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El entierro del Proyecto Neptuno: polémicas y proyecciones de la nueva planta potabilizadora

El gobierno del Frente Amplio decidió enterrar el Proyecto Neptuno, uno de los emblemas de las administración de Lacalle Pou.

El Gobierno del Frente Amplio decidió enterrar el Proyecto Neptuno, uno de los emblemas de la administración de Luis Lacalle Pou, quien insistió en impulsarlo de forma solitaria y a contramano de múltiples advertencias. Académicos, actores sociales y referentes políticos habían señalado reiteradas veces las posibles violaciones constitucionales, los impactos ambientales y la pérdida de soberanía sobre un recurso estratégico que implicaba dicho proyecto. Sin embargo, el expresidente optó por firmar el cuestionado contrato poco antes de abandonar el gobierno, más como una herencia conflictiva que como una solución estructural.

Desde una lectura política, Lacalle Pou erró en sus cálculos al suponer que la firma del contrato generaría condicionamientos insalvables para el Gobierno entrante. El resultado fue el inverso: no solo se logró sortear esas trabas, sino que incluso se consolidaron nuevos consensos. Tal vez lo que no anticipó fue que, además del rechazo del nuevo Gobierno, importantes sectores empresariales —originalmente parte del consorcio— también darían un paso atrás. Las negociaciones en la Torre Ejecutiva dieron sus frutos y, finalmente, el Ejecutivo, junto a las empresas involucradas, anunciaron el fin del Proyecto Neptuno. Un golpe certero no solo al proyecto, sino a la imagen política del expresidente y a la figura de liderazgo que cuidadosamente intentó construir durante su mandato.

Este distanciamiento entre la representación política de la derecha y sectores relevantes del empresariado no es un hecho aislado. Al menos otros dos episodios en lo que va del año evidencian esa fractura: por un lado, integrantes del consorcio Ferrocarril Central denunciaron deudas del gobierno anterior por 160 millones de dólares y anunciaron una demanda internacional; por otro, mientras el Partido Nacional y el Partido Colorado se retiraron del Diálogo Social para discutir la reforma de la seguridad social, los sectores empresariales que participan en dicho ámbito decidieron continuar.

Estos hechos, tomados en conjunto, delinean posibilidades de construir una nueva etapa de alineamientos. La solución alternativa presentada por el Gobierno de Orsi no solo sustituyó el polémico Neptuno, sino que lo hizo a través de un proceso abierto al aporte de organizaciones sociales y con base técnica sólida. Todo ello, además, sin romper vínculos con los actores empresariales, que pasaron a ser parte de la solución.

Las principales medidas anunciadas, las críticas al Proyecto Neptuno y las repercusiones

Nueva planta potabilizadora sobre el Santa Lucía: el corazón del nuevo plan

El Ejecutivo anunció la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la zona del río Santa Lucía, en Canelones, como eje central de su estrategia para garantizar el abastecimiento al Área Metropolitana hasta 2045. El proyecto será ejecutado por OSE y aprovechará las estructuras contractuales existentes del Proyecto Neptuno, ahora abandonado.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que se renegociaron los términos con el consorcio privado que iba a construir Neptuno. Esos acuerdos permitirán utilizar la misma figura legal para levantar una planta en las cercanías de Aguas Corrientes, con una capacidad adicional de potabilización de 900.000 metros cúbicos.

Solución integral para la Costa de Oro

Además de la planta principal sobre el Santa Lucía, se instalará una planta secundaria y una reserva de agua bruta en el arroyo Solís Chico. Esta infraestructura permitirá asegurar el suministro a toda la franja costera entre Jaureguiberry y el arroyo Pando, históricamente vulnerable durante las sequías.

El fin de Neptuno: razones y cuestionamientos

El anuncio se produjo apenas 48 horas después de que el Gobierno comunicara oficialmente la suspensión por 90 días del contrato de Neptuno, en el marco de una renegociación estructural. El proyecto anterior, que proponía captar agua del Río de la Plata desde Arazatí, había sido duramente cuestionado por técnicos, organizaciones ambientalistas y juristas.

El expresidente Lacalle Pou reaccionó de inmediato, calificando la decisión como “política y técnicamente desacertada”. Según expresó en su cuenta de X, Neptuno significaba una diversificación en las fuentes hídricas, algo que —según él— Casupá no garantiza. “Demoramos años en esta supuesta reserva. Las malas decisiones las terminan pagando los uruguayos”, escribió.

Informe del BID: Casupá es más robusto que Arazatí

En contrapartida, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldó la decisión del nuevo Gobierno. Un informe elaborado en junio de 2025 concluyó que la represa de Casupá representa una opción más confiable frente a escenarios de escasez hídrica. La evaluación fue coordinada por la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) y OSE, y considera variables de demanda proyectadas hacia 2035.

El informe señala que Arazatí tiene “limitaciones técnicas ante situaciones extremas de escasez”, y recomienda como complemento la reducción urgente de pérdidas en la red de distribución, por ser una medida de impacto inmediato y alta eficiencia.

Detalles técnicos del proyecto Casupá

El proyecto contempla la construcción de una represa de hormigón compactado sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos y se integrará a un conjunto de obras en Maldonado y Aguas Corrientes.

Se incluirán un aliviadero de labio fijo, una toma de agua, un canal de desvío y accesos viales, garantizando funcionalidad y mantenimiento. OSE ya abrió el llamado a precalificación para las obras, cuya apertura de ofertas está prevista para el 25 de septiembre.

El financiamiento parcial estará a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por lo que se aplicarán sus normas y procedimientos de contratación.

Una promesa de campaña y una meta de gobierno

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que la obra estará terminada dentro del actual período de gobierno. Las tareas comenzarían a fines de 2026 o comienzos de 2027, tras los procesos de licitación y adjudicación en curso.

“Es la obra fundamental”, afirmó Ortuño, quien también defendió la cancelación de Neptuno por razones de costo, impacto ambiental y seguridad hídrica. “Esta es una solución más robusta, eficiente y económica. El país se ahorra más de 100 millones de dólares”, declaró a La Diaria.

Una apuesta estratégica frente al cambio climático

La crisis hídrica de 2023 dejó al desnudo las debilidades del sistema actual. Por ello, las nuevas autoridades consideran que Casupá y las obras complementarias representan una respuesta estratégica frente al cambio climático.

OSE ya actualizó los estudios de impacto ambiental y elabora un Plan de Gestión Ambiental y Social que se aplicará durante la construcción y el llenado del embalse. También se implementarán sistemas de monitoreo y control permanentes.

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