El fiscal Diego Pérez “presiona desde el año 2022 a los actores de este proceso, pero especialmente ha presionado a Lombide -quien padeció un ACV en el medio y que ahora llegó a un juicio abreviado- y al exgerente general de la Ursec, Óscar Mecol”. “El acuerdo es obvio que es bajo presión, porque Pérez dice que todo este asunto de esta radio empezó con una interferencia que estaba sufriendo la frecuencia 92.1, y esta radio Palmitas es frecuencia 99.5; es físicamente imposible que la interfiera”. Según conoció Caras y Caretas, el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, quiso rectificar algunos aspectos del acuerdo para el juicio abreviado y el fiscal no se lo permitió. De hecho, la frecuencia de la radio Palmitas no interfería con ninguna otra -según las fuentes consultadas-, y sin embargo en el acuerdo del juicio abreviado alcanzado por Pérez con Lombide, así se describe. En esta causa, el fiscal Pérez acusó al exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, de tres delitos de abuso de funciones: el primero por reunirse con el exsecretario del organismo, Óscar Mecol y por su reunión con Gustavo Sorrentino, funcionario subordinado a Cendoya. El fiscal Pérez comenzó investigando a Sorrentino por la trituración de papeles o documentos pero, en setiembre pasado y a tres años de haber recibido una bolsa de papeles triturados imposible de reconstruir, Caras y Caretas pudo conocer que el fiscal comunicó en audiencia su decisión de no incluir en su acusación al asunto de la trituración de papeles que tantas veces, en forma pública, había insistido como el origen de la denuncia de la Ursec. Es más, Pérez ni siquiera formalizó al funcionario que trituró ese material, pero, al mismo tiempo, también ha manifestado en las audiencias de control de acusación, según pudo conocer Caras y Caretas, que lo seguirá investigando. El fiscal fue denunciado por la abogada Cecilia Salom, quien elevó la denuncia al fiscal de Corte Juan Gómez por desacato y abuso de funciones presuntamente cometidos por el representante del Ministerio Público.
Incautación de equipos
En 2014, el Poder Ejecutivo advirtió que no se podía autorizar la frecuencia de esta radio comunitaria porque regía veda electoral a la fecha del trámite de regularización de la radio. La veda electoral regía para esta actividad hasta el 26 de abril de 2015 y por ello la finalización del trámite ocurrió el 6 de julio de ese año. Por eso, el directorio de Ursec instruyó al gerente de ingeniería de Telecomunicaciones, Leslie Green, a no inspeccionar radio Palmitas hasta que el Ministerio de Energía solucionara su regularización, de modo de no causar daño ilegítimo. Sin embargo, Green no transmitió la orden a los inspectores y el 25 de febrero de 2015 inspectores de la Ursec incautaron los equipos.
Ese mismo día, Lombide y Cendoya, por resolución de directorio, ordenaron devolver los equipos incautados a la radio comunitaria, cumpliendo con la ley 18.232 que imponía a las autoridades de Ursec promover y proteger la radiodifusión comunitaria. En Palmitas no había otra radio. Con la decisión de devolver los equipos, el directorio del organismo buscó evitar causar un daño ilegítimo a una radio comunitaria que había cumplido con todos los requisitos de regularización.
