Lugares y contextos de la justicia privada

El mero hecho de la existencia de la expresión ‘ajuste de cuentas’ en el lenguaje cotidiano evidencia que no es un fenómeno nuevo, que describe y refiere a secuencias de acciones que implican respuestas informales, en ámbitos sociales específicos, que parecen escapar a la regulación pública de conflictos. La justicia pública ha sido una conquista de la civilización que se hizo a expensas del retroceso de la llamada justicia privada: las venganzas, vendettas, leyes del Talión y justicias por mano propia regulaban los conflictos a falta de Estados centrales y de tendencias al monopolio público del uso o amenaza de la fuerza para la mantención del orden y seguridad y la implementación de medidas judiciales. Los ajustes de cuentas -contrariamente a lo que parece- no son indicadores de un aumento de la violencia social ni tampoco del retorno de una justicia privada en desmedro de una justicia pública que no sabe, puede o quiere imponerse por sobre la privada. Su actividad documenta y subraya la vida en sectores de actividad, territorios y grupos sociales adonde no ha llegado, o ha llegado imperfectamente, o con baja legitimidad, la justicia pública. Como lo han mostrado elocuentemente Eric Dunning y Norbert Elias en su estudio sobre los hooligans ingleses, los exhibicionismos y operaciones de retórica y prácticas violentas son simplemente la visibilización de bolsones de resistencia o imperfecta imposición de la justicia pública sobre la privada. Por razones especialmente culturales, una parte no afluyente de la clase trabajadora (o lumpen, posteriormente y entre nosotros) niega el progreso civilizatorio, se identifica con la retórica y la violencia de un cotidiano machista, y las considera marcas de clase a ser mantenidas bajo amenaza de pérdida de identidad de clase o estrato. Entonces, sea como resiliencia de clase a la pérdida de símbolos identificatorios, sea como resistencia a una justicia pública vista como insuficiente o inadecuada a costumbres anteriores invadidas, algunas tribus urbanas eligen apariencias, retóricas y prácticas que finjan o expresen esas identidades en medio de su paulatina dilución en un cotidiano más civilizado y crecientemente dominado por la justicia pública. Gilles Lipovetsky ha argumentado básicamente lo mismo, contemporáneamente a Elias y Dunning: el proceso civilizatorio se impone junto a los Estados centrales y a la justicia pública, sustituyendo a la privada. Pero este proceso tendencial no es perfecto ni carente de excepciones. Ni consigue llegar culturalmente a todas las capas sociales que creían aún y usaban la justicia privada en sus vidas, ni tampoco consigue imponerse legalmente a todas ellas. Algunas actividades, algunos grupos y algunos territorios son particularmente resistentes a esa imposición y a las razones de su avance. En efecto, cuanto menos regulada esté la actividad y más periféricos y excluidos sean los grupos y territorios, mayor será la probabilidad de que la justicia privada funcione en esas actividades, grupos y territorios, y que la justicia pública encuentre dificultades para su imposición y legitimidad en esas actividades, territorios y grupos. Aunque usted, lector, pueda ya entrever la pertinencia de lo que hemos dicho para la interpretación de los ajustes de cuentas que pueblan un cotidiano mediáticamente esculpido, déjenos mencionar otro estudio particularmente relevante para entenderlos: es el trabajo del mismo Elias con Scotson (la Escuela de Chicago lo anticipó 60 años antes) sobre los mecanismos de interacción entre los ‘establecidos’ y los ‘outsiders’. En ese maravilloso estudio se detallan los procesos por los cuales los grupos establecidos en un territorio accionan frente a nuevos grupos que intentan instalarse allí; las dinámicas de acción y reacción, así como los equilibrios más o menos estables alcanzados, producen diversos momentos en los cuales hay empujes de violencia física y/o simbólica a veces. En un momento histórico como el actual, de particular y creciente trasiego de gente a través de los territorios, facilitado por el progreso vial, de transportes y de comunicaciones, aparecen determinados bolsones en los que determinadas actividades ilegales tienen preeminencia. Hay un Uruguay, no tanto de clase trabajadora, sino de lumpen-asentamientos, en el que la justicia privada tiene cierta vigencia, que debería ser esperable y no sorpresiva si se tuviera formación para abordar estos temas, lo que no ocurre. De modo que si bien el proceso de imposición paulatina de la justicia pública sobre la privada se cumple en todos lados, no es perfecto ni total por varias razones: por la resistencia de algunos imaginarios morales a los procesos y a las penas codificadas, que pueden divergir de lo popularmente impuesto por costumbre y como moralidad difusa dominante, por la existencia o aparición de actividades, territorios y grupos imperfectamente alcanzados por esa centralidad del Estado con su justicia pública invasiva y por el aumento de procesos inherentemente conflictivos como los de interacción establecidos-outsiders, que en parte diluyen los procesos civilizatorios en general.   Territorios de justicia privada Las actividades con mayor probabilidad de utilizar justicia privada en desmedro de la pública son las ilegales o lindantes con la ilegalidad: mercado ilegal de drogas, contrabando, prostitución, mercado ilegal de armas, hurto, acopio y comercio de objetos robados o contrabandeados. Las personas y grupos vinculados a esas actividades son aquellas que no tienen credenciales ni contactos (capital físico, humano, social, político) suficientes como para intentar movilidad social de acuerdo con los medios legales y formales para hacerlo. De hecho, en una civilización de consumo, abundancia, narcisismo, hedonismo y persecución de estatus, quien no puede ‘hacerla por derecha’ lo intentará ‘de costado’. La moralidad y el riesgo son obstáculos menores que la amenaza de no tener lo que se debe tener para disfrutar de prestigio entre pares y de autoestima. No son monstruos asociales; por el contrario, son los frankensteins de nuestra civilización y cultura; son las cosechas de nuestra siembra; los periféricos, excluidos, necesitados absolutos y relativos, carentes, poblaciones en riesgo y vulnerables, desempleados estructuralmente crecientes, excedente laboral tecnológico. De entre ellos surgirán personas y grupos que tienen como medio de alcanzar los estándares socioculturales publicitados y compulsivamente deseables actividades ilegales o lindantes. Todas estas actividades, con sus grupos y personas a ello dedicadas, tienden a agruparse en territorios específicos, que pueden no ser estáticos, sino móviles, sujetos a desplazamientos y radicaciones variables en el juego del gato y el ratón con la legalidad pública y los mercados. Esa misma movilidad tiende a incrementar la conflictualidad violenta al desatar interacciones establecidos-outsiders más frecuentes. En consecuencia, actividades privadas ilegales, en territorios más difíciles de controlar públicamente, con grupos y personas que deben ocultar sus modus operandi y sus modus vivendi, no están en condiciones de someterse abiertamente al orden y a la seguridad públicas ni pueden someter sus conflictos a la jurisdicción pública judicial. Por tanto, dirimen sus conflictos de territorialidad, de ofertas y demandas, por fuera del orden público.   La incidencia de la ley del cannabis La ley puede haber provocado una intensificación de la ocurrencia de procesos de recurrencia a la justicia privada; lo cual no implica una crítica masiva a la benéfica ley, sino simplemente reconocer que toda ley que aspira a regular una problemática profunda, compleja y multifacética debe saber que tendrá consecuencias esperadas y no esperadas, y que no todas ellas serán benéficas o positivas; y también deben prepararse para enfrentar a lo que no sea positivo de las consecuencias esperadas o que pueda ser utilizado por opositores o enemigos para cuestionar la totalidad de una ley que puede perfectamente mantener su positividad pese a algunas consecuencias negativas que pudieran imputársele. En concreto, la ley de regularización del mercado de cannabis, despenalizando la provisión estatal, el consumo individual formalmente accedido, el autocultivo y clubes de consumo, no consigue regularizar más que una parte del consumo anual de cannabis, ya que deja afuera de la legalidad a varios grupos relevantes de consumidores: los menores de edad, los turistas, todos aquellos con temor a la individualización por filtración de datos y todos aquellos que adquieren más que lo legal en el mercado negro, porque consumen más o porque compran para otros inhabilitados para hacerlo. De ese modo, lo que la ley afecta al narcotráfico, como pregona, es mucho menor a lo esperado y tiene consecuencias secundarias negativas que hay que prever y de ellas hacerse cargo. En efecto, el gran narcotráfico se ve muy poco afectado por el hecho de que en un país pequeño, con relativamente pocos consumidores, y básicamente ruta secundaria de tráfico, una parte del consumo salga de la oferta privada ilegal para anclarse en la pública legal. En realidad, los únicos realmente afectados por la ley son algunos narcotraficantes locales medianos, que sufren de la novedosa competencia pública en sus territorios de influencia comercial. Algunos de esos afectados probablemente deban entrar en una guerra de competencia por territorios con otros no tan directamente afectados, ya que, o bien deben emigrar con su mercadería a otros territorios no tan directamente concurrentes con la oferta pública, o bien deben negociar cuotas de mercado con los narcotraficantes locales ‘establecidos’. Esto se procesará mediante acuerdos consensuados en muchos casos; pero, en algunos, como sucede en todo el mundo, los arreglos serán violentos y necesariamente por fuera de la justicia pública, por razones obvias ya vistas. Los ajustes de cuentas son más probables cuando se dirimen liderazgos en territorios privilegiados para la satisfacción de una demanda en buena parte zafral y estacional, tal como puede ser la demanda turística, básicamente de verano. No es raro que se den ajustes de cuentas en San Carlos, Lavalleja y Rocha; son también esperables en Canelones, San José, Colonia y Montevideo, y progresivamente menos a medida que nos alejamos de los puntos de densidad poblacional y de los puntos de entrada y radicación de turistas a lo largo y ancho del país. De ahí proceden los ajustes de cuentas de moda, entre narcos locales medios y establecidos-outsiders. Son reacciones puntuales a evoluciones de los mercados; nada terrible en la civilización, los valores o las subculturas: pura racionalidad comercial reactiva, y privada, a una iniciativa pública elogiable, pero que tiene sus bemoles que deben ser esperados y respondidos con formación y decisiones racionales.