La resolución fue firmada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el 16 de julio. Previamente, el sector oficialista de la Ursec había dado su visto bueno a la fusión. Según el organismo regulador, la fusión no representa una "operación de concentración" debido a que "la televisión paga y el streaming forma parte del mismo mercado relevante", argumento que también expone la resolución del Poder Ejecutivo.
Uno de los referentes que se pronunció sobre el consorcio entre cableoperadores fue Pablo Siris, director de la Ursec por el Frente Amplio (FA), quien aseguró que la propuesta es violatoria de la normativa vigente, es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios. Al mismo tiempo, el artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y la diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control. Del mismo modo, el artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante, por lo que el Estado está impedido de autorizar este consorcio”, detalló durante una mesa de diálogo sobre la ley de medios que tuvo lugar en la Udelar.
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