Informe
El último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, publicado en junio de 2025, señalaba que 8 de cada diez mujeres presas lo estaba por delitos vinculados con estupefacientes. A eso se le suma que hay unos 68 niños y niñas viviendo con sus madres en la cárcel.
“Los datos evidencian una nueva paradoja, las personas que ejercen delitos menos violentos (las mujeres) son penadas casi exclusivamente con privación de libertad. Del total de las medidas que no implican encierro solamente un 16% de las mismas, distinguiendo entre medidas privativas de libertad (arrestos domiciliarios, prisiones domiciliarias, cautelares con tobillera) y no privativas de libertad (libertades a prueba y libertades vigiladas), son aplicadas a las mujeres”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.
El proyecto de ley presentado le restituye al juez la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad a mujeres imputadas por delitos de drogas (en los leves, principalmente), y a conceder régimen de prisión domiciliaria frente a períodos de embarazo y de lactancias.
La exposición de motivos agrega que la mayoría de las mujeres que se involucran en este tipo de delitos son “pobres, tienen personas a cargo, son jefas de hogar, se ubican en las líneas más frágiles del mercado laboral, lo que deja en evidencia las marcadas asimetrías de acceso a recursos y poder entre los géneros”.
“El encarcelamiento femenino genera impactos negativos sobre terceros, en especial, sobre sus hijos e hijas, que quedan en una situación de particular vulnerabilidad ante la privación de libertad de sus referentes”, dice el texto y agrega que las mujeres que cometen este tipo de delitos “generalmente son la respuesta –y evidencia– del sometimiento de un hombre con quien mantienen un vínculo afectivo o de parentesco”.
