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Milei buscará encarcelar a promotores de la protesta social

El gobierno de Javier Milei visualiza un escenario conflictivo por su paquete de medidas y apronta la mano dura para reprimir la lucha social.

El presidente de Argentina, Javier Milei envió al parlamento una ley ómnibus con más de 600 artículos para intervenir en diferentes áreas, como la fiscal, económica, defensa, seguridad, sanitaria y electoral, entre otras.

Muchas de las medidas anunciadas tanto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como por el proyecto de ley al que se hacía referencia, generaran un negativo impacto social en la vida de la mayoría de los argentinos. Sin ir más lejos, la semana pasada cuando se anunció por parte del gobierno de Milei, algunas de las medidas del DNU, motivó la inmediata reacción de miles y miles de argentinos que salieron a las calles para marcar su disconformidad con lo anunciado. Un escenario similar se prevé con la discusión de la ley ómnibus.

Para ello, Javier Milei ha propuesto un paquete de iniciativas legales para reformar el Código Penal y de esta forma impedir la protesta social y las movilizaciones, agravando las limitaciones a la protesta y buscando criminalizar las legítimas luchas del pueblo argentino. Desde los movimientos sociales del vecino país se señala que esta propuesta avasalla derechos consagrados no sólo en la Argentina sino a nivel internacional, que tienen que ver tratados en materia de derechos humanos de todos los habitantes del planeta.

La normativa pretende castigar cualquier concentración de 3 o más personas en espacios públicos, quienes deberán pedir autorización al Ministerio de Seguridad para su realización. Con la propuesta, el gobierno de Milei podrá encarcelar hasta seis años a los manifestantes encargados de la movilización. Respecto a lo vigente, las penas aumentan y apuntan directamente a la organización social. La cárcel podrá aplicarse como mínimo por un año hasta 6 años, y se trata de delitos que no podrán ser excarcelables.

El proyecto de ley enviado por Milei, va en sintonía con el plan anunciado semanas atrás por Patricia Bullrich, denominado “Plan Antipiquetes”. Forma parte de un paquete represivo que buscará frenar la protesta social frente al descalabro y agudización de la crisis económica y social que vivirá Argentina en los próximos meses.

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