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Haciendo lo mismo no se obtienen resultados diferentes

En seis días se cometieron 13 asesinatos (12 en Montevideo y uno en Estación Atlántida). El más cruento ocurrió en el barrio El Monarca cuando cuatro hombres, simulando ser policías, ingresaron a una casa y mataron a 5 personas.

En seis días se cometieron 13 asesinatos (12 en Montevideo y uno en Estación Atlántida). El más cruento ocurrió en el barrio El Monarca cuando cuatro hombres, simulando ser policías, ingresaron a una casa y mataron a 5 personas.

Todos los crimenes tienen las mismas características, dos hombres que circulan en moto acribillan a sus víctimas desde corta distancia. Los actos de sicariato serían consecuencia de luchas entre pandillas barriales de traficantes de drogas, según ha señalado la Policía. Aún se desconoce si alguno de los muertos era ajeno a actividades delictivas.

El temor constatado entre residentes en algunos barrios capitalinos lleva a que se encierran apenas cae el sol porque es cuando recrudecen las balaceras. Sin embargo, es notoria la desprotección de quienes, por ejemplo, deben llegar a sus domicilios en horas nocturnas.

Hasta hace dos o tres años, la violencia barrial extrema estaba focalizada en tres o cuatro barrios montevideanos. Pero a medida que creció la represión de los grupos delictivos, éstos se fueron desplazando, y con ellos toda su actividad. El ejemplo más visible es el quintuple asesinato del barrio El Monarca. Allí fueron prácticamente exterminados los miembros de la familia Suárez que no estaban en prisión efectiva y recientemente se habían trasladado de barrio. Dos años atrás, este grupo delictivo asoló Villa Española, y su enfrentamiento con los Puglia, otra banda de delincuentes, generó múltiples víctimas. Todos están en el “negocio” del tráfico de drogas.

Estos Suárez son un grupo criminal familiar que no tiene relación con los otros Suárez liderados por el “Betito Suárez” y su medio hermano, “el Ricardito”. Ambos están presos igual que Loly, otra de sus hermanas, quien había quedado a cargo de las operaciones del clan principalmente en el Cerro.

Años atrás eran socios de los Albín, otro grupo familiar delictivo, encabezado por Luis Fernández Albín, quien también está preso. Según las investigaciones policiales, este hombre había establecido estrechos vínculos con Sebastián Marset y con el Primer Comando de la Capital brasileño. En los hechos se le ha vinculado al tráfico internacional de drogas y en diferentes operativos se le incautaron unas 4 toneladas de cocaína. En los últimos días, a través de una carta, aseguró “estar lleno de odio”, y amenazó de muerte a las autoridades del INR, de quienes dijo “sentirse una víctima”.

La violencia como tema de salud pública

Durante la gestión de Luis Alberto Heber como ministro del Interior se contrató a Diego Sanjurjo, experto en temas de seguridad, para elaborar un plan estratégico de combate al crimen organizado. Luego, a partir de la sanción decretada por Nicolás Martinelli, sucesor de Heber, contra el sociólogo Javier Donnangelo, director del Observatorio de Criminalidad, Sanjurjo quedó a cargo de este organismo.

Integrante del Partido Colorado, Sanjurjo debió requerir el visto bueno de su sector cuando el actual ministro, Carlos Negro, le propuso continuar con su tarea al asumir el gobierno frenteamplista. Junto al también sociólogo Emiliano Rojido, son los principales asesores de Negro en asuntos de criminalidad.

Casi al final del gobierno pasado, Sanjurjo anunció la puesta en práctica de un plan para enfrentar las tasas de homicidios que crecían. Se trataba de “operadores barriales” que debían intervenir antes de que estallaran situaciones de violencia extrema.

No sabemos si ese plan continúa o se incorporó al plan Más Barrio, ni nunca se difundieron sus resultados. Pero ante los hechos cotidianos no parece haber funcionado.

Un plan similar se desarrolló en la ciudad de Baltimore, la más poblada del estado estadounidense de Maryland, que entre los años 2021 y 2025 logró reducir un 60 % la tasa de homicidios. ¿Qué hicieron? La Policía y trabajadores sociales identificaron a las personas con mayor riesgo de cometer o sufrir violencia armada. Luego se les advirtió sobre las consecuencias legales si continuaban delinquiendo. Y luego se les conectaba con recursos críticos como vivienda y empleo, tratando de evitar que volvieran al crimen.

Los resultados fueron evidentes. Una de las principales razones del cambio se debió a las transformaciones graduales y constantes impulsadas por el alcalde Brandon Scott, al involucramiento de la comunidad y a algunas organizaciones sociales. Todos empezaron a tratar la violencia armada como un problema de salud pública que puede reducirse considerablemente con vivienda estable, empleo digno, acceso al transporte, educación, deportes y otras oportunidades para jóvenes.

¿Por qué allá sí y acá no?

Entre la ciudad de Baltimore y su zona metropolitana viven unas 8.500.000 personas. Mucho más del doble que en todo Uruguay. Solo este dato propone otra complejidad. Es una ciudad portuaria, igual que Montevideo.

Entonces, ¿por qué allá se pudieron lograr resultados y acá no? Dos altos jerarcas policiales, uno que ocupó cargos de relevancia en el pasado y otro que los ocupa ahora, dieron su visión a Caras y Caretas con la condición de mantener sus nombres en reserva. “Hay formas de accionar dentro del Ministerio que parecen ser fruto de cierta improvisación más que del conocimiento”, señaló quien ahora ocupa un cargo muy importante. Agregó que “esta definición no debe entenderse como un menoscabo de la persona del ministro Carlos Negro, un hombre respetable que tiene un bagaje de conocimiento importante desde su actuación como fiscal. Ocurre que la Policía es obligada a tener resultados en función de los tiempos políticos”.

“Se lo explicó más claro dijo, la ciudadanía presiona a los políticos y éstos a la Policía. Mantener la seguridad pública es una función política. Pero aquí es donde entran los puntos de vista diferentes de cada partido y eso lo complica todo. Porque los oficiales saben que si quieren avanzar en su carrera y llegar a lugares de relevancia, dependen de los políticos. Entonces, la institución se convierte en un coto de caza de los diferentes operadores políticos. Cambiar esa cabeza, en este país, no parece ser fácil”.

El jerarca policial señaló que “uno de los errores más grandes de los últimos 60 años fue haber militarizado la Policía con las Fuerzas Conjuntas. Después ya en democracia tuvimos grupos delictivos que vestían el uniforme. A su vez, el sistema establecía cada vez más delitos y se nos otorgaban cada vez más tareas. Esto alejó a la Policía de los ciudadanos. Lo peor que nos podía pasar como responsables de la seguridad pública. Si la gente no confía en nosotros, todo lo que hagamos será vano”.

Nuestra fuente reconoció que “en la Policía también se expresan las diferentes opiniones políticas y eso se traslada a los resultados. Creo que todo el mundo entenderá lo que quiero decir. Por eso sería muy importante, para todos, que la seguridad dejara de ser un asunto de debate público. Porque en el fondo todos quieren lo mismo. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? En mi opinión, tómela como tal, no lo hacen porque, en un sentido u otro, todos van por los votos y, por tanto, posiciones de poder para otros asuntos. Y está demostrado que la seguridad es uno de los temas por el que los ciudadanos determinan su voto”.

Nuestra otra fuente, que ocupó cargos de relevancia en el pasado, sostuvo que “combatir al crimen organizado requiere otra cabeza. Ocurren cosas que son llamativas. Vea, la Dirección de Aduanas ha realizado importantes operativos contra los contrabandistas de cigarrillos y perfumes. Pero las armas, las municiones y la droga entran por los mismos lugares y no se los encuentra”.

“A mi juicio agregó, se va a cometer otro error al poner vehículos militares a patrullar en los barrios. Encima son vehículos desde los cuales no se puede disparar. O sea, cuando los policías bajen, los matarán con un palito. Mientras tanto, no veo poner el énfasis en seguir la ruta del dinero. Entiéndame, amigo, esto es por plata. Si se le quitara con rapidez todo el fruto económico de sus actividades delictivas, los narcos se quedarían sin sus fuentes de financiamiento. Pero de ese lado hay gente muy poderosa y ningún policía está preparado para enfrentarlos”. Sostuvo que “a los capos narcos hay que quitarles el dinero y toda la mano de obra. Pero eso requiere una sólida intervención estatal”.

Para este exjerarca, “la inteligencia policial es mucho más importante que armarse para guerra. El Ministerio dispone hoy de recursos y tecnología impensables en el pasado. Hoy, desde un celular y con su número de cédula, podría conocer dónde está usted, sus desplazamientos, qué comió hoy y si está al día con sus impuestos, entre otras muchas cosas. Por eso es, por lo menos, llamativo que resulte tan difícil controlar el delito”.

“Años atrás llegó a funcionar una mesa semanal de análisis de información que integraban la Policía, Aduanas, Interpol, Prefectura y la Policía aérea. Después surgieron problemas porque se descubrió que funcionarios desleales vendieron información. Creo que esta mesa no existe hoy y es una pena porque son todos recursos del Estado que pueden ser optimizados”, afirmó la fuente.

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