Un poder con la firma de un escribano fallecido
El documento que ocupa un lugar central en la investigación es un poder presuntamente falsificado que habría permitido a integrantes del entramado presentarse como representantes de los verdaderos propietarios de los terrenos.
Según Fiscalía, para confeccionar ese documento se falsificó la firma y se utilizó el sello de un escribano que había fallecido y que no expedía poderes desde la década de 1980.
Con ese instrumento se habrían realizado las primeras compraventas. La investigación sostiene que los terrenos eran inicialmente transferidos entre personas vinculadas al propio entramado, mediante operaciones en las que los precios documentados no necesariamente coincidían con el dinero efectivamente entregado.
La hipótesis fiscal es que esas operaciones permitían generar una cadena documental y colocar formalmente los inmuebles a nombre de personas que posteriormente podían disponer de ellos.
Cómo llegaban los terrenos a los compradores
¿Qué pasa con quienes compraron de buena fe?
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cuáles son los padrones involucrados, quiénes eran sus propietarios originales, cómo fueron transferidos y quiénes los adquirieron posteriormente.
Para los compradores que actuaron de buena fe, el punto central será establecer qué protección jurídica corresponde cuando una propiedad llega al mercado como consecuencia de una presunta maniobra fraudulenta que ellos desconocían.
Por eso, no puede afirmarse en esta etapa que todos los compradores conservarán los terrenos ni que necesariamente deberán devolverlos. La respuesta dependerá de la situación jurídica de cada padrón y de lo que determine la Justicia durante el proceso.
El desarrollo de la causa también deberá establecer si las operaciones posteriores cumplieron con los requisitos formales correspondientes y qué efectos tienen las transferencias realizadas a terceros que no habrían participado del presunto fraude.
El rol que Fiscalía atribuye a la escribana
Para el Ministerio Público, la actuación de la escribana habría sido relevante para completar la cadena documental de las operaciones. Según la tesis fiscal, intervino en las primeras compraventas y su actuación habría contribuido a otorgar apariencia de legalidad a las transferencias.
Fiscalía definió su presunta participación como un “aporte funcional a la ejecución de la estafa”, al proporcionar la instrumentación necesaria para que los inmuebles pudieran ingresar al tráfico jurídico y posteriormente ser vendidos.
Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia fue determinar si la profesional conocía que el poder era falso o si, por el contrario, también había sido engañada.
La Fiscalía sostuvo que la escribana intervino en reiteradas operaciones sustentadas en el mismo poder cuestionado. Para los investigadores, esa reiteración constituye un patrón que justifica profundizar en el conocimiento que la profesional pudo haber tenido sobre la documentación utilizada.
También se señalaron anomalías en los signos notariales del documento y diferencias entre determinados precios consignados en las operaciones y los movimientos bancarios posteriores entre las personas investigadas.
La defensa rechazó la interpretación de Fiscalía
El abogado Dr. Williman cuestionó la acusación y sostuvo que se pretende exigir a su defendida controles que no forman parte de las obligaciones habituales de la función notarial.
Según la defensa, corresponde al escribano comprobar que el poder contenga facultades suficientes, verificar la identidad de quien comparece y constatar mediante la información registral que el documento se encuentre vigente.
También cuestionó que se pretenda responsabilizar a la profesional por no reconstruir el recorrido del dinero utilizado en las compraventas.
“Prácticamente se les exige que sean investigadores privados”, sostuvo el abogado al rechazar que un escribano deba realizar una trazabilidad de los cheques utilizados en las operaciones.
La defensa también afirmó que las pericias realizadas sobre teléfonos celulares no aportaron, a su criterio, evidencia contundente de una connivencia entre la escribana y la persona señalada como responsable de falsificar el poder.
La jueza entendió que existen elementos para investigar
Tras escuchar los argumentos de Fiscalía y de la defensa, la jueza Diovanet Olivera entendió que existían elementos objetivos suficientes para disponer la formalización y continuar investigando la actuación de la profesional.
Entre los aspectos considerados por la magistrada aparecen las anomalías detectadas en los signos notariales del poder, que entendió debieron ser objeto de control.
La formalización no determina de manera definitiva la responsabilidad penal de la escribana. Se trata de una etapa del proceso en la que se habilita la continuación de la investigación bajo una imputación concreta.
La investigación por los terrenos de Punta Negra ya involucraba a varias personas. Antes de esta nueva resolución habían sido imputados el hombre señalado como responsable de falsificar el poder, el propietario de la inmobiliaria utilizada para comercializar los terrenos y un empleado de la empresa.
Además, mediante acuerdos abreviados fueron condenados la esposa del empresario, la expareja del empleado y un hermano de este último.
