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El Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reconoció que los actos ofensivos cometidos contra personas de la comunidad LGBTQIAPN+ pueden ser catalogados como insultos raciales y, por lo tanto, castigados con prisión.
El juez principal, Edson Fachin, dijo en su fallo que era un "imperativo constitucional" brindar a los ciudadanos LGBTQ igual protección ante la ley. El mismo tribunal dictaminó en 2019 que la homofobia era un delito, pero el fallo anterior se refería solo a los insultos contra la comunidad LGBTQ en general y no contra individuos.
Por considerar que muchos casos de homofobia quedaban impunes, la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales (ABGLT) llevó el caso ante el máximo tribunal. Actualmente, cualquier persona declarada culpable de injuria homófoba se enfrenta a una pena de entre dos y cinco años de prisión.
En un comunicado, la ABGLT calificó el fallo como "un logro histórico para nuestra comunidad".
Brasil tiene la tasa de asesinatos de personas LGBTQ más alta del mundo. Al menos 300 personas fueron asesinadas en 2021, según la ONG Grupo Gay da Bahía. Sao Paulo fue el estado con mayor número de muertes (42), seguido de Bahía (32), Minas Gerais (27) y Río de Janeiro (26).
El país también es considerado el más mortífero del mundo para las personas transgénero, según el grupo de derechos humanos Transgender Europe: 1.741 personas trans fueron asesinadas entre 2008 y 2022.
El Universo recordó que una de las primeras acciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al asumir el mando, en enero del 2023, fue sancionar la ley de injuria racial para condenar a prisión a los casos de racismo. La pena por injuria racial puede ser duplicada cuando el delito sea cometido por dos o más personas y se aplica también a los casos que se presenten en los partidos de fútbol, eventos deportivos, culturales o religiosos.