Por qué un cambio tendría tanto dinero de baja denominación en la casa de un presunto colaborador es algo que, entre muchas otras cosas, Zugarramurdi y los dueños de la empresa deberán explicar al fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez, quien ya inició una investigación.
Casi inmediatamente al allanamiento se supo que Leiva pagaba facturas de BPS y DGI de una empresa de construcción en una agencia de Abitab propiedad de Jorge Gandini y su esposa, que lo conocían del barrio y que muchas veces recurrían a él para obtener cambio chico. A nadie se le ocurrió preguntar por qué un señor que estaba siempre en su casa y no tenía ningún negocio público manejaba tantos billetes de baja denominación.
Nada de esto culpabilizaba a Gandini. Pero el tema se le complicó cuando se supo que los Leiva, padre e hijo, eran asesores del edil nacionalista Gonzalo Gómez, cabeza de la lista 250. Tan importante era este edil, que integraba el directorio del Partido Nacional y entre sus 8 asesores cuenta con la secretaria del propio Gandini.
A partir de este dato la situación adquirió otro ribete. Ahora un narcolavador aparecía como asesor de un edil y por eso cobraba 53.000 pesos mensuales. En realidad, según lo reconoció el propio Gómez, cobraba por no hacer nada.
Por ahora no se sabe si el propio edil Gómez se quedaba con algún dinero que se le adjudicaba para el pago de asesores.
Aunque aún la Junta Departamental de Montevideo no ha informado cuántos secretarios y asesores tiene cada uno de los 31 ediles que la integran, sí se sabe que cada curul recibe unos 262.000 pesos mensuales para contratar hasta un máximo de cinco secretarios, y además puede solicitar hasta cuatro pases en comisión; es decir, funcionarios cuyo sueldo lo paga la dependencia pública de origen. Pero no todos tienen esta cantidad de secretarios o asesores.
También están exonerados del pago de la patente de un vehículo de su propiedad, se les entregan vales por combustible, reciben mensualmente hasta 720 boletos para el transporte urbano y tienen reintegros por telefonía celular.
Si salen de Montevideo en tareas propias del cargo, contra comprobante, reciben reintegro de gastos. Y si viajan al exterior, además de pasajes y alojamiento, reciben un viático acorde a una escala de Cancillería, que no están obligados ni a justificar ni a devolver.
Algunos ediles son rentados por su propio sector político
¿Cómo llegan los asesores? No parece haber un criterio único, pero el caso del edil Gómez muestra que Leiva padre llegó por recomendación de su hijo, asesor y amigo personal del curul. Por lo menos otra fue colocada por el propio Gandini. También tiene a una funcionaria del Ministerio de Defensa, con el grado de “soldada de 1º”. Y los otros son jóvenes vinculados a la lista 250.
Básicamente, ¿qué hacen? Pues se les paga para que militen por su sector político. Cuando centenares de miles de uruguayos no logran superar los 30.000 pesos de sueldo, estas personas casi doblan esa cifra por estar en su casa y a la orden. Otro tema para incorporar a esta saga de dislates: la financiación de los partidos políticos.
El caso Maldonado
Que los ediles estén impedidos de percibir sueldo, dietas o compensaciones directas o indirectas, como establece el artículo 295 de la Constitución, parece ser algo de otro tiempo. Pero todos estamos obligados a respetar lo que establece la Carta Magna. Y si no gusta, hay recursos para cambiarlo.
Lo que no se puede hacer es violentarla con un decreto departamental, como hizo en el año 2015 la Junta Departamental de Maldonado con la excusa de “contribuir al fortalecimiento del sistema democrático”.
Todos los ediles blancos, los que respondían al entonces frentista Darío Pérez y el único colorado los dos representantes del sector de Óscar de los Santos se retiraron de sala, se votaron una partida inicial de 25.000 pesos con los aumentos y fechas respectivas.
Hoy, ese sueldo encubierto, como lo calificó Ricardo Gil Iribarne, entonces presidente de la Jutep, supera los 100.000 pesos mensuales.
Vale señalar que ningún ciudadano electo, sea presidente, legislador o intendente, se vota su propio sueldo, sino que éste se determina en el período anterior. Salvo los ediles de Maldonado y, más recientemente, los de Rocha.
Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada una cifra que surge de multiplicar la cantidad establecida por el número de ediles titulares. Luego cada sector hace el reparto.
Además están exonerados del pago de patente de un vehículo propio, reciben una partida fija para telefonía celular y a cada uno se le ha entregado una computadora portátil de última generación que deben devolver al final de su gestión. Por si fuera poco, cada sector político de cada partido cuenta con un secretario de bancada que percibe 238.902 pesos.
Según el decreto votado por los ediles, la partida que cobran no debe ser justificada. Pero, además, por ese dinero los ediles no pagan BPS ni IRPF.
Hace 11 años que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observa minuciosamente este gasto “que no tiene sustento legal”, según establece.
En el año 2017, un ciudadano de Maldonado que no tiene pertenencia partidaria, aunque por razones familiares estuvo brevemente vinculado al Partido Colorado, se indignó con esta situación, hizo una formidable recopilación de documentos, denunció en la Jutep, en la Corte Electoral, habló con autoridades de los partidos políticos y finalmente presentó una denuncia penal contra los ediles por “violación de la Constitición y abuso de funciones”.
La Jutep fue el único organismo que respondió con un fundado dictamen, estableciendo que ese pago a los ediles no solo violaba la Constitución, sino también la ley de Partidos Políticos, además de normas establecidas en el Tocaf y en el Estatuto del Funcionario Público.
Entonces la Junta de Maldonado pagó a los abogados Gonzalo Fernández, Álvaro Garcé, Gonzalo Aguirre y Carlos Delpiazzo para que emitieran un asesoramiento descartando cualquier irregularidad.
Con ese dictamen, y sin ninguna investigación, en el año 2018 el fiscal Schubert Velázquez ordenó el archivo de la denuncia.
Pero siete años después, y por una denuncia pública del periodista Jorge Bonica y luego una penal realizada por el Frente Amplio, se destapó un fraude cometido contra la Junta por el edil José Luis Sánchez con la coautoría de los también ediles Darwin Correa y Alexander Infante. Los tres integrantes del Partido Nacional y los tres expresidentes de la Junta.
A solicitud del fiscal Jorge Vaz, la Justicia formalizó a los tres ediles. Sin embargo, la investigación está detenida porque el Tribunal de Cuentas de la República aún no ha enviado el resultado de una auditoría sobre la Administración de la Junta, solicitada por Vaz hace casi un año. Recientemente la Justicia autorizó extender por un año esta causa.
Ante esta circunstancia y con nuevos elementos, el ciudadano denunciante en el 2017 resolvió presentarse ahora ante el fiscal Vaz, quien consideró que había mérito para abrir una nueva investigación sobre la Junta de Maldonado.
La Fiscalía solicitó información a la presidencia de la Junta, pero en principio ésta se negó porque “podría ser violatoria del secreto bancario de los ediles”. Vaz tuvo que recurrir a la Justicia para que ordenara el envío de los documentos, y a la vez pidió y obtuvo el levantamiento del secreto bancario para la Junta y los ediles.
El fiscal ya ha interrogado a varias personas, pero encontró una nueva dificultad para avanzar en la investigación ya que el Banco República no ha respondido con diligencia las solicitudes de información sobre las cuentas bancarias requeridas.
Los ediles que en el año 2015 negaban recibir “cualquier tipo de pago”, finalmente y ante las evidencias han encontrado diferentes justificativos. El más común dice que ellos entregan la partida a su sector político y éste le reintegra los gastos.
Esto abre dos flancos: 1) no existe una norma legal que le permita a la Junta financiar a los partidos políticos, y 2) los partidos, ¿declararon ante la Corte Electoral, como están obligados, estos ingresos?
¿Qué ocurre en el resto del país?
La Junta de Canelones tiene un régimen salarial similar al de Montevideo. Las de Artigas, Salto, Colonia, Florida, Río Negro, Soriano y San José otorgan partidas mensuales fijas o variables sujetas a asistencia para gastos de secretaría, alimentación, traslados o tecnología.
Los ediles de Paysandú, Lavalleja, Flores, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo solo reciben reintegros de gastos contra comprobante.
A los de Tacuarembó se les reintegran gastos por hasta 16.900 pesos (ajustables anualmente), reciben 4.000 pesos mensuales para telefonía celular, tres pasajes mensuales (ida y vuelta) a Montevideo y la exoneración del pago de patente de un vehículo de su propiedad.
Los ediles de Rivera tienen derecho a contar con un secretario que provenga de un pase en comisión.
En tanto, los ediles de Rocha cobran 45.000 pesos mensuales mediante una resolución aprobada por ellos mismos en diciembre del 2025.
Blancos en problemas
La última semana ha sido particularmente difícil para el Partido Nacional.
Un asesor del primer edil montevideano de la lista 250 de Jorge Gandini fue condenado por lavado de dinero y asociación para delinquir.
El edil que integraba el directorio del Partido Nacional, renunció al cargo y solicitó licencia en la Junta Departamental, donde difícilmente vuelva, según han considerado dirigentes blancos.
Un militante nacionalista de Maldonado y dueño de una inmobiliaria de Piriápolis fue formalizado por asociación para delinquir, estafa y uso de documento público falso, en un fraude con terrenos en Punta Negra. Su esposa y una escribana fueron condenadas por los mismos delitos como coautoras. Otros cuatro funcionarios de la misma inmobiliaria corrieron igual suerte.
La Fiscalía investiga, además, si estas personas accedieron a información privilegiada desde adentro del Municipio de Piriápolis, donde trabaja la madre de dos de los imputados, que además fue candidata a alcaldesa por el Partido Nacional.
Una investigación llevada adelante por la Policía Federal Brasileña por lavado de dinero y cambio ilegal de divisas llevó al arresto del alcalde de Aceguá, Diego Almeida. Después de declarar fue dejado en libertad. Hasta antes de asumir como alcalde el año pasado, el jerarca tenía un cambio en esa ciudad fronteriza.
Cinismo e hipocresía
¿Cuántos ñoquis habrá en otras dependencias del Estado?, ¿cuántos en el Poder Legislativo?, ¿cuántos serán familiares?
Hay mucha gente enojada con el sistema. Y aunque no todos los políticos son iguales, por acción u omisión terminan pareciéndose.
Las encuestas están revelando que a casi la mitad de los uruguayos ya no les interesa la política. Eso es lo que han conseguido todos los hipócritas que tienen un discurso público pero sus acciones colidan con su palabrerío.
No tienen derecho a disponer de dineros públicos en forma tan desleal.
No tienen derecho a acomodar en cargos públicos a hijos, esposas y amantes.
Cuando aparezcan, y pronto, los presuntos mesías que con el verso de salvarnos de tanta ignominia vendrán a apoderarse de lo que quede, será tarde para pensar en cambiar.
Hay que apelar a los buenos, que los hay y muchos. No se trata de refundar nada sino de mejorar lo que existe.
Una vez Ricardo Gil Iribarne dijo, en relación al ciudadano que denunció a los ediles de Maldonado: “Si hubiera muchos como él, los corruptos la tendrían muy difícil”.
De eso se trata, de que en lugar de “irse pa’ las casas” enojado y resentido, el ciudadano asuma su papel y se comprometa a cambiar lo que está mal, dejando de lado a los odiadores seriales.
La política es una actividad noble que debería servir para mejorar la vida de la gente. Lamentablemente, hoy muchos la usan para mejorar su propia vida.
