad la condena contra los banqueros.
La sentencia desestimó el argumento de que durante el juicio se violaron “las garantías del debido proceso”, y rechazó el planteo de que existió una suerte de “complot” en contra de los hermanos.
El fallo también confirmó la condena contra el exgerente general del Banco Montevideo, Marcelo Guadalupe.
Los hermanos Peirano Basso incumplieron con la obligación legal de actuar “con la diligencia de un buen hombre de negocios”. Comprometieron la liquidez del BM para asistir al Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán “en contra de las instrucciones del BCU” de cesar con esta operativa, o por los sobregiros que se autorizaron en favor de Ignacio Rospide para que este les pagara a sus clientes del TCB.
La condena recayó sobre los hermanos Juan, Jorge y Dante Peirano, Rospide -que deberá pagar la indemnización en caso de que Dante no pueda afrontarla-, Juan Domingo Ratti -integrante del directorio del BM- y la empresa uruguaya Daniko SA, así como sobre un conjunto de empresas ubicadas en paraísos fiscales, como Baystand International Corp, Levka Invesco Inc, Prely SA, Inversora Palmasola SA, Patfield International SA y Financiera Parapití o Guaraní.
Sin embargo, sorpresivamente, se desestimó la condena de otras empresas vinculadas con la maniobra ilícita (TCB, Velox Investment Company, Banco Velox SA y Compagnie D’Investissements). También se exoneró a Letizia Vejo Mailhos -exesposa de Juan Peirano- y sus empresas (Bicho Moro SA, El Choque SA, Santa Eufemia SA, Valle del Soba SA).
En 2015 la jueza Patricia Hernández condenó a los hermanos Peirano Basso a resarcir al BCU en 340 millones de dólares. La cifra se basó en un informe de la Superintendencia de Instituciones Financieras del BCU, que calculaba el monto de las transferencias ilegales que provocaron el vaciamiento del BM.
Un tribunal de apelaciones rechazó este punto. Se alegó que estos informes fueron producidos por funcionarios del BCU, en ejercicio de sus funciones, por lo que eran equivalentes a un “informe técnico de parte” y carecen de valor probatorio. Por este motivo, el BCU deberá iniciar un proceso de liquidación de sentencia, en el que una pericia contable establezca el monto final de la maniobra.
En este sentido, la cifra final será inferior a los 340 millones de dólares que reclamó el BCU. A esta cifra habrá que descontarle los acuerdos extrajudiciales firmados con dos exgerentes del BM, Mario San Cristóbal -hoy fallecido- y Marcelo Guadalupe, así como con las empresas Valle Rosa SA y Netilur SA. En este último caso, el acuerdo significó el pago de 400.000 dólares. La cifra del desfalco fue ratificada por una pericia contable del Instituto Técnico Forense incorporada al expediente penal, que culminó con la condena de los hermanos Peirano: 341,6 millones de dólares.
El abogado de los Peirano, Pablo González Bianchi, dijo a El País que “en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón» y se aceptó su planteo de que esa cifra había sido dispuesta por el BCU, que la había “valuado en función de un informe interno de una contadora del propio banco”. Y agregó que el BCU les atribuía a los demandados “intencionalidad en todos los actos, es decir, fraude, dolo. Nosotros nos opusimos a eso y de alguna manera, si bien no es la mejor solución, es la menos mala, porque si bien el Tribunal en primera instancia tomó que la actitud de nuestros representados era esa, en segunda instancia si uno lee los considerandos se advierte que el Tribunal indica que hay negligencia, falta de cuidado, pero que no existió ni fraude ni dolo”.
Por su parte, el abogado argentino Mariano Moyano, que mantiene un juicio en Argentina contra los Peirano y Letizia Vejo Milhos, contradijo los comentarios de González Bianchi. “Realmente los abogados con tal de defender su trabajo hacen y dicen cosas disociadas del derecho y la realidad. El BCU inició una demanda de daños y perjuicios en sede civil. Para determinar la responsabilidad civil, en este caso, no es necesario determinar el dolo, sino que con la negligencia basta. El dolo ya se determinó a través de la Justicia Penal, fallo que fue confirmado por la misma Corte Suprema que acaba de confirmar el fallo condenatorio de responsabilidad civil. Estos argumentos pueriles de estos abogados lo único que hacen es poner en evidencia lo indefendible de la situación. Los Peirano están condenados y con pedidos de extradición.
Agregó que Jorge, José y Dante deberían ser extraditados ya que está pendiente el pedido desde Argentina, y a Paraguay inclusive. Allí va a empezar a fluir el dinero oculto. “No hay argumentos jurídicos válidos para oponerse, ya cumplieron su condena en Uruguay”, insistió.
En agosto de 2003, el BCU había trabado más de 300 embargos al grupo Peirano. El entonces presidente de la autoridad monetaria, Julio de Brun, declaró que si bien “el Banco Central tiene facultades para tomar medidas cautelares sobre los bienes de personas que hayan estado involucradas en maniobras que eventualmente pudieron haber contribuido a un desequilibrio de una institución financiera, de todas maneras debe probar efectivamente la vinculación de determinados bienes con esas personas”. Resaltó que la autoridad monetaria “ha tenido éxito diverso”, porque en algunos casos se han realizado solicitudes de embargo “que la justicia en primera instancia ha rechazado, pero en los casos más numerosos el BCU ha podido efectivamente trabar embargos y hay otros casos en curso”.
En cuanto a las denuncias referidas a que entonces se habían vendido dos propiedades del Grupo Peirano en 1,8 millones de dólares, el presidente del Central indicó que “si efectivamente se trata de propiedades de los Peirano, entonces estaban incluidas en los embargos trabados sobre ellos. Pero si estaban a nombre de otras personas, en ese caso el BCU tiene las mismas dificultades que cualquier otro particular para poder trabar embargo sobre esos bienes”. Uno de los bienes se trataba de la vivienda de Dante Peirano, que según se argumentó era propiedad de su esposa y que en 1985 ambos habían resuelto realizar una separación de bienes, motivo por el cual no se solicitó el embargo de la casa. En cambio, sí se pidió el embargo de los bienes inmuebles de la misma. En tal sentido De Brun aseguró que existen “más de 300 embargos trabados sobre bienes de los Peirano”, de los cuales 170 son contra inmuebles, y agregó que dicha información forma parte de una respuesta que el BCU contestó a un pedido de informes del senador José Mujica, del Movimiento de Participación Popular.
El 19 de setiembre de este año, el periodista Carlos Peláez, en radio El Espectador, denunció que la familia de Juan Peirano posee más de US$ 150 millones detectados en Uruguay solo en propiedades agropecuarias.
La empresa Seriway SA, de la cual Juan Salustiano Peirano es la cara visible, pero su madre, Letizia Vejo, exesposa de Juan Peirano, es la que firma todos los documentos.
Sólo en Paysandú, Young y Río Negro, tienen las estancias Santa Eufemia, Pilares, El Churrinche, El Farol, Ruiz, Gaten, Bretaña, Santa Eusebia y La Pacífica. Al grupo argentino El Tejar, le arrendaban casi 11.000 hectáreas agrícolas, a las que habría que sumarles otras 4.000 o 5.000 ganaderas. También tienen estancias en Salto, Artigas y Tacuarembó.
Juan Salustiano Peirano es dueño de La Pacífica, en Paysandú, donde se dedica a la cría de caballos criollos.
Una estimación aproximada indica que controlarían con estas estancias unas 15.000 hectáreas (tomando un precio promedio de US$ 8.000 la hectárea, porque en Paysandú una hectárea se cotiza a US$ 6.000, pero en Río Negro la hectárea puede llegar a US$ 10.000). A todo eso hay que agregarle las mejoras como casas, galpones, también el ganado, y los caballos, que son todos de pedigrí. Ahí andaríamos rondando una cifra tal vez superior a US$ 150 millones.
Unas 27 sociedades anónimas integrantes del Grupo Peirano, que tenían sede en el piso 12 de la Avenida Luis Alberto de Herrera 1248 y en el piso 11 de la calle Rincón 487, recibieron algo más de 70 millones de dólares en préstamos por parte del Banco de Montevideo, liderado por Dante y Jorge Peirano.
El Trade & Commerce Bank (TCB) de las islas Caimán “no era solvente” desde febrero del 2002, pese a lo cual “el Banco Montevideo seguía ofreciendo” su operativa ‘offshore’. En algunos casos se dispuso la renovación automática y sin autorización de los titulares de los depósitos efectuados.
El Grupo Peirano poseía una cuenta en el TCB (la “No. 5.000″), a la que se derivaban los fondos que se remitían desde el Banco Montevideo y otras empresas vinculadas. Entre 1988 y 2002 a través de esta cuenta oculta se desviaron entre 500 y 700 millones de dólares.
Los Peirano poseen una estancia en Taubaté, Brasil, pegadito a San Pablo, que vale US$ 6 millones.
El dueño es Island Point SA, Brasil. Cuando se consulta el registro en Brasil el accionista es Island Point View Ltd de Islas Vírgenes Británicas. Y cuando se consulta el registro de accionistas en Islas Vírgenes el dueño es Tarbet Trading SA de Uruguay, cuyo dueño es Álvaro Lecueder, el socio, amigo y gerente general de varias empresas de este tipo.
La familia Peirano también es propietaria del loteo en la ciudad de San Pablo, cuya estancia se llama San Félix de Caraguatá y que jamás fue hipotecada ni embargada.
Este hallazgo de otra estancia perteneciente a los Peirano se suma a las 30.000 hectáreas de tierras, embargadas en nuestro país desde el año 2003. El valor de esas tierras se ha cuadruplicado con respecto al período en que fueron embargadas, por lo que actualmente se calcula que de ellas se podrían obtener unos US$ 100 millones.
En Brasil, los Peirano eran propietarios de la financiera Banlatin y Finambras, las cuales tampoco fueron jamás embargadas.
Eduardo Rufo y Juan Peirano tenían una cuenta bancaria en conjunto en el Legends Bank, donde este recibió alrededor de US$ 800.000 en un año donde la cuenta estuvo abierta. De los extractos bancarios, surge que Juan Peirano viajaba permanentemente a Nueva Orleans. En sus propias declaraciones ello está relatado por el propio Juan Peirano quien dijo que viajaba permanentemente a dicha localidad, para realizar un negocio que “…luego no prosperó…”. Empero, bajo el nombre de Juan Basso registró una sociedad llamada Freedom Pass Inc. (luego denominada F-Pass Inc.) con el Sr. James Edgar Burke, en los años 90 por fraude financiero y presunto titular de la cuenta en Zurich. Luego la sociedad cambió de nombre a F-Pass LLC y Juan Basso fue reemplazado por el Sr. Roberto Ramón y por el Sr. Edward Ruffo quien le dio cobijo en su casa en Clarksville, Tennessee. En aquella época Juan Salustiano Peirano vivía en EEUU y Letizia Vejo Mailhos lo visitaba con frecuencia.
A su vez, el Sr. Roberto Ramón, junto con el abogado de New Orleans Lee Rand, constituyeron una sociedad llamada Imusol Trading SA Inc.
La empresa uruguaya Imusol Trading SA fue registrada en Montevideo para financiar películas norteamericanas realizadas en Hungría. Su domicilio en Montevideo es Sarandí 690 ap. 209, casualmente el mismo domicilio del estudio del abogado de Juan Peirano, Dr. Sellanes.
Su presidente es Edgar Burke, uno de los socios de Juan Peirano Basso y el vicepresidente es nada menos que Daniel Mendoza Sellanes, su abogado.
Peter Kunos, un banquero húngaro que estuvo en prisión por fraude, suscribió hace unos años un acuerdo con productores de Hollywood para filmar películas en Budapest. Lo hizo en representación de una empresa uruguaya dispuesta a invertir más de US$ 500 millones en la operación. En declaraciones a la prensa húngara, Kunos indicó que el financiamiento de las películas estaría a cargo de una empresa uruguaya, Imusol Trading SA. Esta compañía es la matriz de otras que operan en China, Alemania y Hong Kong, adonde se presume que hayan sido derivados los fondos de lo que se califica como “la estafa del siglo”.
Según el periodista Luis Bareiro, del diario Última Hora de Paraguay, Juan Peirano Basso, oculto en EEUU, donde se encontraba clandestino antes de ser detenido en 2006 y extraditado a nuestro país, registró una red de empresas nuevas para esconder los más de US$ 1.200 millones que obtuvo de miles de ahorristas argentinos, uruguayos y paraguayos. El TCB con sede en las Islas Caimán quebró en el año 2002, igual que el Banco Montevideo, Caja Obrera, Velox de Argentina y Alemán de Paraguay. Según el liquidador del TCB designado por Gran Bretaña, Jonathan Kahlberg (Caimán es propiedad de ultramar de la corona inglesa), la entidad fue vaciada antes del colapso. “El dinero, literalmente, se esfumó”, dijo Kahlberg. Raro, el dinero nunca se esfuma.
