Políticas coordinadas
Entre los aspectos que destacó Olivera está el carácter transversal de las medidas, no se trata de acciones aisladas de cada ministerio, sino de políticas coordinadas que buscan objetivos integrales. “La seguridad no depende solo del Ministerio del Interior, ni la protección social solo del MIDES. Este presupuesto muestra cómo las políticas se entrelazan para dar respuestas integrales”, afirmó.
La base presupuestal se construyó considerando el gasto efectivamente ejecutado en 2024, integrando partidas reforzadas que ahora quedan consolidadas, como el Fondo Infancia del INAU, que asignó 200 millones de pesos transferidos recién en 2025. Olivera subrayó que, a diferencia de recortes previos, esta planificación parte de lo ejecutado y prioriza áreas definidas como estratégicas.
En el eje social, el presupuesto destina el 40% de los recursos adicionales a infancia y adolescencia, un 11% a programas de vulnerabilidad social y otro 11% a salud, con foco en salud mental. Según Olivera, estas asignaciones reflejan la prioridad de combatir la pobreza infantil, fortalecer los hogares más vulnerables y garantizar derechos básicos. Asimismo, destacó programas como Crece desde el pie, que apunta a mejorar la vivienda de recién nacidos, y la integración de iniciativas como Uruguay Crece Contigo y Más Barrio, que articulan políticas sociales y de seguridad en los territorios.
Educación y salud mental
En educación, el proyecto quintuplica las becas Butiá para estudiantes de enseñanza media, pasando de 12.000 beneficiarios a más de 60.000, con aumentos progresivos de los montos hasta 20.000 pesos en 2029. En cuanto al empleo juvenil, se prevé un programa de empleo protegido para 12.000 jóvenes de entre 18 y 24 años, fomentando la inclusión laboral de quienes suelen quedar rezagados.
Otro anuncio relevante es la creación de un sistema nacional de atención en salud mental, considerado por la legisladora como una deuda histórica que busca garantizar cobertura adecuada y equitativa en todo el territorio.
Olivera reconoció que habrá críticas sobre la distribución de recursos, especialmente en redes sociales, donde algunos comparan asignaciones de Defensa con las de áreas sociales. La diputada aclaró que la mayor parte del presupuesto se destina a ANEP, ASSE y el Ministerio del Interior, mientras que Defensa ocupa el cuarto lugar, subrayando la necesidad de visibilizar la asignación real de los recursos.
El dinero de los uruguayos
En materia de inversión pública, el proyecto contempla obras de infraestructura por unos 800 millones de dólares, sumadas a programas sociales que articulan crecimiento económico con empleo de calidad. Para Olivera, el presupuesto no es expansivo en términos clásicos, pero establece prioridades claras: “No es Alicia en el país de las maravillas, pero tampoco es un ajuste. Es un esfuerzo por colocar los recursos donde más se necesitan”, sintetizó.
La diputada hizo hincapié en la importancia de que la sociedad perciba los efectos concretos de estas políticas. “Es fundamental comunicar que el dinero de los uruguayos se está destinando a los hogares pobres, a la infancia, a la salud, a la educación. De eso se trata, de darle un rostro humano a los números”, afirmó.
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