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Caso Cardama: nueva lista de citaciones con Astesiano y Javier García a la cabeza

Los delegados del FA en la comisión presentaron un pedido de información sobre diferentes aspectos del proceso de compra.

La comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV que funciona en la Asamblea General luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama sesionó por segunda vez este lunes y tuvo la primera comparecencia. El exministro de Defensa, José Bayardi, fue el primer invitado de la comisión para hablar del tema.

Bayardi fue ministro en dos oportunidades: entre 2008 y 2009 y entre 2019 y 2020. Si bien la comisión trabaja en el asunto desde 2010 hacia acá, hubo preguntas sobre los dos períodos porque la actual oposición quería saber si en los gobiernos del Frente Amplio había intenciones y planificación para comprar patrulleras oceánicas (OPV).

Según el diputado blanco Gabriel Gianoli, quedó claro que el tema no estuvo en la agenda de los gobiernos del Frente Amplio en ningún momento del ciclo progresista pese a que en 2016 aumentó el mar territorial. La solicitud para ampliar el mar territorial viene desde 2008.

Pero además de la comparecencia del exministro hubo espacio para nuevas solicitudes de citaciones. Los blancos habían presentado su listado la semana pasada que incluía a, entre otros, el dueño del astillero Mario Cardama.

Segunda lista

Ahora fue el Frente Amplio el que presentó un listado mientras que Cabildo Abierto hizo un solo planteo: pidió convocar al excustodio presidencial Alejandro Astesiano. El diputado cabildante Álvaro Perrone no explicó los motivos de la convocatoria en la comisión y no quiso hacer declaraciones cuando fue consultado.

En el marco de la causa que investigó y condenó a Astesiano por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado, se conocieron comunicaciones del excustodio de Luis Lacalle Pou con la empresa Vertical Skies. Esa empresa, que ofrecía material militar, era una de las lobistas de Hyundai Heavy Industries, una de las empresas interesadas en la licitación para la compra de las OPV, según publicó La Diaria. Finalmente, Hyundai no se presentó a la licitación.

Los nombres del FA

El oficialismo decidió presentar un listado dividido en cuatro puntos: uno está vinculados con el proceso de selección del astillero, en el punto dos los que tuvieron que ver con el contrato, en el tres aquellos vinculados a las garantías y el cuatro los que participaron del proceso de liberación del pago por cumplimiento del hito de presentación del Plano de la Cuaderna Maestra aprobado.

En esos cuatro puntos, obviamente, hay nombres que se repiten. Por ejemplo, el del exministro de Defensa y actual senador Javier García aparece en los tres primeros mientras que el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, está mencionado en el primero y en el último.

El Frente Amplio también pretende convocar al actual comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo, al contralmirante Gustavo Musso –exjefe del Estado Mayor de la Armada que pasó a retiro cuando Defensa eligió a Cardama para construir las patrullas– y los dos inspectores del ministerio que viajaron a Vigo para seguir de cerca la construcción.

También está José Delpiazzo como representante del estudio que asesoró a la cartera en todo el proceso de firma de contrato, el exdirector de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa, Damián Galo, a quien una investigación administrativa realizada durante esta administración sugiere sumariar y el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira en calidad de comisionista y representante de Cardama en Uruguay.

Otro de los que aparece en el listado, presentado por el senador oficialista Eduardo Brenta, es el notario español Luis Calabuig de Leyva que figura como labrador del acta de la garantía de EuroCommerce Limited presentada por el astillero al Estado uruguayo. Calabuig de Leyva decidió presentar una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por la falsificación de su firma.

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