La normativa pretende castigar cualquier concentración de 3 o más personas en espacios públicos, quienes deberán pedir autorización al Ministerio de Seguridad para su realización. Con la propuesta, el gobierno de Milei podrá encarcelar hasta seis años a los manifestantes encargados de la movilización. Respecto a lo vigente, las penas aumentan y apuntan directamente a la organización social. La cárcel podrá aplicarse como mínimo por un año hasta 6 años, y se trata de delitos que no podrán ser excarcelables.
El proyecto de ley enviado por Milei, va en sintonía con el plan anunciado semanas atrás por Patricia Bullrich, denominado “Plan Antipiquetes”. Forma parte de un paquete represivo que buscará frenar la protesta social frente al descalabro y agudización de la crisis económica y social que vivirá Argentina en los próximos meses.