Los números del negocio
Los datos obtenidos por Brenta revelan que la Intendencia de Maldonado fue la que más dinero pagó a la Fundación A Ganar. Unos 40 millones de dólares por “gerenciamiento de recursos humanos para diferentes áreas de la Intendencia” y por “honorarios, salarios vacacionales, nómina de BPS, BSE, supervisión programa socioeducativo laboral ‘Impulsar’, programa adicciones ‘Tu nuevo futuro’, colaboración destinada al tercer torneo internacional de quad rugby Copa ‘Malena Secco’”. Según el TCR, “no se consigna el procedimiento de compra por 38.000.000 dólares del total general”.
Le sigue el Mides, con una particularidad: según la respuesta del TCR, los contratos fueron por 2.300.000 dólares. Pero en la respuesta que el propio Ministerio dio al senador Brenta, hay contratos por otros 18 millones de dólares, lo que eleva el montó total a 20.300.000 dólares. Todos estos contratos fueron por “compra directa”.
Luego está la Intendencia de Paysandú con 13.500.000 dólares por “gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, servicios generales de la Intendencia”. De ese total, 12 millones fueron por compras directas.
A continuación está la Intendencia de Rocha con un total de 9.000.000 de dólares por “gestión contable administrativa y técnica en programas sociales, culturales, deportivos y educativos de la Intendencia” y por “programa socioeducativo de temporada estival”. La mayoría de estos contratos fueron por licitación pública, pero con un único oferente.
La Intendencia de Durazno contrató a la fundación por un total de 2.850.000 dólares, todos por licitación abreviada, pero no constan los motivos.
Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó tres contratos por un total de 1.650.000 dólares para “contratación de servicio RRHH”. Dos fueron por “licitación abreviada” y un tercero por “compra directa”. Entre los contratados hay arquitectos y otros profesionales que, obviamente, no están entre los ciudadanos de menores recursos.
Finalmente, Presidencia de la República firmó 21 contratos por un total de 1.300.000 dólares por múltiples motivos que van desde personal de limpieza y cocina hasta diferentes proyectos, muchos por compra directa y otros por licitación abreviada.
La Fundación se define como una ONG y, por tanto, regulada por estatutos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura. Como tal, no debe tener fines de lucro, pero cobra por sus servicios.
Según estimaciones, la fundación “sin fines de lucro” ganó unos 6 millones de dólares en los cinco años. Por cada uno de esos contratos percibió como “gastos de administración” entre el 5 % y el 8 % de los sueldos nominales que pagó dependiendo de qué organismo se tratara, más 2.500 pesos por cada alumno que participó de los innumerables cursos y talleres que organizó.
Como ONG está exenta del pago de impuestos y aportes patronales. Pero en varias resoluciones la Intendencia de Maldonado la define como “la empresa”. En tal caso, debería pagar impuestos, y es lo que ahora reclama el senador Brenta al BPS y a la DGI.
En muchas observaciones realizadas, el TCR ha sido preciso: “Por algunos servicios que presta debe pagar IVA”, pero la Fundación nunca lo hizo. El argumento usado por los organismos públicos que la han contratado se reitera: tomando personal a través de una fundación no tienen que pagar aportes patronales al BPS. O sea, contribuyen a la desfinanciación de la previsión social. Los trabajadores contratados no perciben licencia, ni salario vacacional, ni aguinaldo, y tampoco tienen derecho a indemnización por despido. Y los salarios son muchísimo más bajos que los que pagan las respectivas intendencias.
De blancos para blancos
La Fundación A Ganar fue fundada en el año 2005 con el objetivo de “potenciar el desarrollo integral de hombres y mujeres, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de un espacio de contención y referencia, el trabajo en valores, la capacitación técnica, la inserción laboral y la inclusión social, utilizando el poder transformador del deporte y la tecnología”, según expresan en su web. Desde el principio estuvo dirigida por Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía y exsenador blanco Ignacio De Posadas. La señora falleció en agosto del 2022, aunque hacía ya un tiempo que había delegado la presidencia en Alejandro Rico, exdirector del Instituto Nacional de la Juventud y asesor, entre otros, del intendente de Maldonado, Enrique Antía. Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez, amigo y secretario particular del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se desempeña como subdirectora técnica. A su vez, el secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, es hermano de la secretaria técnica de la Fundación y del secretario privado de Lacalle.
Es altamente probable que la señora Secco, a quien muchos que la conocieron definen como una persona religiosa, con empatía hacia los más desposeídos y lejos de manejos políticos, tuviera otra idea sobre el trabajo de la fundación. Pero su sucesor, militante político nacionalista, y quienes le acompañan, la convirtieron en una máquina perfecta para el clientelismo político.
“La agencia de colocaciones”
A través de la Fundación A Ganar, la Intendencia de Maldonado ha logrado contratar una cifra imprecisa de funcionarios que algunos sitúan en algo más de 1.000 y otros dicen que son cerca de 3.000. La imprecisión puede parecer grave, pero ocurre que no es sencillo saber cuántos programas, cuántos cursos, cuántas pequeñas empresas están contratadas por la Intendencia usando a la Fundación A Ganar. Entre otras cosas, porque la Intendencia dirigida por Enrique Antía se negó a responder sucesivos pedidos de informes realizados por la oposición frentista. Los ediles del FA tuvieron que recurrir a la Justicia para que ésta ordenara la entrega de la información requerida.
Reiteradamente, las direcciones de Deportes, Cultura, Tránsito y Transporte, Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud recurren a esa institución privada para contratar personal zafral o permanente. Además, son decenas las pequeñas empresas que se dedican al barrido de calles y mantenimiento de espacios públicos en todo el departamento. Varias han ganado licitaciones, pero otras fueron contratadas por la Fundación. Casi todas estas empresas están dirigidas por gente cercana al Gobierno nacionalista. Las oficinas de la propia Intendencia tienen un buen número de administrativos y personal de servicio ingresado de la misma forma y fácilmente distinguible, porque usan otro uniforme.
A fines de enero del 2022 estalló un escándalo que involucró a una persona estrechamente vinculada a Antía que, con el apoyo de la Dirección de Género de la Intendencia de Maldonado, realizaría un taller de “reeducación” dirigido a mujeres que “ejercieron violencia hacia varones, hijos, familiares o pares”. El taller estaría a cargo de Jeannette Perdomo, dirigente del sector del intendente y exdirectora del diario Cinco Dedos, editado en el 2020 por el multimedio Grupo R, que apoyaba al gobierno pero apenas duró un año.
Al presentar este taller, y sin mencionar ningún estudio probatorio, Perdomo dijo que “un 60 % de las mujeres en el país están siendo marcadas como violentas y que un 30 % de los hombres, entre 24 y 25 años, se suicidaron por no haberse animado a denunciar la violencia”. Desde INMUJERES hasta todas las organizaciones feministas del país rechazaron esas expresiones. Perdomo, que estaba contratada por la Fundación A Ganar, fue cesada y el taller no se realizó. Varias fuentes integrantes de la Dirección de Género de Maldonado señalaron entonces que “se ha llenado de chantas sin ninguna formación, que presentan una idea y se la aprueban solo porque son del partido del intendente”.
La relación familiar existente entre la directora técnica de la Fundación y el secretario general de la Intendencia de Rocha motivó la creación de una Comisión Investigadora y con solicitudes de informes remitidos al Tribunal de Cuentas y a la JUTEP. En tanto, a fines del 2022, la bancada de ediles del Frente Amplio de Paysandú presentó una denuncia penal contra la Intendencia de ese departamento y contra la Fundación A Ganar por diversas irregularidades constatadas en la contratación de la referida fundación. La denuncia aún no ha sido sustanciada en Fiscalía, pero la Intendencia está pagando una multa diaria, establecida por ley y ordenada por la Justicia, por no responder los pedidos de informes.
Según los denunciantes sanduceros, unos 500 funcionarios municipales contratados fueron cesados y pasaron a trabajar para la Fundación. Alejandro Rico, presidente de la organización, dijo a principios de julio en Maldonado que “les iba mejor con los gobiernos del Frente Amplio” y que “la izquierda sostiene relatos falsos sobre el funcionamiento de la entidad”.
Los datos entregados por el TCR al senador Brenta parecen desmentir a Rico porque, aunque es cierto que también los gobiernos del Frente Amplio recurrieron a esa organización, los contratos han sido por cifras ínfimas.
Tan grave es la situación de estos últimos cinco años que varias de las observaciones realizadas por el organismo de contralor a muchos de estos contratos fueron enviadas a la Asamblea General. Y eso ocurre cuando un organismo público realiza un gasto que el TCR considera irregular o incorrecto, y este organismo no corrige la situación tras una primera observación.
El Tribunal no tiene potestades sancionatorias que sí competen al Parlamento, que hasta podría determinar una denuncia penal o el inicio de un juicio político. Ocurre que la Asamblea General no considera las observaciones desde el año 1985.
