Uno de los hitos que Martinis destaca como un “un importante logro interinstitucional” del Sistema Nacional de Educación Pública en este periodo es la elaboración de un plan conjunto entre la Udelar, ANEP y la UTEC. “Se trata de un plan de promoción de la democratización de la educación superior que no solamente contempla el acceso a la educación superior, sino también un elemento imprescindible para que eso ocurra, que es la finalización de la educación media”. El prorrector valoró esta iniciativa como “un elemento estratégico fundamental para favorecer la ampliación del egreso en la educación media y a su vez la democratización del desarrollo de las trayectorias educativas en la universidad”.
Martinis fue claro al expresar que una democratización real implica que cualquier estudiante cuente con las condiciones para formarse “más allá de los condicionantes sociales y económicos con los que cada estudiante comience su formación”. Para alcanzar este objetivo, señaló que la Udelar viene impulsando un abanico de herramientas que considera “fundamentales”, como las políticas de becas, el acompañamiento académico, pero también el apoyo personal y psicológico.
Además, se refirió a la importancia de las políticas de revisión de la oferta académica, destacando el trabajo que se hace sobre las 140 carreras de la institución para asegurar que los planes de estudio evolucionen, que sean “accesibles desde el punto de vista curricular” y que propongan una “gradación en los niveles de exigencia de complejidad de los planes” que facilite el tránsito educativo. “Tenemos situaciones en las que hay componentes de la formación que ofician como una dificultad importante. Sobre eso también hay que trabajar y está dentro de lo previsto en el plan, el apoyo estudiantil, pero también revisar nuestras propuestas de enseñanza”. Al respecto, adelantó que, actualmente, el prorrectorado está acordando distintos proyectos con todos los actores universitarios para que “desde las facultades y los Cenures se pueda avanzar en esa dirección”.
El jerarca se mostró satisfecho con el rumbo tomado, afirmando que se ha logrado “traducir en la práctica” y llevar adelante las definiciones estratégicas que la Universidad se ha trazado como metas institucionales.
La brecha presupuestal
Al abordar la realidad financiera de la Universidad, Martinis fue contundente al señalar la insuficiencia de los recursos asignados en la actual Rendición de Cuentas. Si bien reconoció que en el ámbito educativo el presupuesto “nunca es suficiente”, advirtió que en la coyuntura actual existe una “distancia muy grande” entre las necesidades proyectadas y la propuesta del Poder Ejecutivo. Mientras la Udelar solicitó un incremento de 3.900 millones de pesos para este año, la asignación inicial presentada por el Ejecutivo fue de 100 millones, una diferencia tan evidente que, según el prorrector, “hace que cualquier comentario adicional parezca ocioso”.
Desde la perspectiva de Enseñanza, el entrevistado explicó que, si bien el incremento en el rubro de becas es “muy importante” para la democratización, “no son atendidos” otros elementos que también son necesarios para cumplir con la propuesta de democratización de la enseñanza. “Echamos de menos la posibilidad de que esta Rendición de Cuentas pudiera permitir, por un lado, mejores condiciones salariales para nuestros docentes, que es un elemento imprescindible para una buena calidad de la labor, pero a su vez también echamos de menos el incremento en la cantidad de horas docentes y de cargos docentes para atender la masividad estudiantil que crece año tras año”, expresó el prorrector. Y añadió: “Hay que tener en cuenta que los servicios universitarios, los docentes y las docentes realizan un esfuerzo encomiable para cada año, con menos recursos en comparación con la cantidad de estudiantes, poder mantener la calidad de la enseñanza. Pero eso se convierte realmente en un peso muy grande que recae sobre las mismas espaldas. Sería necesario mejorar esos rubros”.
La falta de inversión no solo golpea los salarios y la posibilidad de incrementar los cargos, sino también la infraestructura básica de los servicios. Para Martinis, es imprescindible reforzar los rubros destinados a edificios y equipamiento para asegurar que el desarrollo de las clases se realice “en buenas condiciones", elementos que, según lamentó, “no están presentes en el presupuesto actual”.
Asimismo, el propio plan de democratización que la Udelar elaboró junto a la ANEP y la UTEC, y que el prorrector calificó como “fundamental”, tampoco obtuvo recursos específicos para su abordaje. “Sí hay una pequeña dotación en el presupuesto de ANEP, que son 25 millones de pesos, pero estrictamente en la Rendición de Cuentas de la Universidad no aparece ningún recurso para esto que entendemos como una línea estratégica del país”. “El país necesita ampliar el acceso de sus jóvenes a la educación superior. No es una reivindicación de la Universidad de la República, es una reivindicación del país que se basa en las proyecciones poblacionales”, señaló en referencia un informé reciente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) que incorpora datos del Instituto Nacional de Estadística que muestran un “escenario de decrecimiento muy importante” de la población infantil y juvenil en las próximas cinco décadas.
Ante este panorama, Martinis sostuvo que el país no se destacará por la cantidad de su población joven, sino que deberá destacarse por la calidad de su formación, lo que exige una “educación superior generalizada”, siguiendo el modelo de los países con mayor nivel de desarrollo. “Vamos a tener menos jóvenes y, como proyecto estratégico de país, necesitamos que esos jóvenes tengan un alto nivel de competencias, de conocimientos, de formación. La inserción de un país en el mundo tiene que ver con la calidad de formación de su población. Y esto en el mundo de hoy quiere decir educación superior generalizada. Ese es el modelo de los países que alcanzan niveles de desarrollo superiores a los nuestros. La universidad necesita mayores recursos para ponerlos al servicio del país”.
Por otro lado, el jerarca vinculó la inversión educativa con la salud de la “cultura democrática”. Describió un contexto global marcado por el avance de “perspectivas fundamentalistas que se alejan del debate, basadas en noticias falsas, y que construyen la diferencia con el que piensa distinto como un enemigo”. A su entender, “todo ese conjunto de elementos que ponen en riesgo la democracia necesita una población con importantes niveles de formación que pueda deconstruir estos mensajes, comprenderlos y analizarlos críticamente. Ese es un papel fundamental de la educación superior y evidentemente necesita recursos”.
“Buen trabajo, pero se requiere mayor esfuerzo”
Consultado sobre el contraste entre la postura del oficialismo, que sostiene que la inversión en educación es la más alta de la historia, y los cuestionamientos de diversos colectivos de la educación por la insuficiencia de recursos, algunos de los cuales han advertido sobre una crisis educativa, Martinis se enfocó en los avances registrados en el sistema educativo.
Destacó, por ejemplo, que Uruguay tiene universalizada la educación primaria hace más de un siglo, que más recientemente ha conseguido universalizar la participación y prácticamente el egreso del Ciclo Básico, que en los últimos 20 años el egreso de educación media pasó del 30 % al 50 % y que la Udelar registra hoy “los niveles de ingreso más altos de su historia”. “Si se observan estas tendencias históricamente, el desempeño del sistema educativo ha mejorado, aunque no en los niveles que uno quisiera en términos absolutos”. “No suscribo a la idea de crisis educativa”, afirmó, aunque reconoció la “necesidad de avanzar muchísimo para cumplir las metas que plantea la ley de la educación, que establece la obligatoriedad de toda la educación básica hasta el final de la educación media superior. Eso todavía no lo logramos”. Se refirió también a la necesidad de alcanzar la recomendación de la Unesco de destinar al menos un 6 % del PIB, meta de la que Uruguay “está lejos”. “Podemos tener un presupuesto que en términos históricos es significativo, pero aún es insuficiente. Como se suele decir, buen trabajo, pero se requiere un mayor esfuerzo”.
Para Martinis, uno de los desafíos actuales es pensar cómo perseverar en el financiamiento de la educación para poder proyectar un mejor futuro, ya que, a su entender, “allí se juega la inserción internacional y la cultura democrática al país”. “Hay que acercarse a la idea de la política educativa como una política de Estado, con grandes acuerdos nacionales”. Ante la consulta acerca de la viabilidad de explorar nuevos modelos de financiamiento para alcanzar las metas educativas, como por ejemplo la propuesta del Pit-Cnt de gravar con el 1 % al 1 % más rico de la población, el prorrector se mostró a favor de priorizar “impuestos directos” por sobre los indirectos, como el IVA, argumentando que en estos últimos quienes tienen menos recursos terminan pagando una proporción mayor de sus ingresos. Para el jerarca, una política de redistribución progresiva es una “propuesta interesante” que permitiría que “quien tiene más recursos pueda aportar proporcionalmente” al sostenimiento de lo público sin que esa carga recaiga sobre el consumo básico.
¿Qué universidad necesita el Uruguay actual?
Al pensar en qué tipo de institución requiere el país hoy, Martinis trazó un horizonte que combina calidad educativa con un profundo compromiso social. “Se necesita una universidad que siga siendo la principal productora de conocimiento del país”, tanto de conocimiento básico como “conocimiento aplicado, de punta, y fuertemente direccionado a aportar soluciones a los grandes problemas nacionales”.
También planteó la necesidad de una universidad que “traspase sus propios muros y se despliegue en el territorio”. “Uruguay necesita una universidad que esté llena de pueblo, con jóvenes de sectores populares que, por primera vez, puedan acceder a la educación superior. Una universidad que esté en los barrios, compartiendo las dificultades de las personas. Creo que es algo que estamos construyendo”. El prorrector aclaró que ese proceso de apertura no busca la exclusión de ningún sector, sino “asegurar que estén quienes nunca estuvieron”.
Además, se refirió al derecho a la universidad como un concepto que trasciende la posibilidad de estudiar o trabajar en la institución. “El derecho a la universidad no tiene que ver exclusivamente con venir a estudiar o trabajar en la universidad, sino también con el derecho de comunidades de diversos sectores sociales que históricamente no han tenido vínculo con la universidad, pero que tiene mucho que aportarles, y también de quienes tiene mucho que aprender”.
