Más mujeres privadas de libertad, menos oportunidades de salida

Estas modificaciones normativas sin perspectiva de género o sea, sin analizar el impacto real en las mujeres, generando más desigualdad, coinciden con el aumento de mujeres privadas de libertad en el último año. Conforme al Informe del Comisionado Parlamentario en el año 2021, desde setiembre de 2020 a setiembre del 2021 la población de personas privadas de libertad creció un 9%, mientras que la proporción de mujeres privadas de libertad creció un 26%. Según datos del INR de 625 mujeres privadas de libertad en 2019, pasamos a 930 en 2021.

Según este informe, el promedio de edad de las mujeres privadas de libertad es de 28 años, más del 50% son primarias y el 78% de ellas estaba en prisión por negociación, transporte o suministro de estupefacientes, una gran cantidad debido al ingreso de estupefacientes a otras personas privadas de libertad. O sea que la gran mayoría de las mujeres presas lo son por delitos de microtráfico y narcomenudeo, en sus propias casas o por ingresarles estupefacientes a otros adultos privados de libertad.

Por otra parte, el estudio es concluyente en señalar, que las mujeres privadas de libertad, en su totalidad, provienen de trayectorias socioeconómicas debilitadas, con baja escolarización y mínimas oportunidades de desarrollo en las áreas sociales y económicas. En su gran mayoría, han pasado por múltiples vulnerabilidades desde niñas, siendo víctimas de distintos tipos de violencia de género, sin acceso a una contención familiar, una vivienda digna y en general, a la mayoría de los derechos básicos.

Los diversos estudios internacionales reafirmen estos problemas con parámetros comunes en Latinoamérica. La CIM, Comisión Interamericana de Mujeres creada en 1928 y órgano asesor de la OEA, publicó un informe que da cuenta que en América Latina, entre 40% y 75% de las mujeres privadas de libertad, han cometido delitos relacionados con las drogas, una proporción dos o tres veces mayor que los hombres privados de libertad. En el informe se destaca que la selectividad penal determina a la postre, que sean privadas de libertad las mujeres, jóvenes, pobres, con hijos pequeños y con pocas oportunidades en el mercado laboral y en los ámbitos educativos.

El impacto de la privación de libertad es para las mujeres mucho mayor que para los hombres, dado que tanto las mujeres adultas en el INR como las jóvenes atendidas en INISA, son pobres y no han podido estudiar y egresan con pocas posibilidades de reinserción social, con un estigma acrecentado por el hecho de ser mujeres, jóvenes y por haberse alejado de sus familias y sus hijos pequeños. En definitiva para la sociedad han transgredido las expectativas culturalmente aceptables y mandatadas para las mujeres.

En definitiva estas mujeres son las olvidadas del sistema, sobre todo del Estado, quien debería haber actuado a tiempo dando la debida contención social durante sus trayectorias vitales golpeadas a través de políticas públicas adecuadas y de calidad»,

Más punitivismo

«La respuesta actual del Estado, termina siendo de mayor castigo, mayor punitividad, cuando se trata de mujeres que han cometido un delito, pero un delito no violento, buscado para salir de situaciones de extrema pobreza, con familiares directos privados de libertad o en redes delictivas, muchas veces, es la última salida o la salida obligada mientras son víctimas de situaciones de trata, explotación y abusos sexuales permanentes. Es en narcomenudeo el camino obligado y que les permite continuar criando a sus hijos, incluso realizar la actividad desde sus hogares.

El encierro justamente no es la forma para que estas mujeres puedan reinsertarse en sociedad, encontrar oportunidades laborales o educativas y reencontrarse con sus hijos/as. Más allá de la creación de una Unidad Especializada para Madres con Hijos y el Programa para madres con hijos, creados en períodos anteriores de gobierno, las respuestas actuales son insuficientes.

El informe del Comisionado Parlamentario alerta sobre este problema, incluso menciona que la mayoría de estas mujeres estaban a cargo de hogares monoparentales siendo las únicas proveedoras y referencia para sus hijos/as, y sugiere a los organismos competentes contar con una batería de políticas públicas, apela a la aplicación de medidas no privativas de libertad para mujeres y a un sistema de protección social, donde realmente se pueda salir de la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran y apuesten a la autonomía social y económica de las mismas.

Para muestra basta un botón. Algo muy común en los sistemas de privación de Uruguay, tanto en adolescentes como en adultos, es la masculinización de las respuestas, solemos brindar formación en construcción o gomería para hombres y en peluquería y cocina para las mujeres. Profundizando y reproduciendo la división de las tareas por género y las brechas salariales. Así como olvidamos los derechos sexuales y la relación de las madres con sus hijes. Es hora de romper esos estereotipos y brindar formación y oportunidades igualitarias para todes. Para ello, se necesita un Estado que trascienda desde la punición a la generación de verdadera integración social con más oportunidades para esta población.

Mientras sigamos pensando que aumentar las penas a través de modificar las normas penales, nos va a traer la solución a los problemas de la seguridad y no avancemos hacia políticas reales de protección social, no podremos avanzar y seguiremos estigmatizando a las y los más vulnerables de la cadena, las mujeres y los niños y niñas».

Dra. Andrea Venosa Armand Ugon