Se sabe que el mundo de los vendedores de armas y equipamiento militar es un antro de hampones en todo el planeta, que pagan coimas a diestra y siniestra. Solo recuerden en Uruguay el caso de Igor Svetogorsky, durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera. O más recientemente, justo en el gobierno anterior, a los exmilitares uruguayos que les vendían equipamiento a nuestras FFAA y espiaron a los senadores frentistas Mario Bergara y Charles Carrera.
La hoy oposición ha centrado la discusión en lo que califica como “una operación política” para denigrar al gobierno de Luis Lacalle Pou. Y así han embestido contra el presidente Yamandú Orsi, y particularmente contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Si el contrato se está cumpliendo o no, parece ser una cuestión accesoria. Tan accesoria, según dicen, como la garantía que debía presentar el empresario Cardama.
Los hechos
En el año 2023, el entonces ministro de Defensa Javier García, al anunciar la concreción del contrato con el astillero Cardama, dijo que las “OPV estarían prontas en el año 2025. La primera a comienzos y la segunda a fines de año”. Pero el comienzo de los trabajos se demoró once meses porque Cardama no lograba ni las garantías ni la financiación para la construcción. El contrato definitivo fue firmado por Armando Castaingdebat, sucesor de García en el Ministerio. Casi al término del 2025 lo único que ha visto Uruguay es una parte del casco de la nave que, según los informes oficiales, sería más o menos el 60 % de la estructura.
Según las fotos difundidas por varios medios, lo que está avanzado es la proa de la nave. Pero, de acuerdo a los informes enviados al Ministerio de Defensa por los marinos que, en nombre de nuestro país, están en el astillero controlando la construcción, “lo que se ve es aproximadamente el 25 % de la primera OPV. Porque falta lo más complejo que es la motorización, el cableado interno, el montaje del armamento, la sala de controles y toda la tecnología que requiere para cumplir su tarea”. O sea, para terminar la primera lancha de ultramar faltaría casi un año. Al ritmo actual, la segunda recién estaría pronta en el 2028 por la sencilla razón de que el astillero no tiene capacidad ni locación para construir las dos lanchas al mismo tiempo.
Hay un dato no menor en poder de las autoridades ministeriales. Las soldaduras de las planchas de acero que ahora son un esbozo de nave no han sido certificadas por organismos que tienen esa tarea, con el fin de que la navegabilidad sea segura y los barcos no se partan en medio del mar. Y mucho más cuando el astillero Cardama no tiene ningún antecedente en la construcción de naves de este porte.
Por si esto fuera poco, el empresario Mario Cardama presentó una garantía de mantenimiento de oferta falsa, como fue probado. Tan falsa que, según informó Búsqueda, el escribano español Luis Calabuig de Leyva, presunto autor de un acta notarial que acompañaba la garantía por cuatro millones de euros, dijo: “Ese documento no lo he firmado yo; lo estoy comprobando. Es posible que sea una falsificación”.
La entidad financiera que respaldaba esta garantía es inexistente. No está ubicada en la dirección que figura en el contrato, no registra actividad, es propiedad de un ciudadano ruso y después de que Cardama presentara la última renovación, cerró su actividad en el Reino Unido. El estudio Delpiazzo, al que recurrió el Gobierno anterior para avalar el proceso de compra, realizó reiteradas advertencias sobre la “debilidad” de la garantía presentada.
Hasta el momento Uruguay ha pagado 30 millones de dólares, un tercio del total.
La posición del Gobierno: una orquesta desafinada
Desde el momento en que el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en conferencia de prensa la decisión de rescindir el contrato con la empresa Cardama, el Gobierno ha actuado como una orquesta desafinada. Pocos días después el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que “el Gobierno no descarta una mediación con el astillero español”.
Para el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “el contrato con Cardama está vigente pese a la controversia de la garantía. Si el aval no tiene sustancia y es sustituido, el pacto con la empresa continúa”.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo el pasado viernes en Legítima Defensa que “el contrato no se ha cumplido”. Pero para el subsecretario, Joel Rodríguez, “el contrato se está cumpliendo”.
¿Quién los entiende? Estas flaquezas comunicacionales han sido aprovechadas por la oposición para, incluso, denigrar al presidente. Por su parte, Orsi reiteró su decisión de rescindir el contrato y denunciar al empresario Mario Cardama por una presunta estafa, algo que ya se concretó en Fiscalía.
En una resolución firmada el 22 de octubre por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, se ordenó el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes, en el ámbito nacional e internacional, “para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay”, según expresa el decreto.
EuroCommerce es también un problema para el Reino Unido
El lunes pasado, el prosecretario Jorge Díaz presentó un informe de situación ante la Mesa Política del Frente Amplio. De acuerdo a información difundida por El Observador, El País, y a la que Caras y Caretas también tuvo acceso.
Por lo pronto la Oficina Nacional del Servicio Civil lleva adelante una investigación administrativa para intentar determinar eventuales responsabilidades de funcionarios uruguayos en este contrato. Por otro lado, también en el Ministerio de Economía se realiza una investigación administrativa para conocer cómo fue el proceso de pagos realizados al astillero Cardama.
Según dijo Díaz, “con la situación generada con la financiera EuroCommerce presentar una demanda contra el astillero podría ser la vía más efectiva, para obtener el resarcimiento”.
El jerarca informó que “el estudio jurídico del Reino Unido contratado por Uruguay recomendó que la Embajada uruguaya en esa nación envíe una carta denunciando el presunto fraude a la agencia oficial Serious Fraud Office y a la National Crime Agency, con copia al fiscal general para promover una investigación prioritaria”.
El caso EuroCommerce también tendría serias repercusiones políticas en el Reino Unido, ya que fue registrado allí por un ciudadano ruso después de que se impusieran sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania.
¿Quién fue el lobista de Cardama?
Dos fuentes de la Armada, que aceptaron hablar con Caras y Caretas, dijeron que “quien trajo el negocio con Cardama a Uruguay fue el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias”, quien actualmente está condenado por la Justicia en esa causa. A esta misma información accedió el periodista Diego Martini Lemos. Las fuentes agregaron que “como Iglesias no podía aparecer públicamente por su situación en la mutualista referida, recurrió a un hombre de su confianza, el excapitán de fragata retirado Gerardo Moreira, conocido en el ambiente marino como ‘el Bocha’”.
De acuerdo a lo informado en nuestra edición pasada por el periodista Ricardo Pose, “Moreira se dedica a representar en Uruguay (a pesar de residir en Canadá) a algunos astilleros. El reconocido astillero alemán especializado en buques de guerra, Lürssen, era uno de los representados por Moreira y también el de Vigo, Cardama”.
Pose agregaba que “quizás pueda parecer extraño que seguramente Moreira le presentara la propuesta a Rivera Elgue antes de que cayera la propuesta china (es decir, que maneja información interna), pero es lógico si se piensa que está en las habilidades del oficio de un vendedor, concurrente habitual al despacho del comandante en jefe, el almirante Jorge Wilson. Quien representa en este caso a estos astilleros percibe una comisión de entre el 2,5 % y 3,5 % de la venta (en este caso, un piso de 1.888.000 dólares)”.
Vale recordar que en las declaraciones realizadas por Iglesias, mientras se sustanciaba el juicio en el que resultó condenado, reconoció que el exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, “le había solicitado realizar algunas gestiones en Galicia”.
Pose informaba además que “el exsubsecretario de Defensa, hombre fuerte de Cabildo Abierto en el Ministerio de Defensa, fue quien recibió al exaviador de la Marina, Gerardo ‘Bocha’ Moreira. Fue quizás esta maniobra de conjunto la única ‘bandera blanca’ de paz, que hizo una tregua en el constante enfrentamiento entre los blancos de la lista 40 y Cabildo Abierto; el objetivo de paz: financiar parte de la campaña electoral de ambos sectores”.
Sin dudas esta es una de las cuestiones que también se debe investigar en esta tramoya.
