Esta condición supone que el profesor pueda orientar la enseñanza en un país en el que la laicidad se configura también como un principio indiscutible que se encuentra expresado en la norma suprema. Justamente, poder presentar los modos diversos de “mirar” un tema, de la forma más completa posible, de acuerdo a la edad y al desarrollo maduracional de los y las adolescentes y jóvenes, forma parte de esa característica de la sociedad uruguaya desde siempre. La expectativa es que esos estudiantes piensen por sí mismos gracias al ofrecimiento de esa variedad de puntos de vista y seleccionen el que desean sostener, preguntándose acerca de los argumentos que les permiten llegar a elegir la postura asumida. La intención es naturalmente que cada persona pueda participar activa y críticamente en la sociedad en la que vive y para hacerlo debe conocer, saber, manejar posturas. El contacto con esa diversidad y la problematización de la realidad, así como la elaboración de argumentos es lo que va a permitir que cada persona llegue a elegir su postura y construir su autonomía, su emancipación.
Por tanto, descartar la libertad de cátedra, es inculcar miradas, es proponer una mirada única, es limitar el saber, vulnerar el derecho de los educandos a recibir una formación integral y, además, desprestigiar a los educadores como profesionales. Entre líneas, se puede leer que se elimina la libertad de cátedra porque los docentes no sabemos ejercerla. Y no es esta la única formulación que desmerece a los educadores en el precitado proyecto. La eliminación de la condición de diez años de experiencia previa dentro de la ANEP para el desempeño de un cargo de consejero se conforma por sí misma en el desmerecimiento de la figura de los docentes, desacreditando los conocimientos específicos en relación a lo pedagógico, al desarrollo del clima educativo y de las dinámicas institucionales y al diseño de las políticas educativas. Cualquiera podrá llegar a un cargo en el Codicen y decidir sin que se tenga en cuenta la visión de los que ejercemos la enseñanza cada día. Tampoco fuimos nunca convocados los educadores para opinar sobre cambios sustanciales que este proyecto de ley propone y que tendrá efectos en nuestro desempeño profesional. La deslegitimación del lugar de los profesores está a la orden del día. Quiero dejar constancia de que no me niego a que otros profesionales puedan y deban asesorar, pero debo señalar con fuerza que advierto una intencionalidad de desacreditar a los educadores de un modo que califico, por lo menos, como inaceptable.
Cualquier circunstancia en la que se elimina el goce de una libertad es irremediablemente preocupante.
Sin embargo, generosamente nos adjudican la “autonomía técnica”, concepto mucho más restringido que de la libertad de cátedra, expresión que nos permitiría presumir que nos dirán qué enseñar, pero, tal vez, podamos elegir cómo hacerlo.
La “autonomía técnica” como concepto, desconoce la matriz misma de un educador, perdiendo así el carácter subjetivo implícito en cualquier acto educativo y evita la idea de que cada uno enseñe lo que sabe y eduque según como es.
Despertemos, por favor.
